La ONU dice que el Reino Unido va contra el derecho a la privacidadLa batalla legal de Apple contra el gobierno de Estados Unidos: ¿Proteger la seguridad o los derechos humanos?
¿Quién y para qué deben tener acceso a intervenir teléfonos y ordenadores de ciudadanos? Estos dos interrogantes parecen ser los que más tardan en cerrarse en la nueva ley de Poderes de Investigación que se debate en Reino Unido (Investigatory Powers Bill o IP Bill).

La ministra de Interior, Theresa May, ha defendido el texto en la Cámara de los Comunes, a pesar de las críticas de la ONU, diciendo que «es necesario para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la pedofilia online».  La ministra de Interior, Theresa May. POLICY EXCHANGELa segunda lectura de la ley, con las últimas enmiendas incluidas, ha sido votada por 281 votos a favor y 15 en contra, pero este resultado no garantiza nada porque la mayoría de la oposición (Laborista y Partido Nacional Escocés) se ha abstenido en esta fase. Tanto en las filas del gobierno como en las laboristas hay voces disidentes de la línea oficial, por lo cual la aritmética parlamentaria final está en el aire. Los críticos de la IP Bill la llaman Snoopers’ Charter (Carta de los Fisgones).La ley obligará a las empresas a almacenar los datos (incluidos los clicks a todo tipo de dominios) de sus usuarios durante 12 meses.

El gobierno otorgará poderes a la policía y a las agencias oficiales para que consigan órdenes judiciales que permitan acceder al historial comunicativo de los ciudadanos. La oposición quiere limitar estas competencias a la policía y las agencias de inteligencia o seguridad y excluir a otras como la Gambling Commission (Comisión del Juego) o Food Standards Agency (Agencia de Control Alimentario) que se incluyen ahora en la ley.Uno de los puntos polémicos del texto prevé que las órdenes judiciales para acceder a teléfonos u ordenadores deberán ser emitidas «en el interés del bienestar económico de Reino Unido en cuanto es relevante a la seguridad nacional». Esta frase, y concretamente, «el bienestar económico relevante a la seguridad nacional» debe esclarecerse, según pide el laborista Andy Burnham. Otro de los puntos poco claros contempla la intervención de teléfonos y ordenadores si hay «inminente amenaza o daño serio a la vida, por ejemplo, que un individuo haya sido secuestrado o la policía busque a un menor o a una persona vulnerable».

La frase genérica (inminente amenaza o daño serio a la vida) deberá modificarse.Las conversaciones entre individuos y sus abogados, que hasta ahora son confidenciales por privilegio legal, están también en el punto de mira de la nueva ley de Poderes de Investigación (o de intervención) y podrían ser interceptadas si se fijan, o se modifican, las condiciones para ello. El periodo de validez de las órdenes judiciales para acceder a los datos de un teléfono u ordenador será de tres meses para los casos dentro de Reino Unido y de seis meses para los que se originan en el extranjero.

La ministra de Interior, Theresa May, ha defendido la ley diciendo que «las medidas son necesarias para mantener la seguridad pública y la privacidad individual». A modo de ejemplo, May ha dicho que si la policía o las agencias de seguridad investigan una banda de traficantes han de poder saber si han comprado billetes de avión, si han hecho transferencias de dinero o si han visitados mapas de lugares.El grueso de la información a la que podrán acceder los servicios de seguridad consiste en los datos personales, las páginas web visitadas, los medios y redes sociales, las aplicaciones, etc. Otros de los puntos polémicos entre el gobierno y la oposición laborista que ha presentado nuevas enmiendas a la ley es la de limitar los nuevos poderes o competencias a «investigaciones serias». Catalogar la seriedad de una investigación es otro de los retos que está en el aire.

La ministra ha puesto énfasis en que los cuerpos de seguridad necesitan nuevos poderes para luchar contra el terrorismo y ha afirmado que se han abortado siete atentados terroristas en los últimos 18 meses en Reino Unido por el espionaje de los cuerpos de seguridad y la labor de la policía. El laborista Andy Burnham aduce que la ley debe balancear «la seguridad colectiva y la privacidad individual en la era digital».La polémica por la nueva ley coincide en el tiempo por el debate sobre la privacidad que está teniendo lugar en Estados Unidos a raíz de la negativa de Apple a crear una «puerta trasera» para poder descifrar el iPhone de uno de los autores del atentado de San Bernardino. En este enfrentamiento entre el gobierno y las compañías tecnológicas, la ONU también pretende velar por la privacidad, dando la razón así a Apple.

Fuente: http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/03/16/56e992bc268e3ea6638b4641.html