El 15 de diciembre, tras más de tres años de negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión para la reforma de la protección de datos en la UE. Una negociación lenta, tediosa y llena de matices y dudas. Una propuesta, defienden, para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos y forzar a las empresas a garantizar un uso correcto de la información privada. Abriendo la puerta a sanciones elevadísimas y multas multimillonarias en caso de infracción.

«El acuerdo de hoy constituye un paso importante hacia un mercado único digital, pues eliminará obstáculos y brindará oportunidades. El futuro digital de Europa solo puede construirse sobre la base de la confianza. Si disponemos de normas comunes sólidas para la protección de datos, las personas pueden estar seguras de controlar sus datos personales y de disfrutar de todos los servicios y oportunidades de un mercado único digital. No debemos ver la privacidad y la protección de datos como un freno a las actividades económicas, sino como una ventaja competitiva esencial», explicó ante los medios Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión responsable del Mercado único Digital. Consentimiento parental obligatorio para los menoresLa reforma sin embargo abre la puerta también a un elemento imprevisto pero con unas consecuencias potencialmente devastadoras para muchas multinacionales tecnológicas.

En el artículo 8 hay un apunte crítico: los menores de 16 años no podrán ceder sus datos. De querer hacerlo necesitarán un consentimiento parenta explícito. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder acceder a las redes sociales podría ser legalmente obligatorio un permiso previo de los padres, algo que ha desatado todas las alertas en el sector. El texto dice, literalmente, que «el tratamiento de los datos personales de un niño menor de 16 años será legal sólo en la medida que dicho consentimiento sea dado y autorizado por el titular de la responsabilidad parental sobre el niño». Una enmienda de última hora que elevaría de 13 a 15 ese consentimiento, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, por ejemplo. Según explican en el Parlamento, la labor de lobby en las últimas 72 horas tiene pocos precedentes. El Consejo y el Parlamento han llegado a un acuerdo, pero todavía no hay nada firmado. A principios de la semana que viene los embajadores de los 28 en la UE deben discutir este tema en el llamado Coreper. Y después se debe redactar un texto final y ser traducido a todos los idiomas.

El proceso implica, según reconocen en el Parlamento, que seguramente el Plenario no lo votaría como pronto hasta marzo o abril. Las empresas quieren aprovechan el margen de tiempo que hay para convencer a las capitales de que es un error y que tendría un impacto incalculable aprobar el texto tal y como salió el pasado martes. Quieren más flexibilidad y un reconocimiento de que no se puede exigir el control paterno para cada decisión y cada click de un adolescente del siglo XXI. No se trata sólo de navegar, sino del uso de Facebook, Snapchat, Whatsapp o Instagram, donde se podría pedir cosas como que los padres envíen una copia de su DNI y una autorización escrita antes de abrir una cuenta o descargar una aplicación. Complicado en la práctica, porque la comprobación de edad está todavía en pañales en la red. Pero legalmente peliaguda. Una reforma en dos partesLa UE se ha tomado realmente en serio la protección de datos. Y más tras la decisión del Tribunal de Justicia de dar la razón al joven que consideraba que sus datos de Facebook, en una cuenta Europea, no debían ser enviados a EEUU, porque no se sentía protegido tras los escándalos revelados en Wikileaks.

La reforma planteada ahora tiene dos partes. Por un lado, un Reglamento general sobre protección de datos que «permitirá a los ciudadanos ejercer un mayor control sobre sus datos personales. Al mismo tiempo, unas normas unificadas permitirán que las empresas aprovechen al máximo las oportunidades del mercado único digital al reducir las cargas administrativas y beneficiarse de una confianza reforzada de los consumidores.La segunda parte es la Directiva sobre protección de datos que «a efectos policiales y judiciales garantiza que los datos de víctimas, testigos y sospechosos de delitos estén debidamente protegidos en el marco de una investigación o de medidas de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, unas leyes más armonizadas facilitarán también la cooperación transfronteriza de la policía o de las fiscalías para luchar más eficazmente contra la delincuencia y el terrorismo en Europa».El último Eurobarómetro muestra que el 67% de los europeos está preocupado por no tener un control completo sobre la información que facilitan en línea y un 70 %, por el posible uso que las empresas puedan hacer de la información divulgada.

Fuente: http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/12/17/5673018c46163f18238b45ec.html