La decisión de declarar la emergencia fue, en realidad, uno de los primeros anuncios que hizo Macri ni bien fue electo y contó con el rápido respaldo de todas las provincias en la reunión que el 17 de diciembre se realizó en el marco del Consejo de Seguridad Interior.  

Una vez publicado el decreto, cada provincia podrá adherir a él (o no) mediante una ley provincial. Como por ahora ningún gobernador accedió a la letra de la norma, no está claro qué jurisdicción se plegará a la emergencia nacional para poner su sistema de seguridad en sintonía con los planes de Macri. Pero el anhelo de la Casa Rosada es que todas se sumen.

La fuga de tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez llevó a la Casa Rosada a someter a algunas correcciones el decreto que Macri está por firmar para darle al Estado todas las herramientas necesarias a fin de subsanar las debilidades que mostró el sistema de seguridad.

Estos flancos quedaron expuestos ante los ojos azorados del nuevo gobierno durante las dos semanas que duró la cacería de Martín Lanatta (que cayó el sábado 9), de su hermano Christian y de Víctor Schillaci (apresados el lunes 11), los condenados por los asesinatos, en 2008, de tres supuestos proveedores de efedrina a cárteles mexicanos.

El secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, explicó a este diario los motivos por los cuales Macri decidió, en acuerdo con todas las provincias, proceder a declarar en emergencia todo el país. “Creo que ha quedado expuesta la debilidad del sistema de seguridad.

Por eso lo primero que ha hecho este gobierno es reconocer la crisis, algo que la anterior administración se negó a hacer. Esta decisión es central para poder avanzar. Nosotros llevamos sólo 18 días hábiles y debimos lidiar con la captura de los tres prófugos con herramientas y modos de funcionamiento obsoletos.

Encontramos que no había coordinación entre las fuerzas de seguridad nacionales -la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria- y que tampoco había coordinación entre las fuerzas nacionales y las provinciales. A esto hay que sumar la precariedad tecnológica”, dijo Milman.

El funcionario nacional, hombre de confianza de la ministra Patricia Bullrich, explicó que la intención de la Casa Rosada es trabajar en conjunto con las 24 jurisdicciones. “Creemos que es necesario que todos los estados inviertan en seguridad, que le den prioridad”, postuló.
«La emergencia nos va a permitir obtener en un mediano plazo muchas mejoras. Podremos avanzar en un completo plan de radarización de nuestras fronteras, comprar escáneres para revisar los contenedores que salen de nuestros puertos, propiciar la profesionalización de las fuerzas nacionales y la homologación de la formación que éstas reciban con la que tienen las fuerzas provinciales”, enumeró Milman.

Respecto a este último punto, este diario pudo saber que en la Casa Rosada ha prendido la idea de crear incluso una universidad nacional para formar las nuevas generaciones de uniformados de todo el país.

Según fuentes del oficialismo, la declaración de emergencia en seguridad por uno o dos años le permitirá al Gobierno avanzar en la reestructuración de las fuerzas de seguridad. Aunque algunas voces de la oposición señalan que para ello no hace falta que el Estado declare la emergencia.

Para los cerebros legales del oficialismo, esta decisión sirve como paraguas para no colisionar con derechos laborales de las cúpulas de las fuerzas de seguridad, que quedarían sometidas a grandes modificaciones.

Aunque Milman aclaró que no se busca sólo agilizar la compra de equipamientos evitando las licitaciones, lo cierto es que la profesionalización que pretende el Presidente demandará una exorbitante cantidad de dinero.

La declaración de la emergencia le dará soporte legal a la Casa Rosada para destinar más recursos del Presupuesto, valiéndose de los llamados “superpoderes” que tiene el Jefe de Gabinete para reasignar partidas o echando mano a DNU.

Un dato a tener en cuenta es que el actual plan de gastos votado por el kirchnerismo en 2015 sólo destina al Ministerio de Seguridad el 4,4%, un número que para el macrismo es insuficiente.

El Ejecutivo enviará un paquete de leyes al Congreso 

Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que el Gobierno trabaja por estas horas en un paquete de leyes que serán enviados al Congreso ni bien retorne la actividad parlamentaria (no está claro si habrá sesiones extraordinarias en febrero o el año legislativo arrancará en marzo con las sesiones ordinarias).

Entre las iniciativas que están en estudio, una es la modificación de la Ley de Inteligencia que el Congreso votó hace un año -tras la muerte del fiscal Alberto Nisman- por la cual se creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Las actuales autoridades de ese organismo están proponiendo cambios que los asesores legales de Macri están evaluando.

Además, se propiciará la creación, dentro del Código Procesal Penal, de la figura del arrepentido, como tienen otros países del continente. Con esto se busca que quienes estén imputados en una causa y aporten información fehaciente sobre los responsables últimos de delitos complejos, puedan acceder a un beneficio en la condena.

Otra ley que está en estudio del oficialismo es el Código Aduanero. Se busca darle a la Prefectura poder de policía en la zona primaria de los puertos que, según la legislación nacional e internacional, le corresponde a la Aduana.

“Queremos poder escanear los contenedores porque es por barcos que sale la droga de la Argentina rumbo a Europa. El Estado debe tener control sobre los tres momentos del narcotráfico. En las fronteras para evitar el ingreso (de la droga), durante el tránsito y la producción en el territorio nacional, y en la salida por nuestros puertos y aeropuertos”, explicó Gerardo Milman.

Otro tema que está en análisis es una ley que regule la protección del espacio aéreo, ya que actualmente toda la legislación se basa en decretos firmados por Néstor y Cristina Kirchner. Colindante a con este debate podría abrirse la discusión de una “ley de derribo” -de las aeronaves no identificadas que surquen el cielo argentino- como la que tiene Brasil.

“Estaremos abierto a las sugerencias de todos los bloques porque creemos que esto debe tener el mayor consenso”, aseguró a Los Andes el flamante subsecretario de Articulación Legislativa, Enrique Thomas, un ex diputado mendocino procedente del PJ no K que tiene la confianza de Bullrich.