Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que permitiría la liberación inmediata de 800 procesados con prisión preventiva, pero sin sentencia generó preocupación y malestar en los gobiernos nacional y provincial.

Según informaron fuentes oficiales, en la teleconferencia participaron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier; el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané.

La resolución del máximo tribunal mendocino fue firmada el miércoles pasado y 24 horas después se notificó la decisión al gobierno de Mendoza.

«Esta decisión va a colapsar a toda la policía de seguridad de Mendoza que, en 24 horas, va a tener que cumplir con las medidas de prueba solicitadas por los fiscales», sostuvo a LA NACION Milman después de la teleconferencia.

El fallo del máximo tribunal de Mendoza está firmado por los ministros Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares. Pedro Llorente, Mario Adaro y Herman Salvini no votaron por encontrarse de licencia, según se desprende de la resolución.

«El objetivo planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo y, además, buscar que dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivos y legislativos de la provincia», sostuvieron los funcionarios que participaron de la conferencia de prensa.

Y agregaron: «A la vez se evalúa convocar, en el marco de la ley de seguridad interior, a la mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya que al ser Mendoza una provincia de frontera esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional, y disponer así de una cantidad de recursos que deberían ir a la lucha contra el narcotráfico a la ejecución del mencionado fallo».

Según informaron a LA NACION fuentes oficiales, el gobierno de Mendoza tiene como alternativa presentarse ante la Corte Suprema de la Nación al sostener que el fallo del máximo tribunal provincial cambió de hecho el Código Penal de Mendoza generando un «conflicto de poderes en la Justicia y el Poder Legislativo».

La causa que se inició por la presentación de un hábeas corpus colectivo a favor de la totalidad de las personas privadas de libertad de la provincia de Mendoza, alojadas en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, obedece, según los representantes, a las numerosas vulneraciones de las garantías del debido proceso en cabeza de los órganos jurisdiccionales de la provincia, lo que agrava de una manera absolutamente ilegítima las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Fuentes del gobierno mendocino dijeron que el hábeas corpus colectivo fue presentado por organismos de derechos humanos apoyados por la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

«Estamos muy preocupados porque este fallo pone en riesgo a la ciudadanía de Mendoza. Vamos a utilizar todos los mecanismos legales posibles para evitar la implementación del fallo del máximo tribunal», dijo a LA NACION el ministro Venier.

Indefensión

Para los funcionarios que participaron de la teleconferencia, el falló «creará un ambiente de indefensión en la población de la provincia, pondrá en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generará un claro estado de ‘gravedad institucional’ al provocar una situación de emergencia de seguridad».

En la parte resolutiva del fallo se sostuvo: «Someter a control jurisdiccional, en el plazo máximo de 24 horas, las detenciones que dispongan a partir del día de la fecha; regularizar en el plazo de 60 días la situación procesal de las personas detenidas sin orden del juez competente; los jueces de garantía deberán realizar el control jurisdiccional de las detenciones ordenadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal, resolviendo el requerimiento en el plazo de 24 horas; disponer que la prisión preventiva debe ser ordenada en el término de 10 días contados a partir de la imputación o, en su caso, de seis días desde la detención o la falta de ella desde la indagatoria, e indicar en la resolución que ordena la prisión preventiva el tiempo de duración de la misma, estableciendo los controles periódicos», entre otros puntos.

Opiniones sobre la resolución judicial

Alfredo Cornejo

Gobernador de Mendoza

Mecanismos legales

Desde el gobierno de Mendoza se informó que se buscarán los mecanismos legales para evitar el fallo. El ministro de Seguridad provincial dijo: «Estamos muy preocupados porque este fallo pone en riesgo a la ciudadanía de Mendoza. Vamos a utilizar todos los mecanismos legales posibles para evitar la implementación del fallo del máximo tribunal»

Gerardo Milman

Secretario de Seguridad Interior

Colapso

«Esta decisión va a colapsar a toda la policía de seguridad de Mendoza que, en 24 horas, va a tener que cumplir con las medidas de prueba solicitadas por los fiscales», dijo Milman, que fue uno de los funcionarios nacionales que participó de la teleconferencia con funcionarios de la provincia de Mendoza, donde se evaluó el impacto de la resolución de la Suprema Corte

Patricia Bullrich

Ministra de seguridad

Buscar una acordada

Después de que se conociera el fallo, la ministra de Seguridad participó de una teleconferencia con funcionarios nacionales y provinciales donde se resolvió «buscar que se dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivos y legislativos de la provincia de Mendoza», según se informó.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1857290-preocupa-en-mendoza-un-fallo-que-podria-liberar-a-800-presos