El encuentro, que comenzó cerca del mediodía en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, contó con la asistencia de los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Formosa, Gildo Insfrán; de Tierra del Fuego, Roxana Bertone; de Chaco, Domingo Peppo; de La Rioja, Sergio Casas; de Catamarca, Lucía Corpacci; de San Juan, Sergio Uñac; de Tucumán, Juan Manzur; y los vicegobernadores de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

El sábado pasado los gobernadores del PJ se reunieron en la ciudad de San Juan para fijar una posición común frente a la decisión del presidente Mauricio Macri de aumentar por decreto la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires en la que no sólo se transferían recursos por el traspaso de la Policía Federal sino que, al estar enganchados al índice de distribución de los fondos coparticipables, también se incrementaban los del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y del Fondo Sojero (Fondo Federal Solidario), aumentando «la inequidad con las provincias».

Al respecto, Frigerio afirmó que modificarán el envío de fondos a la Ciudad, también por decreto, para restringirlo exclusivamente a las partidas presupuestarias necesarias para financiar el traspaso de la Policía Federal.

«Vamos a avanzar en la construcción de un país federal», dijo Frigerio en conferencia de prensa al término del encuentro, flaqueado por Urtubey y Uñac.

El reclamo principal de los gobernadores fue la recuperación del 15% de la coparticipación que las provincias habían cedido a ANSeS y que Córdoba, Santa Fe y San Luis recuperaron gracias a un fallo de la Corte Suprema. «Sabíamos que no íbamos a salir con el ‘sí’ ahora, pero nos van a presentar herramientas» para llegar a una solución, dijo Uñac a la agencia DyN. ‘Planteamos con claridad ir hacia un sistema más justo en la distribución de los recursos coparticipables. Hoy hay una situación de inequidad por un fallo judicial», agregó el entrerriano Bordet.

Los mandatarios también pidieron celeridad en el giro de recursos para obras. Según Frigerio, el gobierno se encontró al asumir con una deuda de $ 7000 millones en obras de infraestructura y otros $ 3000 millones en planes sociales, que se comprometió a saldar en un mes. «El Presidente decidió darle prioridad al pago de estas deudas, que estimamos que en el transcurso de cinco semanas vamos a poder ponernos al día, y esto va a tener un impacto muy fuerte en términos de trabajo y de obra pública en todas las jurisdicciones», dijo Frigerio. Las empresas constructoras advirtieron que se perdieron 30.000 empleos entre noviembre y diciembre por la paralización de obras.