Muy pocos ignoraban en la Argentina que luego de 12 años de una fuerte y distorsionada política de subsidios y precios artificialmente bajos, habría un ajuste de la economía. Lo que no se podía prever es que sería de tamaño semejante, todo a la misma vez; lesionando con mucha dureza el poder adquisitivo de gran parte de la población a través de los aumentos de precios, las nuevas tarifas, y por supuesto, la devaluación que unificó el tipo de cambio. Ya se habla de un “abril negro” por las subas, a las que se agregan la del transporte en el área metropolitana –Capital Federal y parte del Conurbano bonaerense- la región más subsidiada del país.  

Una de las primeras medidas del gobierno fue la salida del cepo, el año pasado. El dólar se ubicó, con mayor o menor intervención del BCRA, alrededor de los 15 pesos en pocas semanas. En el gobierno supusieron que ello no implicaría una mayor suba de precios, porque la economía ya estaba acomodada al valor real del dólar.

Fue Alfonso Prat Gay, ministro de Economía, el vocero de aquelgrosero error inicial. La realidad es que los precios no pararon de subir, al punto que el propio gobierno extendió el plan “Ahora 12” hasta setiembre, prorrogó el programa de Precios Cuidados, aunque a menos productos que antes, y puso en marcha una aplicación para controlar los precios, como si ello en sí mismo fuese una política anti inflacionaria en serio. Los precios subieron por la devaluación y la especulación de un modo brutal sin que el gobierno atinase a hacer algo. Casi todos los productos de la canasta alimentaria de muchos hogares subieron en un porcentaje de dos dígitos, por lo menos, desde diciembre. También la indumentaria y los medicamentos.

Prat Gay suele decir que se ha tratado de demorar y evitar el “ajuste”, y es sabido que dentro del gobierno hay un ala dura que pregona hacerlo aún más fuerte sobre todo en el nivel del gasto público. Pero el ajuste por inflación perjudicó a todos. Sobre todo, a los asalariados.

A la suba de precios de productos de todo tipo se agregaron los aumentos de tarifas de luz, agua y gas, más transporte, entre los servicios esenciales. Hay argentinos que afrontan en este trimestre aumentos del 300 % en las tarifas de servicios públicos y de hasta 500 % en transporte, aunque hay que decir que en el interior el impacto es menor, porque estaba menos subsidiado. Y también es cierto que pagar de dos a cuatro pesos el transporte es poco –respecto del interior o de otros países-, aunque con una suba de hasta 7,5 por pasaje y por día, en las economías familiares se va a sentir. El gobierno planea tarifas sociales. Pero éstas jamás serán suficientes como para atenuar el impacto.

Entre los servicios menos esenciales pero importantes hubo subas de medicina prepaga, taxis, cuotas de colegios privados, impuestos provinciales y municipales, servicios de telefonía celular, Internet, TV por Cable; entre muchos otros. Las cuentas que paga la gente se han multiplicado, con aumentos salariales sensiblemente menores a la inflación y en cuotas. Los alquileres se celebran con contratos superiores en un 35 % o más que antes de la devaluación. Los combustibles ya subieron 18 % desde diciembre pasado, y ya sabemos el efecto multiplicador que este insumo tiene en la economía.El último incremento empezó a regir anoche, del seis por ciento.

El ajuste se extendió. Las encuestas empiezan a revelar el temor de la gente a perder el empleo y muchos argentinos retrajeron sus gastos. El gobernador Alfredo Cornejo y su ministro de Hacienda Martín Kerchner, informaron a los intendentes de Mendoza que sólo en Ingresos Brutos –el impuesto que registra el nivel de actividad comercial, industrial, productiva en todo tipo de venta de bienes y servicios- se dejarán de recaudar este año unos 600 millones de pesos, debido a la menor actividad.

Los despidos son una realidad. El sector petrolero ya está expulsando a cientos de trabajadores en las provincias de la Patagonia y en el Comahue, por la crisis feroz del precio del crudo. El Estado nacional ya despidió a por lo menos 8.000 empleados. La sangría es continua en todos los organismos del Estado. Muy probablemente habría allí “ñoquis” de la gestión anterior. Pero todos los días se conocen casos de despedidos que efectivamente trabajaban, tal como ocurre en las gestiones provinciales. También en Mendoza. La cirugía mayor se hace sin anestesia y con serruchos en lugar de bisturíes. Otro caso preocupante es la construcción donde el “parate” de muchas obras ha generado una clara caída de los niveles de empleo. La gigante FIAT anunció ayer suspensiones rotativas de personal, algo que no ocurría desde los momentos de peor cerrazón del kirchnerismo.

La retracción fuerte del consumo en todo el país también está generando despidos en muchos sectores de servicios e industriales.

Es obvio que hubo un acuerdo político entre el oficialismo y la ahora oposición peronista respecto de la necesidad de aprobar el acuerdo de pago con los holdouts y la salida del default, si es que tal cosa finalmente se confirma con todos los bonistas. Muchos de los senadores peronistas que levantaron la mano por el proyecto de Macri el miércoles por la noche, hicieron mención a la necesidad de sus provincias a tomar endeudamiento a tasas razonables, porque de otro modo no serían viables.

Se supone que la normalización de las relaciones con el exterior y la consiguiente emisión de nueva deuda, alentará luego un período de mayor nivel de actividad e inversiones en la Argentina. Pero esos ciclos son siempre mucho más largos. Los ajustes se hicieron en semanas, pero las inversiones tardarán en llegar y tampoco garantizan prosperidad para todos. Es muy posible que en estos meses se estén sentando las bases de un crecimiento interesante para la Argentina a partir del año que viene. Pero si la sensibilidad social del gobierno es la que mostró hasta ahora, es posible que aun un crecimiento económico fuerte no llegue a los más necesitados y a la clase media, que mientras tanto son los que están “poniendo el pecho” –y su propio nivel de vida- a este ajuste.

A la gente ya le preocupa el dinero para llegar a fin de mes, y eso sucedió en pocos meses, producto de la aplicación de un ajuste de alto impacto, brutal –otra vez- sobre los bolsillos de la mayoría. Y ello acarrea el dato de la conflictividad social. Los gremios “grandes” de las actividades privadas más fuertes –industrias en general, camioneros, petróleo, comercio- ya demostraron que están dispuestos a tener paciencia, a cambio (nunca se dice, pero está bien claro) de fondos para seguir gastando –y malgastando- en las vapuleadas obras sociales. Ayer mismo el representante del gremio del Transporte Público, Roberto Fernández, dijo “No voy a ser hipócrita, hay que pagar para funcionar”. Estaba sentado a la mesa del ministro Guillermo Dietrich a la hora de anunciar el incremento de pasajes de colectivos y trenes del área más poblada del país. Ojalá el mismo criterio de sinceridad fuera aplicado por los dirigentes sindicales para explicar cómo hacen para vivir cual millonarios acomodados desde hace muchos años.

Habría que sufrir de ceguera política para ignorar por completo que la necesidad del ajuste proviene de años de despilfarro, y de errores gruesos en el manejo de la macroeconomía tal como la destrucción de las estadísticas, el “ninguneo” de la inflación, el cepo, las trabas a las importaciones, la economía cerrada, y el tipo de cambio atrasado que destruyó la competitividad de las economías regionales junto a la inflación. Esa es la herencia recibida del kirchnerismo. Y sólo los muy aventurados podrían exigirle a Mauricio Macri y su equipo que resuelvan los problemas del país en apenas tres meses.

Pero es obvio que nadie advirtió que un ajuste de las dimensiones del aplicado, llevaría más temprano que tarde a una recesión con inflación de la que ya hay muestras, con la caída palpable -se nota en la calle- de los niveles de actividad. No había razones de peso para emprender un ajuste completo en menos de seis meses, porque ello ha afectado muy fuerte a personas, negocios, empresas. Están pagando quienes trabajan para subsistir, en realidad.

En tanto, y no es sólo un dato de color, el ministro encargado de cuidar los precios viaja en aviones privados a pasar un fin de semana con personajes de la farándula. Es su vida privada, y con su dinero cada ministro puede hacer lo que quiera. Pero laejemplaridad es un valor que debería ser más respetado en el medio de un ajuste.

Lo hecho ya casi no admite marcha atrás. Si Macri retrocediera con los aumentos de tarifas, habría que pedirle además que bajase las que pagamos en el interior. Tampoco los despidos tienen solución, ni la gente saldrá a comprar todo lo que no pudo adquirir en el primer trimestre del año. Tendremos un 2016 muy malo con caída del consumo, de la producción y aumento del desempleo y la pobreza. Lejos estamos de aquellas frases de campaña donde Macri y Michetti nos decían que no tuviéramos miedo, que ellos nos iban a cuidar.

Una de las principales herramientas contra la inflación es política: Un acuerdo social de precios y salarios en el que ingresen los gremios, las empresas y el Estado. Lo prometieron para Enero, pero nadie ha llamado aún a ese diálogo, mientras el ajuste se sigue aplicando con rigor.

Podría recrearse aquella frase famosa y un poco desfachatada que un ex presidente solía decir en los noventa. “Estamos mal, pero vamos bien…”

Fuente: http://www.mendozapost.com/nota/32043-el-brutal-ajuste-sobre-la-poblacion/