Una multitud vestida de verde y amarillo ha salido a las calles de Brasil este domingo contra la corrupción, por la salida del poder de la presidenta Dilma Rousseff y la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las marchas, celebradas en más de ciudades, son las protestas políticas más multitudinarias de la democracia de este país, y este éxito aplastante pone mucha presión sobre el Gobierno, sumido en una larga crisis política.

En São Paulo, la ciudad que suele funcionar como termómetro de este tipo de movilizaciones, unas 500.000 personas participaron vestidas de verde y amarillo en la protesta del domingo, según datos del Instituto Datafolha, el sistema de medición del diario Folha de S. Paulo. La Policía Militar calcula, en cambio, 1,4 millones de manifestantes. La única manifestación comparable, en marzo del año pasado, reunió a menos de la mitad (210.000 personas), de acuerdo con el mismo periódico. En aquel momento, la policía habló de un millón de participantes. En Río de Janeiro, los organizadores celebraron la llegada de un millón y medio de personas y afirmaban haber batido su propio récord. La Policía no ofreció datos de participación. En Brasilia, la Policía Militar calculó 100.000 asistentes (el doble según los organizadores). Decenas de miles también salieron a la calle en otros puntos del país.

“Hemos llegado al límite. Es la primera vez que vengo a una manifestación, he dejado a todos mis nietos en casa, pero quería demostrar mi apoyo a la Fiscalía para que continúe haciendo su trabajo”, explicaba en Río de Janeiro el empresario jubilado Ricardo Castro, de 71 años. Los manifestantes, que empezaron rezando un Padre Nuestro, entonaron cantos a favor de la Policía Federal y el juez Sérgio Moro. El magistrado, convertido en un héroe de las protestas, comanda la Operación Lava Jato, una investigación que investiga la corrupción en Petrobras y que salpica a empresarios y políticos de todos los colores. “Yo no quiero vivir en otro país, quiero vivir en otro Brasil”, cantaba la multitud reunida en Copacabana.

En São Paulo, el centro neurálgico de los negocios de la ciudad se colapsó la tarde del domingo. Los manifestantes de la Avenida Paulista sostuvieron sobre sus cabezas una gigantesca pancarta con las palabras “Impeachment ya” y pasearon muñecos inflables de Lula y Rousseff. En el barrio acomodado de Pinheiros, centenares de personas con camisetas y banderas de Brasil se dirigían a la manifestación cantando “Nossa bandeira jamais será vermelha” (“Nuestra bandera jamás será roja”), en alusión a la enseña del Partido de los Trabajadores (PT).

Mientras una marea verde y amarilla tomaba las calles, las muestras de apoyo al PT de Lula y Rousseff fueron discretas y puntuales en algunas ciudades, con carteles, pintadas y pequeñas reuniones. El temor de las autoridades era que el clima de polarización que domina el debate político en Brasil provocase enfrentamientos violentos. Entre la multitud enfervorecida, una chispa puede causar un incendio. En Río de Janeiro, por ejemplo, tres jóvenes con camisetas rojas (el color del PT) fueron escoltados en un coche de la policía para evitar un linchamiento.

Tono contra el PT

En 2013, Brasil también vivió multitudinarias protestas, aunque en aquel momento empezaron por la subida en la tarifa del transporte, y pronto abarcaron otras causas, como la calidad del sistema público de salud y la educación. Si bien aquellas movilizaciones mezclaron a brasileños de distintas orientaciones políticas y clases sociales, las marchas de 2015 y 2016 tienen un marcado tono anti PT.

La convocatoria de manifestaciones de este domingo eran una prueba de fuego para las organizaciones que, desde finales de 2014, iniciaron un movimiento contra la corrupción y contra la permanencia de Rousseff en el poder. Y la protesta es un ejemplo más de la crisis política que lleva meses agitando Brasil. La presidenta enfrenta serias dificultades para gobernar, sus índices de popularidad rondan el 11%, y la economía no levanta cabeza. En la Cámara de Diputados, donde cada vez cuenta con menos apoyos, la presidenta enfrenta un pedido de destitución por supuestas maniobras fiscales. Paralelamente, el Tribunal Superior Electoral estudia la posibilidad de impugnar el mandato de Rousseff y de su vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) por supuestas irregularidades y abuso de poder durante la campaña electoral de 2014. Si la decisión juzgase que Rousseff llegó al poder por medios ilegítimos, supondría la convocatoria de nuevas elecciones.

El aislamiento de Rousseff puede empeorar. El PMDB, al que pertenecen seis de los 31 ministros y 67 de los 513 diputados de la Cámara legislativa, amenaza con romper definitivamente con ella. En su convención nacional este sábado, la formación prohibió a sus políticos aceptar nuevos cargos en el Ejecutivo y se dio 30 días para decidir acerca de la separación.

A estas dificultades se suman los escándalos de corrupción que salpican a empresarios y políticos de todos los colores. Hasta Lula, mentor político de Rousseff, ha sido acusado de beneficiarse de la corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Y, en un gesto inédito, la Fiscalía de São Paulo lo ha denunciado por lavado de dinero, en un caso judicial paralelo, y ha pedido su prisión preventiva. Si el caldo de cultivo para manifestaciones multitudinarias llevaba cocinándose hace meses, la imagen de Lula conducido por la Policía Federal para declarar sobre supuestas regalías recibidas de empresas corruptas, hizo el resto.