El desvío de municiones al mercado ilegal empieza a transformarse en un problema grave. La Gendarmería incautó el año pasado más de un millón de balas y cartuchos que eran transportados por organizaciones criminales. La dimensión del actual problema puede visualizarse en la comparación con las 90.000 municiones secuestradas en 2011. Este alarmante crecimiento del tráfico de balas motivó una alerta especial en los escuadrones de gendarmes desplegados en el Norte, donde se realizaron los mayores operativos.

Una parte importante de esos cargamentos de balas fue detectada en controles de ruta, escondidos de diversas formas, situación que lleva a los investigadores oficiales a pensar que las organizaciones utilizan las rutas y logísticas del narcotráfico para abrir este nuevo y redituable negocio.

Las municiones no sólo tendrían como destino final Bolivia, donde se habría generado un mercado negro tras una ley que estableció obstáculos a la compra legal de balas, sino que también se acopiaría en nuestro país para derivarlas al circuito ilegal. Varios casos importantes durante 2012 mostraron el transporte de municiones desde el norte argentino hacia Santa Fe.

En octubre pasado otro embarque fue detenido por Gendarmería en Corrientes con rumbo al Sur. El cargamento fue de 983 municiones, pero en ese caso la sorpresa fue el calibre de esas balas: 9 mm y 7.62: se trata, en este caso, de munición de armas de guerra.

Se estima que los responsables no son nuevos en el negocio del contrabando, dado el elaborado reparto de funciones dentro de la banda, que les permite trabajar como células independientes. Serían parte de organizaciones que se dedicaban al tráfico de precursores químicos, con un cambio de rubro tras el fortalecimiento de los controles sobre esas sustancias.

Las rutas del tráfico de municiones convergen en Tucumán, desde donde se deriva el acopio de balas a los contrabandistas de frontera, según se estima en las investigaciones judiciales.

A fines de octubre pasado se descubrió en la fronteriza ciudad salteña de Salvador Mazza un cargamento con 400.000 municiones ocultas entre bolsas con soja. El 90% de esa carga eran balas calibre 22 largo. En todos los casos se trata de proyectiles fabricados en la Argentina.

La investigación apunta ahora a saber cómo se produjo ese desvío de municiones hacia el mercado ilegal. El control de la comercialización de balas está bajo la órbita del Registro Nacional de Armas (Renar), cuyas normas obligan a llevar un control estricto de la cantidad de munición comprada por armerías y particulares.

Los legítimos usuarios de armas tienen, incluso, asignado un cupo de munición, certificado mediante una tarjeta especial en la que constan las anteriores adquisiciones de balas y cartuchos.

El Renar informó que, junto con Fabricaciones Militares, destruyó el año pasado 1.500.000 municiones recuperadas por el plan nacional de desarme y por decomisos de las fuerzas federales de seguridad.

De todas maneras, las municiones ilegales circulan por las rutas argentinas por los mismos circuitos del narcotráfico.

Una red de similares características fue desarticulada la semana pasada en Bolivia, destino de varios de los contrabandos de municiones que se detectaron en la Argentina. En la región de Santa Cruz de la Sierra cayó una banda que acopiaba balas y armas para ser negociadas con la narcoorganización brasileña denominada Primer Comando de la Capital (PCC), de fuerte influencia en el delito más duro en San Pablo. La investigación boliviana determinó que esas municiones eran transferidas por las mismas líneas usadas para transportar drogas.

La aparición del PCC como red narco en expansión regional no es un dato menor, ya que las fuerzas de seguridad argentina establecieron en los últimos meses intentos de conexiones entre ese grupo y bandas de narcos que operan en la ciudad de Rosario, otro destino de las balas perdidas del control oficial.