La jueza Carrión de Lorenzo aceptó los argumentos de apelación de YPF para mantener la confidencialidad del acuerdo. 

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Cristina Carrión de Lorenzo aceptó los argumentos de apelación de la petrolera YPF para mantener la confidencialidad del acuerdo de inversión con la empresa estadounidense Chevrón, de cara a la exploración y explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.

Así lo confirmaron a Télam fuentes vinculadas a la causa que refirieron que en la apelación presentada por YPF la semana pasada se mantenían los mismos argumentos que viene defendiendo la compañía de mayoría estatal para solicitar la confidencialidad de las cláusulas del acuerdo vinculadas a información de «relevancia comercial para la petrolera pero no de interés público» respecto a detalles de valor geológico, económico e industrial.

Tal como informó LA NACION, la semana pasada, por orden de los representantes del Estado en la empresa, YPF apeló la decisión judicial que ordenaba ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a revelar la totalidad del convenio.

YPF argumentó en su apelación ante la jueza que, de darse a conocer públicamente la totalidad de las cláusulas, estaría en desventaja respecto a otras empresas y a la hora de firmar nuevos contratos para exploración y explotación, en el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta u otros similares que pueda encarar la compañía en el futuro.

La Corte Suprema había ordenado en diciembre que se difundiera el contrato entre las petroleras a instancias de una causa iniciada por el ex senador nacional Rubén Giustiniani (Socialista) actualmente diputado provincial por Santa Fe, y a instancias de la resolución del máximo tribunal la jueza reclamó a YPF la entrega del documento.

El caso llegó a la corte luego de dos fallos a favor de YPF en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones, la misma que ahora deberá a volver a manifestarse en el expediente.

En uno de los párrafos del pronunciamiento, la Corte entendió que el derecho de difusión del acuerdo «corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y -considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina».

Con información de la agencia Télam