La historia de los pases a planta en el Estado, sigue dando novedades día a día. El ex gobernador Francisco Pérez se fue, pero todavía queda la pesada herencia que le dejó al gobierno entrante por la cantidad de «acomodos» que firmó en los meses posteriores a las elecciones. En los últimos meses, el Boletín Oficial se transformó en una danza de nombres de funcionarios y amigos que de a poco fueron logrando su perpetuidad en el Estado, pero muchos están siendo cuestionados desde diversos sectores. A raíz de este descalabro, la Fiscalía de Estado estableció los parámetros con los que se analizarán los casos. 
Si bien cada situación es distinta, el organismo de control encontró la forma de estudiar cada nombramiento con un criterio unánime y bien definido. De esta manera, frente a cada denuncia, se tendrán en cuenta cinco puntos para determinar o no una irregularidad.
En primer lugar se aclara que se debe cumplir con el acceso a la información pública, de manera que los diversos ministerios deben responder cuando se les pide información sobre algún expediente. Es que en algunas carteras no se han molestado en brindar información sobre los pases a planta cuestionados y por los que se solicitó mayores detalles.
Luego, la Fiscalía de Estado aclara que el ingreso a la función pública “debe hacerse en forma interina hasta tanto se materialicen los concursos”. Además los pases a planta deben cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal que no permite nombramientos después del 30 de junio en año de elecciones. Por otra parte el organismo que conduce Fernando Simón confirma que está “groseramente viciado” el acto administrativo cuando el volante de imputación preventiva del gasto se haya emitido durante la veda que establece la norma.
Además, teniendo en cuenta las denuncias de OSEP, donde había empleados adscriptos a otros ministerios cobrando un adicional, se estableció que sólo se pueden percibir si prestan funciones para la misma repartición a la que originalmente pertenecen o si prestan funciones vinculadas al organismo al que pertenecen. Todos estos parámetros quedaron establecidos a raíz de las denuncias que fueron ingresando a la Fiscalía durante la gestión de Pérez.
Entre los casos que se analizan hay uno que podría ser más grave que el resto y se da en el ex Ministerio de Cultura que conducía Marizul Ibáñez. La denuncia que investigan es que en esa cartera se contrataba gente por un día y trabajaban todo el mes, y no tenían las partidas para imputar el gasto. El caso reviste gravedad porque, de comprobarse, los funcionarios podrían ser acusados de malversación de fondos públicos.