Desde el enojo y la indignación hasta la cautela, los gremios ligados al Poder Ejecutivo tuvieron distintas posturas frente a los dichos del gobernador.
Los referentes de los gremios estatales de Mendoza tuvieron reacciones dispares frente al primer discurso público de Alfredo Cornejo como nuevo gobernador de la provincia, en lo referente a la relación que la nueva administración pública espera mantener con los sindicatos.
La primera reacción fue la del titular del SUTE, Adrián Mateluna, quien ayer manifestó que «mantendremos cautela» frente a lo que dijo el martes el nuevo mandatario provincial y adelantó que pidió una audiencia «urgente» para tratar los distintos temas planteados por ambas partes.
Quien mantuvo una postura mucho más crítica hacia Cornejo fue el secretario general de ATE, Roberto Macho. En diálogo conMDZ, aseguró que «es lamentable escuchar al nuevo gobernador decir esas barbaridades en contra de la clase trabajadora».
«Lo que quiero aclararle al gobernador es que desconoce la normativa vigente, porque quiere limitar nuestros derechos, con respecto a las medida de acción directa. Lo mismo sucedió en la época del gobierno de (Julio) Cobos y logramos detenerlos», añadió.
Además apuntó directamente a las medidas que el nuevo mandatario quiere aplicar para terminar con los piquetes como forma de protesta: «Me parece lamentable lo que dice sobre que va a cortar el derecho de protestar. Eso es criminalizar la protesta social. En vez de sentarse con el pueblo y los trabajadores para dialogar va a mandar a la policía. Nunca lo tuvo en cuenta en su discurso de campaña».
A su vez, Macho denunció que «Cornejo tercerizó gran parte de las prestaciones en Godoy Cruz y se vienen las mismas mecánicas en la provincia» y reconoció que «me hubiese gustado sentarme en una paritaria para hablar sobre la situación de los trabajadores de la provincia en vez de escuchar su discurso».
Con respecto a la situación de los pagos de sueldos, el gremialista anunció que «seguimos en estado de asamblea yse está preparando una medida de acción directa para la semana que viene (entre los días 20 y 23)si no se liquidan los salarios».
En la misma sintonía pero más moderado estuvo Víctor Dagfal, secretario general de Sitea. Desglosado por temas, primero se refirió a la política de ‘premios y castigos’ que piensa implementar la nueva administración radical: «No estamos de acuerdo en que seamos tratados como niños. Siempre hemos sido castigados por todos los gobiernos, incluidos los radicales».
«Lo que tendría que hacer Cornejo, en vez de eso, es justicia, porque el gobierno que se fue llenó de funcionarios en planta permanente y los ha premiado con cargos altísimos, mientras que para nosotros es prácticamente imposible», aconsejó. De todos modos, manifestó que desde el gremio se espera que «se pongan en funcionamiento los concursos y se respete la carrera administrativa», siendo algunas de las promesas de Cornejo en campaña.
Más allá de esas situaciones, Dagfal consideró que Cornejo y sus ministros utilizan un lenguaje «neoliberal» cuando se refieren a los ‘premios y castigos’ y lo relacionó a las políticas implementadas por el entonces ministro Domingo Cavallo durante la década de 1990.
Con respecto a los piquetes, el titular de Sitea aclaró que en el gremio no utilizan ese método de protesta, aunque indicó que «la gente hace cortes de calles para visibilizarse ante la sociedad y los gobiernos de turno», remarcó que«no estamos de acuerdo con la represión» y advirtió: «Si Cornejo reprime, vamos a tener problemas graves».
Isabel Del Pópolo, secretaria general de Ampros, fue más conciliadora que sus pares, al menos frente al planteo de los ‘premios y castigos’: «Podríamos hablar de que sea una herramienta que no es atractiva, sino que tenemos que estimular de que todos trabajen bien y a gusto, dándole las condiciones laborales necesarias».
La responsabilidad profesional es lo que hay que premiar, al menos en el sector de la salud», subrayó.
En cuanto al tema de las protestas, la dirigente gremial ligada a la salud «las movilizaciones nacen de las malas gestiones y la falta de diálogo entre el Estado y los trabajadores. Ambas posturas fueron graves errores de las dos últimas gestiones».
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