La vicegobernadora Laura Montero presentará este mediodía -finalmente- el ‘informe preliminar’ de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la situación del Estado mendocino al momento del traspaso del gobierno justicialista de Francisco Pérez a la actual administración del radical Alfredo Cornejo. Se cursaron invitaciones al propio Cornejo, legisladores (en receso) e intendentes.

Será en la Legislatura, a escasos días de que el Senado aprobara el Presupuesto 2016 con el voto acordado entre Cambia Mendoza y el Frente para la Victoria (FpV).

Y en medio de especulaciones de que el momento inicial previsto para la presentación fue postergado, precisamente para evitar que -la semana pasada- crecieran los cortocircuitos de la UCR y el PJ y se complicara la aprobación  de lo que se ha convertido en la mayor autorización de endeudamiento de los últimos diez años para un gobernador de la Provincia.

No obstante, en el entorno de Montero justifican el cambio de fecha de la presentación del documento en “la falta de firma de una de las gerencias” de la AGN, lo que habría sido subsanado en los últimos días.

“Situación financiera deficitaria, alto endeudamiento de corto plazo, deuda no registrada y modificación del gasto en personal que debería estar sujeta a la verificación del marco normativo vigente”,  dispara desde su carátula el documento que cuenta con catorce anexos, aún no todos terminados.

Es que las áreas auditadas no se ciñeron a la Administración Central sino que avanzaron sobre organismos descentralizados: Osep, Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Instituto de Juegos y Casinos, Iscamen, Fiscalía de Estado, Irrigación, Dirección General de Escuelas (DGE), Administración Tributaria Mendoza (ATM), Senado provincial e incluso sobre los municipios de Guaymallén, Las Heras, General Alvear y Malargüe.

“Los datos más complicados en materia de crecimiento de la planta de personal (en la transición de junio a diciembre de 2015) aparecen en la comuna de Las Heras y en Osep”, adelantó a Los Andes una fuente de la investigación.

Hace seis días el intendente radical de Las Heras, Eduardo Orozco, dispuso que no se renovaran 442 contratos en su comuna, sufrió protestas con quema de neumáticos, hoy tiene custodia y uno de sus colaboradores sufrió amenazas, al tiempo que recibió el apoyo de una manifestación organizada por del diputado del Frente Renovador (FR), Guillermo Pereyra.

En tanto, hoy asumirá sus funciones el presidente del directorio de la Osep, Sergio Vergara, quien acaba de denunciar que la obra social mantiene una deuda de 850 millones de pesos y que su planta de personal creció de 2.300 a 3.700 empleados en los últimos ocho años.

El contenido
Respecto de la Provincia el informe se enfoca en “una estructura presupuestaria con déficit”, que al momento de la asunción de las nuevas autoridades mostraba “un rojo de caja en la Tesorería por 2.500 millones de pesos” y que mantiene “un alto nivel de endeudamiento que se complica por el corto plazo de los vencimientos”.

Asimismo incursiona sobre la deuda no registrada (“pinche”) “que permanece fuera de toda norma” y sin volante de imputación de compra, que asciende a 1.135 millones de pesos y hace notar el crecimiento “exponencial” de la deuda flotante con los proveedores.

La auditoría fue solicitada en noviembre por Montero y el ministro de Hacienda, Martín Kerchner al ex presidente radical de la AGN, Leandro Despuy, hoy remplazado por el peronista Ricardo Echegaray.

Una treintena de técnicos de la AGN participó de la tarea de recolección de datos del 10 al 11 de diciembre en la Administración Central, los organismos descentralizados y las comunas de Guaymallén y Las Heras. Y del 14 al 15 en los municipios de General Alvear y Malargüe.

En cada uno de los lugares se realizaron arqueos de corte de fondos y de valores, de documentación y de cierre de libros. También corte de estado de ejecución presupuestaria y de registro de la deuda. Además, relevamiento de deuda no registrada y de dotación de personal entre el 30 junio y el 10 de diciembre de 2015 y un inventario de bienes y causas judiciales.

Entre pujas y polémicas

La Auditoría General de la Nación (AGN) siempre se movió entre pujas y polémicas. Su intervención en Mendoza fue considerada “una intromisión” por el gobierno de Francisco Pérez y por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, de competencia provincial. La AGN se define como “un organismo constitucional con autonomía funcional que asiste técnicamente al Congreso en el ejercicio del control externo del sector público nacional”.

Es dirigida por siete miembros, designados de acuerdo a la composición de las cámaras. Tres por el Senado, tres por Diputados y el presidente, de la oposición. Bajo el radical Leandro Despuy su tarea fue considerada “parcial” por el kirchnerismo. El macrismo demoró la llegada del actual presidente peronista, Ricardo Echegaray. Mientras la UCR y el massismo han impugnado judicialmente la incorporación de los camporistas Julián Alvarez y Juan Ignacio Forlón.