El acuerdo entre el Gobierno de Argentina y los principales acreedores con los que arrastra un conflicto desde hace 14 años está próximo a cerrarse. Matthew McGill, el abogado del fondo Elliott Management (que lidera Paul Singer), afirmó este miércoles en Nueva York que el pacto, que afecta a casi 5.000 millones de dólares de deuda, «está muy cerca». Desde Buenos Aires, fuentes del Ejecutivo resaltan, no obstante, que aún no se ha cerrado el acuerdo con los llamados fondos buitre y que será el mediador, Daniel A. Pollack, el que informe de ello.

«Estamos así de cerca del acuerdo», había dicho horas antes McGill, que representa a Elliott y Aurelius, a los jueces en una audiencia en Manhattan, según las declaraciones recogidas por Bloomberg. Hasta ahora, el Ejecutivo de Mauricio Macri ha ido cerrando pactos con bonistas de menor peso en la deuda, pero Singer significa caza mayor. Se trata de los fondos más duros hasta ahora en las negociaciones ya de por sí complicadas. El conflicto enfrenta a Argentina con el grupo de inversores —minoritario pero con mucho poder— que rechazaron quitas en la deuda en 2005 y en 2010, cuando el Gobierno sí llegó a acuerdos con casi el 93% de los acreedores.

Las declaraciones de McGill molestaron al mediador. Daniel A. Pollack señaló a través de un comunicado que la declaración del abogado «ha vulnerado la confidencialidad entre las partes». Esta confidencialidad «es un principio inviolable de todas las negociaciones en las que yo estoy como mediador. Si hay acuerdo firmado entra esas u otras partes, y cuando lo haya, yo lo haré público como mediador especial», recalcó.

El éxito en la negociación significaría una importante victoria para un Macri recién llegado a la Casa Rosada, que accedió al Ejecutivo en diciembre. Tras los primeros contactos, Buenos Aires propuso a principios de febrero pagar un total de 6.500 millones de dólares, una cantidad que supondría grandes plusvalías para esos fondos que compraron la deuda argentina cuando apenas tenía valor, una estrategia por las que se les denomina «buitre» en la jerga financiera. Aun así, la cantidad conlleva una quita o reducción del 25% de los 9.000 millones de dólares formalmente adeudados y en manos de los tribunales

La senda para este acuerdo se allanó definitivamente la semana pasada, cuando el juez de Nueva York Thomas Griesa autorizó que Argentina pudiera pagar la deuda que ya había reestructurado con otro acreedores a cambios de condiciones. El Gobierno debía derogar dos leyes que impiden al Ejecutivo cualquier mejora de la oferta que fue aceptada por el 93% de los acreedores en 2005 y 2010. Además, los acreedores que acepten una quita del 25% podrán cobrar, pero deben decidir si aceptan la propuesta antes de este lunes, 29 de febrero.