La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia y especialista en Derecho de Familia, Aída Kemelmajer de Carlucci, aseguró que el sistema que puso en marcha el Ejecutivo para proteger a la infancia no funciona, lo que pone en riesgo la vida de los pequeños. Señaló “una grave falta de coordinación” entre los actores que deben dar respuestas rápidas frente a la vulneración de un derecho, y que en algunas ocasiones se malgastan los escasos recursos existentes.
La profesora de la Facultad de Derecho de la UNCuyo recalcó que las pruebas del funcionamiento deficiente del sistema están a la vista, cuando se conocen casos en los que hubo intervenciones que no protegieron a los pequeños. Y la peor muestra de esa ineficiencia es la muerte evitable de pequeños, pese a que se activaron las alarmas y hubo intervenciones como sucedió con Valeria Henríquez, Micaela Reina, Andrea Ábalos, Belén Amitrano, Georgi Godoy y Luciana Rodríguez.
Kemelmajer dejó en claro que él funcionamiento del sistema de protección de la infancia es responsabilidad del Poder Ejecutivo, ya que el Judicial sólo controla las llamadas medidas excepcionales, es decir cuando un chico es separado de su hogar para protegerlo.
Esto es así, desde la aprobación -en 2005- de la Ley 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo objetivo fue “desjudicializar” a la infancia, teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas que la aquejan son económicos, sociales y culturales y que los mismos no son competencia del Judicial sino del Ejecutivo.
La ley significó la reglamentación de los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió e incorporó al bloque constitucional en la reforma de 1994. Y en la práctica significó que los pequeños no ingresaran en la rueda judicial, simplemente porque son las víctimas.
Para hacer efectivo el cumplimiento de esa norma, en Mendoza se activó un sistema que articulado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrativo Local (OAL) y los servicios de protección de derechos de las comunas. Esos son los organismos que deben dar respuestas frente a la vulneración de un derecho y frente a la violencia que sufren muchos pequeños.