Las principales autoridades de la Provincia presentaron el informe realizado por la AGN (Auditoría General de la Nación) sobre el estado de las cuentas públicas que recibió la actual gestión provincial, el 9 de diciembre pasado.

La vicegobernadora Laura Montero fue la encargada de dar a conocer los resultados. Acompañada por el gobernador, Alfredo Cornejo, en una conferencia de prensa que se realizó en la Legislatura Provincial, remarcó que la situación financiera de la Provincia “es mucho peor de lo que pensamos y anticipamos durante la campaña”.   

Montero aseguró que “el Presupuesto fue hecho en base a esta realidad que ustedes conocían y refrendaron hoy estos datos. Mendoza tiene los instrumentos financieros y un presupuesto con datos certeros. Esta auditoría suma transparencia”.

Explicó que la deuda no registrada aparece mayormente en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con 425 millones de pesos (99% corresponde a programas de viviendas); el Instituto Provincial de Juegos y Casinos con 380 millones de pesos (premios impagos) y, en menor medida, en Transporte por 125 millones de pesos (atraso en compensaciones tarifarias); la Dirección Provincial de Vialidad con 63 millones de pesos (en su mayoría correspondiente a obras) y Salud con 33 millones de pesos. Según resaltó, otro caso que llama la atención es la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), con una deuda no registrada que supera levemente los 76 millones de pesos.

Cornejo y Montero estuvieron acompañados por el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Kerchner; el presidente Provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff y los intendentes de Guaymallén, Marcelino Iglesias; Las Heras, Daniel Orozco, y Malargüe, Jorge Vergara. También participaron diputados y senadores y autoridades provinciales de distintas áreas.

Cabe aclarar que a principios de agosto, del año pasado, Cornejo y Montero habían solicitado, a la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Auditoría General de la Nación, ejecutar una Auditoría de Corte con el fin de revisar las transferencias de fondos para financiar gastos corrientes y de capital, realizadas por el Gobierno Nacional a la Provincia de Mendoza y a cuatro municipios durante el 2015. En aquel entonces, se dejó en claro que las labores a realizarse estaban amparadas por el artículo 85 de la Constitución Nacional y por la Ley Nº 24.156.

“Se ha tapado el sol con la mano”, expresó Cornejo en clara alusión a los problemas financieros en los que se encuentra la provincia. Sin embargo, señaló que “vamos a ir hacia adelante porque tenemos la obligación de solucionar esta situación. Va a llevar mucho tiempo, pero lo vamos a lograr”.

“La irresponsabilidad con la que se ha manejado este tema, debemos transformarla en responsabilidad y, por duro que sea, tenemos que trabajar bien para sacar adelante a la provincia”, declaró el Gobernador.

“Luego de este informe, esperamos que los organismos que tienen que hacer algo al respecto, se ocupen de ello”, dijo Cornejo tras decir que “el Fiscal de Estado ya tiene este informe y, así, con sobrados argumentos y antecedentes para llevar a la Justicia o para elaborar sumarios administrativos, en caso que lo crea conveniente. Quien tenga que pagar las consecuencias, que lo haga”.

El Gobernador, además, indicó que le ha solicitado a cada uno de los funcionarios designados en el Ejecutivo, como así también en los organismos autárquicos, que “revisen todo lo que tengan que revisar, pero que proyecten hacia adelante porque necesitamos darles los mejores servicios a los mendocinos y no quedar enredados sólo en denunciar para atrás”. Y agregó: “Hay que hacerlo, de lo contrario estaríamos siendo cómplices. Los mendocinos van a valorar si denunciamos las situaciones, pero también si nos ponemos al frente de los problemas”.

“Con este informe creemos que se empieza a cerrar este capítulo y ahora queremos que los organismos que investigan y que tienen las competencias constitucionales actúen en consecuencias”, concluyó Cornejo.

El 17 de diciembre, Cornejo junto al ministro de Hacienda y Finanzas, detallaron el estado de las cuentas del Gobierno y cómo repercutía esto en los principales servicios públicos, como salud y educación. Allí se informó que habían dos modos de abordar la situación: el primero fue la realización de una auditoría interna, datos a los que se tuvo acceso ese mismo día, y el segundo una auditoría externa que es la que se encontraba desarrollando la AGN desde el primer día de gestión del nuevo Gobierno.

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Procedimiento para realizar el informe y los Organismos alcanzados

En esta oportunidad el organismo realizó arqueos de fondos y valores, cierre de libros contables, relevamiento de la deuda no registrada y cortes en: documentación, normativa, estados de ejecución presupuestaria y registro de la deuda. Asimismo se solicitó la dotación del personal a las fechas testigo, el inventario de causas judiciales y el inventario de bienes.

El recorrido por los lugares donde se trabajó toda esta información comenzó en la administración central con análisis en Tesorería General y Contaduría General de la provincia, con protocolo de actos los administrativos y su vinculación con movimientos de personal.

En tanto los organismos descentralizados fueron la OSEP, la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto General de la Vivienda, el Instituto de Juegos y Casinos, el ISCAMEN. Además, Fiscalía de Estado, Dirección General de Escuelas, la ATM y la Cámara de Senadores de Mendoza.

Asimismo, los técnicos avanzaron en los análisis de las comunas de Las Heras, Guaymallén, General Alvear y Malargüe, quienes efectuaron dicho pedido.

Los datos más importantes relevados

Cornejo y Montero recibieron un gobierno con un desfase presupuestario de 3.363 millones de pesos; un déficit de caja de 2.606 millones de pesos. Por pagar, había sueldos pendientes en el orden de los 1.112 millones de pesos y una deuda no registrada de 1.135 millones de pesos.

La deuda total evaluada por el organismo asciende a 16.464 millones de pesos; de la cual el 60 por ciento de la misma es de muy corto plazo ($9.901.000.000-); el 28% es consolidada de corto plazo ($4.622 millones) y solo un 12 % es de largo plazo ($ 1.940.000.000).

Según la auditoría, existe una deuda transitoria de 3.700 millones de pesos; una deuda flotante de 5.074 millones de la misma moneda; una deuda no registrada de 1.135 millones de pesos y finalmente, la deuda consolidada es de 6.562 millones de pesos.

Respecto al informe coparticipable a los municipios, del total, sólo se encuentran transferidos 3.441 millones de pesos; 1.092 millones de pesos corresponden a retenciones realizadas por el Gobierno Provincial y el monto impago alcanza los $ 481 millones. Llama la atención una diferencia contable que supera los ciento nueve millones de pesos.

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Conclusiones

“Hemos establecido los puntos más importantes a fin de tener precisiones sobre la situación del Estado Provincial, sus organismos y empresas al momento de asumir la gestión y de allí surgieron números e información de tipo cualitativa”, señaló Montero.

Explicó que hubo información solicitada por la Auditoría General de la Nación y no fue entregada; se encontraron gastos realizados sin la imputación preventiva, sin órdenes de pago y sin registración contable (de allí la deuda sin registrar). Se comprobó fehacientemente que hubo incumplimiento de transferencias automáticas a municipios por Fondo Federal Solidario y Financiamiento Educativo.

Asimismo, montos retenidos por conceptos de seguridad social realizadas a municipios, no fueron transferidos a los organismos correspondientes, pudiendo citar en este ejemplo a la OSEP.

Hay atrasos importantes en registraciones contables y conciliaciones bancarias e ingreso de fondos por coparticipación sin contabilizar. Libros contables que tenían hojas fuera de lugar, sin rubricar ni foliar y algo que todo el mundo conoce en este tiempo, atraso notable en las publicaciones que se realizan en el Boletín Oficial.

Finalmente, otro punto contundente es que hubo transferencias e incorporación de personal sin advertir el marco normativo vigente.