La gestión de Francisco Pérez no sólo ha dejado deudas que complican al nuevo gobierno. La pesada herencia del ex mandatario también está compuesta por causas judiciales e investigaciones contra ex funcionarios y caciques comunales que, con el correr de los días, deberán ser resueltos por la Justicia provincial.

Mientras mucho se habla en los medios nacionales sobre los casos de ex funcionarios como Amado Boudou, o el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en Mendoza también existen diversas causas por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública. Entre ellos, aparece incluso el ex gobernador Francisco Pérez, investigado por la sospechosa concesión de áreas petroleras cuando era ministro de Infraestructura.

Todos estas investigaciones son llevadas a cabo a paso lento por la Justicia provincial y otros órganos de control como Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Dichas entidades también han puesto la lupa sobre ciertos desmanejos cometidos en los últimos años.

Francisco Pérez: El ex gobernador de la provincia es investigado por su actuación en la concesión a la petrolera Chañares Herrados S.A (Chasa), a la cual se le prorrogó la concesión de dos áreas petroleras hasta el 2027. La operación fue celebrada con miembros de la empresa y Francisco Pérez, quien se desempeñaba en ese entonces como ministro de Infraestructura. Chasa se había comprometido a invertir 226 millones de dólares entre 2011 y 2014, pero en base a la producción de petróleo se deduce que no habría cumplido con lo pactado. Esta investigación era llevada a cabo por el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello, quien fue removido temporalmente de su cargo, el cual ahora es ocupado por Juan Manuel Bancalari.

Luis Lobos: Uno de los casos que mayor trascendencia mediática ha tenido es el del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos. Durante su gestión al frente del departamento, que hoy se encuentra en una grave crisis financiera, se habrían cometidoirregularidades por las cuales el ex fiscal Daniel Carniello imputó al cacique comunal. Específicamente, el ex presidente del Concejo Deliberante está imputado por fraude de administración pública y posible malversación de fondos. A eso, se suma una auditoría del Tribunal de Cuentas que revela anormalidades en contrataciones y procesos licitatorios realizados por la Municipalidad. En base a ello, la Justicia dispuso una serie de allanamientos para revisar la facturación a las empresas que aparecen mencionadas en el informe del Tribunal de Cuentas. Este caso también es llevado por el fiscal de Delitos Complejos Juan Manuel Bancalari.

Carlos López Puelles: Otro ex intendente que está en el ojo de la tormenta es el lujanino Carlos López Puelles. Al ex director General de Escuelas de Celso Jaque lo complica un informe remitido por el Tribunal de Cuentas a Fiscalía de Estado, en el que enumeran irregularidades cometidas en Luján de Cuyo durante el 2015. Entre ellas, la falta de información requerida sobre el consumo de asfalto ni expedientes relacionados a donaciones de combustible realizadas por YPF. A eso, se sumó una denuncia penal presentada por el actual intendente lujanino, Omar De Marchi, que acusa a su antecesor de peculado por la desaparición y desguace de gran parte del parque automotor municipal. Según los datos relevados, de un total de 132 rodados, 95 están fuera de servicio 95 por falta de motores, chasis desarmados, cubiertas, y todo tipo de repuestos e insumos.

Sergio Salgado: Mientras tanto, quien atraviesa una situación igual de complicada (o aún más) es el intendente de Santa Rosa Sergio Salgado. Al cacique comunal lo acusan de emitir 240 cheques sin fondo por un total de $9.779.231 y retener indebidamente los aportes de empleados municipales a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) por otros $2.5 millones. Desde la obra social lo emplazaron a entregar ese dinero a los trabajadores, a riesgo de ser denunciado penalmente por retención indebida de haberes si no lo hace. Por si esto fuera poco, el jefe departamental fue denunciado por su ex pareja por violencia de género y en febrero quedó imputado por esta causa. Bárbara Dorcemaine lo denunció por golpes y agresiones y el fiscal Gustavo Rosas, a cargo de la Fiscalía de Instrucción 1 Santa Rosa-La Paz, decidió imputarlo.

Juan Antonio Gantus: El ex ministro de Hacienda Juan Antonio Gantus también ocupa un lugar en esta lista de personajes públicos investigados por la Justicia. Gantus fue imputado por Daniel Carniello por supuestos actos de discriminación en el manejo de fondos públicos a la hora de pagarle a proveedores del Estado. Debido a ello, fue imputado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de una denuncia presentada por Fabián Vaia, quien realiza cobranzas para la empresa Mendoza Biomédicos SA. El caso ahora está en manos del fiscal Juan Manuel Bancalari.

Matías Roby: Otro caso a tener en cuenta es el del ex ministro de Salud, Matías Roby, quien ha sido imputado penalmente por fraude a la administración pública a raíz de una denuncia presentada por los gremios de la Salud. Desde el sector sindical acusan a Roby de cobrar su salario durante años sin asistir a su puesto de trabajo en el CONI. La denuncia cayó en manos de la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos, que imputó al médico deportólogo. En su defensa, Roby argumenta que se trata de una causa de larga data por la cual ya fue sobreseído en el fuero administrativo.

Leonardo Comperatore: Sobre la espalda del ex ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, también pesa una denuncia que podría complicarlo. Al ex funcionario lo acusan de ser el responsables de varias irregularidades en la licitación del sistema de Verificación Técnica Obligatoria de automóviles. Específicamente, una de las empresas interesadas en adjudicarse el servicio acusó al ministro Leonardo Comperatore de manipular pliegos y plazos para favorecer a otra de las compañías oferentes: Electro Sistemas S.A. La investigación es llevada a cabo por el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay.

Juan Manuel Tejada: En el mes de febrero, la Fiscalía de Estado detectó serias irregularidades en la rendición de fondos de la Dirección de Ganadería, por lo que decidió realizar una denuncia penal por el uso de facturas apócrifas, pago de servicios inexistentes o por duplicado. En total, Fiscalía de Estado detectó cerca de 3.5 millones de pesos sin rendir, mientras que el Tribunal de Cuentas emplazó a los responsables a devolver 2.8 millones de pesos. En base a ello, el fiscal de delitos complejos imputó a Tejada y otros cuatro empleados de la dirección por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa.

Fuente: http://www.mdzol.com/nota/648145-los-ex-funcionarios-que-investiga-la-justicia/