El artífice del entendimiento fue Armando Cavalieri, líder del gremio mercantil, quien lo negoció mano a mano con Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y con Osvaldo Cornide, de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). El Gobierno, que monitoreó con guiños favorables todo el proceso de debate, intentará mostrar el arreglo como el modelo a seguir en las paritarias 2016, al menos las que arrancan entre este mes y abril.
Como informó este diario, arrancaron en la misma línea sus primeros contactos con el sector privado la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), con planteos de acuerdos semestrales, y el gremio de encargados de edificios (SUTHER), con una posible suba del 24,5% por ocho meses.
En el caso de Comercio, la suba regirá entre abril y septiembre, aunque en marzo habrá un primer adelanto en suma fija no remunerativa por 1.000 pesos, y otro pago igual en mayo, como refuerzo. El año pasado el gremio había pactado dos montos iguales de 1.524 pesos que operaban como adicional por los doce meses de vigencia de la paritaria.
Sin embargo, para el sindicato hubo un punto central relacionado con sus finanzas: Cavalieri logró elevar más del 40% el monto que ya había impuesto el año pasado como aporte obligatorio a los trabajadores mercantiles con destino a OSECAC. En 2015 ese aporte -en teoría extraordinario- había sido fijado en $ 70 mensuales, en tanto que este año subirá a 100 pesos por mes.
«Tuvimos que apelar otra vez a una suma fija porque el Estado le debe 2.400 millones de pesos a nuestra obra social, cuando nosotros destinamos fortunas de plata a coberturas médicas y a la atención de discapacitados», le dijo el gremialista a este diario. OSECAC es la mayor obra social sindical de la Argentina con cerca de 2 millones de beneficiarios.
Cavalieri argumentó que el acuerdo salarial «es una forma de darle una mano al Gobierno, que promete bajar la inflación para el segundo semestre del año». «Si lo logra, en septiembre volveremos todos más tranquilos a negociar la segunda mitad de la paritaria», añadió. De paso, afirmó que el entendimiento (que tendrá una firma formal en los próximos días) incorporó «una cláusula gatillo para reabrir la negociación si hay una disparada de los precios» antes de septiembre.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en línea con el Gabinete económico, les había pedido a los sindicalistas negociar aumentos de sueldo por debajo del 30%, con una referencia promedio del 25 por ciento, y para facilitar los acuerdos dejó abierta la posibilidad de pactar por semestre, como en el caso mercantil. De fondo, a cambio de acuerdos mesurados el sindicalismo peronista espera del Gobierno el cumplimiento de una serie de promesas (algunas ya en duda) que les hizo el propio Macri, como la reforma integral de Ganancias desde este año, la suba y universalización de las asignaciones familiares y la distribución de una deuda global de 24 mil millones de pesos con destino a las obras sociales.
Respecto del impuesto, el Ejecutivo dio señales contradictorias respecto de su voluntad de resolver este año el cambio de las escalas y deducciones a través de un proyecto de ley. Macri dijo en su discurso ante la Asamblea Legislativa que procuraría solucionar «lo antes posible» el impacto en Ganancias, aunque luego se aclaró que pasaría para 2017. Y sobre el salario familiar, el Gobierno aplicó una suba en los montos y un cambio en las escalas pero mantuvo topes de ingresos a partir de los cuales las familias dejan de percibir el beneficio.
El otro ítem, de los fondos para las obras sociales, parece depender de un acuerdo definitivo entre el Gobierno y los fondos buitre. La dirigencia sindical que se entrevistó con Macri sabe que existe un compromiso asumido de saldar los 24 mil millones de pesos acumulados en un fondo depositado en el Banco Nación, aunque admite que la distribución llegará junto con la posible reapertura del crédito externo. Sólo en ese caso el mandatario prometió que una parte de ese fondo se liquidará a través de pagos mensuales (adicionales a los que ya ejecuta la Superintendencia de Salud), otra a cambio de obras de infraestructura (sanatorios, centros de salud) y el resto, mediante un bono para la cancelación de deudas con los proveedores de las obras sociales.
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