Como una suerte de despedida final de Estados Unidos a la ex presidenta Cristina Kirchner, el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado que se dio a conocer hoy denunció que el gobierno anterior buscó «influir de manera sistemática en la Justicia» y alertó sobre la corrupción oficial, la tortura por parte de la Policía federal y provincial y la violencia de género como los principales problemas de derechos humanos que sufrió la Argentina en 2015.

El informe anual del Departamento de Estado que se emite para todo el mundo y que sirve como referencia al Congreso norteamericano a la hora de conceder o no ayuda a los países, hizo una dura radiografía de la situación de la Argentina durante el kirchnerismo.

De esta manera, en el capítulo dedicado a la Argentina el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la «influencia» que buscó ejercer el gobierno de Cristina Kirchner en la Justicia se dio por medio la maniobra del Consejo de la Magistratura de quitarle el puesto de juez sustituto a Luis María Cabral antes de que fuera a votar por la constitucionalidad del memorándum de entendimiento que la Argentina selló con Irán por la causa del atentado a la AMIA. A la vez, el informe detalló que la justicia federal de apelaciones descalificó al juez Claudio Bonadio para continuar su investigación sobre el presunto lavado de dinero y malversación de fondos públicos que afectan a las empresas de Lázaro Báez en conexión con la ex presidenta Cristina Kirchner.

En este sentido, el documento del Departamento de Estado alertó que la diputada Margarita Stolbizer había alertado que el juez designado para suceder a Bonadio «carecía de suficiente imparcialidad para decidir el caso». También el informe destaca que la reforma que hizo el kirchnerismo al Consejo de la Magistratura permitió designar jueces sustitutos de las listas aprobadas por el Congreso de los jueces, abogados y secretarios judiciales, «eludiendo la fase de clasificación normal y orden de criterios de mérito reservados para las citas permanentes».

Para sustentar estas acusaciones el informe del Departamento de Estado se basó también en reportes de prensa que alertaron que el gobierno de Cristina Kirchner seleccionó jueces sustitutos «afines a sus intereses».

En cuanto a la «corrupción oficial» el Departamento de Estado destacó los casos judiciales que tuvieron a Ricardo Jaime y al ex vicepresidente Amado Boudou como protagonistas. En el caso del ex secretario de Transporte, el informe destacó la causa de presuntos sobornos que recibió Jaime de empresas de transporte que debía regular y las responsabilidades del ex funcionario en la tragedia de trenes de Once. En tanto, señaló a Boudou por los casos de presunto enriquecimiento ilícito.

La relación del gobierno de Barack Obama con Cristina Kirchner no fue buena desde el comienzo. Hubo duros enfrentamientos como el que culminó en 2011 cuando el entonces canciller Héctor Timerman impidió el ingreso de un avión militar que venía a la Argentina para capacitar fuerzas de seguridad.

En el informe del Departamento de estado que ayer se dio a conocer también se alertó que en 2015 hubo un «uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, duras condiciones en las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, ineficacia judicial, acciones que amenazaron la libertad de la prensa, abuso infantil y antisemitismo».

Los abusos más frecuentes que menciona el documento respecto al capítulo argentino fueron «la extorsión, y la protección de implicados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero, y la promoción de la prostitución».

Por otra parte, el Departamento de Estado remarcó que la muerte del fiscal de la unidad AMIA, Alberto Nisman sigue sin resolverse.

Michael Kozak, el vice secretario adjunto de Estado en funciones en la Oficina de Democracia y Derechos Humanos, que fue uno de los que estuvo a cargo del informe reveló que «el informe permite a informarnos a nosotros (por Estados Unidos) de manera que cuando vayamos a tomar decisiones lo hagamos con los ojos abiertos para saber con quién estamos haciendo tratos».

El documento también hizo una fuerte crítica a la violación a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela , entre otros países de la región.