El gobierno de Alfredo Cornejo salió a aclarar este viernes que la construcción de una nueva cárcel no es un negocio «enlatado» para el empresario sanrafaelino Omar Álvarez y acusó a parte del peronismo de intentar frenar este aspecto de la ley de Emergencia en Seguridad por una interna partidaria.

El eje de la discusión es la construcción de un nuevo penal en Cacheuta para 900 internos, por casi 1000 millones de pesos, que por lo menos desde 2014 se discute en la Legislatura sin encontrar rumbo cierto.

La propuesta para hacer la cárcel ha sido efectivamente del dueño de Obras Andinas y ahora la gestión de Alfredo Cornejo apunta a hacerla realidad, aunque este viernes dejó en claro que se hará una licitación pública para que «gane el mejor» oferente.

El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, aseguró que esta obra no se hará por contratación directa, sino que habrá una licitación en la que Álvarez deberá competir. Aunque no será uno más.

Según explicó el funcionario, como se trata de un proyecto que ha sido de iniciativa privada, en la licitación, Álvarez tendrá la oportunidad de mejorar su oferta si alguna empresa ofrece hacerla por menos dinero que Obras Andinas.

Contará además con el derecho de cobrar los gastos de elaboración del proyecto (unos 200.000 pesos) si es derrotada en la licitación.

El Gobierno, por último, les impondrá a los interesados que traigan un banco que financie la obra, algo que Álvarez ya tiene también.

A pesar de contar con estos beneficios, Kerchner aseguró que habrá transparencia en el proceso licitatorio y sostuvo que «sería un delito decir que el proyecto es para Omar Álvarez».

También explicó el ministro de Hacienda que se contempla la propuesta de Álvarez para evitar dilaciones. «Hacer un proyecto lleva mucho tiempo, se pierde un año de discusión técnica», justificó.

Incluso sostuvo que la cárcel en su momento respaldada por el ex gobernador Francisco Pérez tenía un costo de 1.200 millones de pesos, mientras que Cornejo la ha cotizado en 200 millones de pesos menos.

Con estas afirmaciones, el Poder Ejecutivo buscó aflojar la resistencia del PJ, cuyo voto será vital en la Legislatura para que se apruebe el endeudamiento de la Emergencia en Seguridad, que asciende en total a 1.900 millones de pesos.

Esto se debe a que el financiamiento requiere mayoría especial (dos tercios en ambas cámaras), número que no tiene el oficialismo en Diputados y el Senado.

Parecía que el oficialismo iba a acompañar la iniciativa, pero esta semana dilató el tratamiento del proyecto en Diputados y el jueves directamente quedaron a la vista las diferencias internas respecto de la cárcel de Cacheuta.

En un partido que todavía no tiene un líder claro, el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, se inclinó por aprobar solamente la parte de la Emergencia que propone endeudar a la Provincia en 658 millones de pesos para equipar a la Policía y arreglar las comisarías. Es decir, dejó de lado el financiamiento de 1.200 millones de pesos para construir una penitenciaría y arreglar las existentes.

Al cruce de esta postura surgió otro líder peronista emergente, el intendente de San Rafael Emir Félix, quien le dio una mano a su coterraneo Álvarez al sostener que los problemas carcelarios tornan necesario que sí se apruebe un nuevo presidio en la ley de Emergencia.

En el medio, un diputado de la línea interna de Bermejo (azules), Jorge Tanús, afirmó que darle la construcción de una cárcel a Álvarez generaría una desigualdad entre su empresa y el resto de los proveedores de obra pública, a las que el Gobierno les debe plata y que cobrarán las deudas del Estado provincial con bonos. Incluso dijo que habría que darle otro destino a los fondos.

Por último, la jefa del bloque peronista de diputados, Silvia Ramos, quien responde a Félix, defendió por su lado la construcción de la cárcel, aunque buscó despejar dudas sobre el favoritismo hacia Álvarez: «Hemos planteado que en este artículo se re asegure que se hará un llamado a licitación pública».

Estos cruces tienen una sola interpretación para el Gobierno: «Buscan una excusa para no aprobar la ley de Emergencia porque están partidos los justicialistas», razonó ayer un funcionario.

La misma fuente aseguró que el PJ ya frenó en tres oportunidades la construcción de la cárcel: en una ley particular que quedó archivada en Diputados, en la ley de la Transición que acordaron Paco y Cornejo, y en el Presupuesto 2016.

La semana que viene se sabrá si la idea de crear más plazas carcelarias y enfrentar el problema del hacinamiento logrará salir de este lodo en la Legislatura.