Es porque Macri la prorrogó sólo hasta el 30 del corriente. Pese a los reclamos de funcionarios y legisladores locales, Prat Gay impulsa el ajuste fiscal. Luego de una década, las bodegas volverán a tributar unos 500 millones de pesos anuales.
La exención impositiva que benefició a los vinos espumantes desde 2005 tiene los días contados. El miércoles, la Cámara de Diputados ratificó el decreto del presidente Mauricio Macri que prorrogó dicho beneficio sólo hasta el 30 de este mes y las señales del Ejecutivo nacional indican que desde el 1 de mayo la industria “champañera” deberá empezar a tributar nuevamente impuestos internos. El monto anual estimado que deberán desembolsar los bodegueros que producen espumantes ronda los 500 millones de pesos.
El ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié, y los legisladores nacionales de todos los partidos vienen manteniendo conversaciones con el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay. Pero hasta ahora las respuestas que han recibido son negativas. Ayer, el senador Julio Cobos (Cambiemos) mantuvo una charla con el funcionario nacional, que se sumó al “lobby” de los bodegueros y de casi todo el arco político.
La industria vitivinícola está en alerta desde hace dos meses, cuando Macri firmó un decreto de legislación delegada para prorrogar la exención impositiva hasta fin de abril y no hasta fin de año, como hicieron sucesivamente Néstor y Cristina Kirchner durante sus presidencias. Fue una clara señal de que la Casa Rosada tenía en mente revisar todos los impuestos específicos y discontinuar beneficios.
Según explican en el Gobierno, Prat Gay tiene como principal objetivo poner fin a las exenciones que tiene desde hace décadas la industria tabacalera, concentrada en el norte argentino, con el argumento de que es menester bajar el voluminoso déficit fiscal que heredó del kirchnerismo.
Fuentes del oficialismo señalan que, para hacer equilibrio entre las diferentes regiones, Prat Gay entiende que está obligado a sacar la ayuda del Estado a otras economías regionales que producen bienes suntuosos como los vinos espumantes.
Los esfuerzos de los legisladores mendocinos, como Julio Cobos y el diputado Luis Borsani, pasan por estas horas por convencer a Prat Gay de que no meta en la misma bolsa al champán y al tabaco. “El vino es un alimento, es la bebida nacional”, le repitió ayer Cobos al ministro.
Vaquié ya envió al Gobierno nacional un informe técnico en el que defiende la posición de la Provincia en esta puja. La administración de Alfredo Cornejo sostiene que la industria “champañera” es la más dinámica dentro de la vitivinicultura y la que más creció en la última década, gracias a la exención dispuesta originalmente por Néstor Kirchner en 2005 a cambio de que los bodegueros invirtieran “el ahorro fiscal” en mejoras.
Los radicales recuerdan que fue por gestión del entonces gobernador Cobos y del sanjuanino José Luis Gioja que el kirchnerismo avanzó con el beneficio y destacan la gran reconversión que tuvo el sector.
El informe de Vaquié también contiene el “costo fiscal, económico y social” que podría generar la pérdida de la exención para Mendoza y las demás provincias productoras. El punto a tener en cuenta es que para los bodegueros sus costos subirán alrededor de un 12%, que es la tasa que fija la Ley de Impuestos Internos para los vinos espumantes.
Esta suba podría redundar en un aumento en el precio final y/o provocar una baja en lo que recibirán los productores vitivinícolas que venden uva a las champañeras. Como consecuencia más indeseada, podría incluso generarse pérdidas de empleo a mediano plazo.
Dos frentes
Dado que las negociaciones “vienen mal”, según todas las fuentes consultadas, la estrategia de la Provincia es coordinar con los legisladores de todos los bloques un frente parlamentario. La semana pasada, Vaquié se reunió con 5 legisladores por Mendoza. Asistieron a su despacho Borsani (quien es autor de un proyecto de ley junto a otro radical, Luis Petri), la demócrata Stella Huczak, el peronista Rubén Miranda, el kirchnerista Alejandro Abraham y la senadora K Anabel Fernández Sagasti.
“Tenemos que estar preparados para los dos escenarios”, explicó Vaquié. Se refirió a uno poco probable, que Macri extienda la prórroga hasta diciembre con otro decreto, y a la casi segura caída del beneficio desde mayo, que obligará a las fuerzas políticas a emprender una cruzada para aprobar una ley que dé estabilidad permanente y no transitoria a la exención.
Desde 2014, tiene media sanción un proyecto en las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados del ex senador Adolfo Bermejo que elimina de la ley de Impuestos Internos a los espumantes.
Pero los tiempos legislativos son cansinos y no hay chances de que el Congreso le dé sanción definitiva a esta iniciativa antes del 30 del corriente, por lo que se descuenta que por algunos meses -al menos- las bodegas que producen espumantes deban tributar, luego de una década, el mencionado gravamen.
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