El juez Casanello, a cargo de la causa; ayer ordenó una serie de medidas contra el empresario santacruceño. Foto: Archivo 

El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer allanamientos en todas las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz en busca del dinero, los bienes de lujo y los valores que pudiera haber allí.

Por exhorto, le encomendó la tarea al juez subrogante de Río Gallegos, Federico Calvete -que es juez titular en Ushuaia-, y confió la dirección de los operativos al fiscal del caso, Guillermo Marijuan, que anoche se preparaba para viajar al Sur.

Casanello pidió que los allanamientos se hagan con habilitación de días y horas inhábiles; es decir, de corrido, sin límites horarios. El objetivo de los operativos es tasar las propiedades, hacer un inventario y secuestrar el dinero en efectivo que se encuentre, como también todos los bienes registrables, suntuosos o de lujo y los demás valores que pudiera haber en los inmuebles. Por eso, serán operativos enormes. La idea es «recuperar los activos» que, según la sospecha de la Justicia, son el resultado delpresunto lavado de dinero que se investiga en el expediente.

Lázaro Báez está procesado por lavado de dinero en esta causa y lleva 20 días preso en la cárcel de Ezeiza junto con su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco, que fue detenido después de haber estado prófugo y haber huido a Paraguay.

En el fallo que dispuso los procesamientos por lavado, Casanello había ordenado tasar las propiedades de Báez. Los allanamientos de ayer buscan instrumentar esa orden. Pero responden además al contenido de un escrito que hizo llegar al juzgado de Casanello Leonardo Fariña, supuesto valijero de Báez, el miércoles de la semana pasada.

Nuevos datos

El 8 de abril, Fariña hizo una larga exposición ante el juez en la que se acogió a la figura del arrepentido; acusó a su ex jefe de haber lavado dinero y lo señaló como parte de una maniobra montada por Néstor Kirchner para quedarse con millones de pesos del Estado, en teoría destinados a la obra pública. El miércoles pasado, Fariña, ya en libertad, agregó a su indagatoria un manuscrito con nuevos datos. Esos papeles, que presentó su abogada defensora, incluían información sobre dónde escondería Báez su fortuna. Detalles de estancias con supuestas cocheras que funcionaban como bóvedas y de quinchos mucho más custodiados que las casas principales, rodeados, según Fariña, de hombres fuertemente armados.

De acuerdo con las constancias de la causa, Casanello recibió el manuscrito y lo mandó a la fiscalía de Marijuan en un sobre cerrado con el objetivo de evitar filtraciones. La idea era que la fiscalía chequeara su contenido y corroborara la información brindada por Fariña, dispusiera medidas y le pidiera al juzgado aquellas que requirieran orden judicial (por ejemplo, los allanamientos). Ayer al mediodía, antes de esperar la respuesta de Marijuan, Casanello ordenó esta larga lista de operativos. El motivo fue que la información brindada por Fariña se había filtrado y había sido publicada ya por algunos medios, informaron fuentes del caso. Por la tarde, el fiscal pidió nuevas medidas, que se agregaron a las que ya se habían ordenado.

Ayer, en forma paralela la resolución que ordena los allanamientos, Casanello se quejó de la filtración, que los funcionarios que trabajan en la causa adjudican a «terceros». En una breve nota exhortó a las partes a cumplir con las «buenas prácticas de la profesión» y a manejarse con reserva y discreción para -en términos del juez- no comprometer el avance de la causa.

En cuanto a los allanamientos dispuestos, Casanello pidió ayer la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF, el organismo antilavado) y de la AFIP para que auxiliaran al fiscal en la tarea de recuperar los activos. El juez solicitó que la AFIP, que es querellante en esta causa, aportara por ejemplo los expertos que deberán viajar a las propiedades de Santa Cruz para realizar las tasaciones.

Para llevar adelante los operativos, el juez Casanello convocó a la Policía Federal Argentina, tanto a la División Investigaciones Patrimoniales como a la delegación de Santa Cruz.

Exigen que el municipio le cobre a Báez

RÍO GALLEGOS (De nuestra corresponsal).- El Concejo Deliberante de esta ciudad exige que el municipio le cobre al empresario Lázaro Báez, hoy detenido, las abultadas deudas que mantiene con la comuna en concepto de patentes automotor y otros servicios. Por unanimidad, los concejales radicales y del Frente para la Victoria quieren que el municipio apure acciones jurídicas contra el empresario hoy encarcelado para garantizar el pago de más de cuatro millones de pesos.

Los concejales aprobaron una resolución de autoría del presidente del cuerpo, Daniel Roquel (UCR), para solicitar al actual intendente, Roberto Giubetich (UCR), «que lleve adelante las acciones jurídicas para el cobro de las deudas que mantiene con el municipio la empresa Austral Construcciones SA, así como también todas aquellas empresas de las que el Sr. Lázaro Báez sea propietario o tenga participación accionaria», detalla la iniciativa. La deuda a cobrar, según la resolución, es de más de cuatro millones de pesos, en concepto de impuestos inmobiliarios, impuesto a la patente automotor y tasas. Y también remarca que a Austral SA le dictaron embargos judiciales por deudas con la aseguradora Provincia ART.