Dos de los síntomas de estos días se dieron en menos de 24 horas: por un lado, el fallo cautelar que refrendó la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría (foto), donde dejó en claro que el mandato del presidente electo, Mauricio Macri, comenzará «a las 0 horas del día 10 de diciembre».

La jueza falló así en sintonía con el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, quien en tiempo récord resolvió un planteo del propio macrismo.

De más está decir que, tanto el fiscal como la jueza, están alineados al riñón del partido Justicialista. Más aún, Servini de Cubría supo tener contacto directo con referentes del peronismo como Jorge Antonio y Lorenzo Miguel.

Di Lello es aún más obvio: tiene bajo el vidrio de su escritorio una foto de Evita.

Como sea, al fallo que coronó a la presidencia a Macri de manera suspicaz, se suma la embestida judicial que se dejará ver en las próximas semanas.

Ver además: La venganza del PJ contra CFK

Parte de lo que vendrá tiene que ver con un expediente que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, relacionado con presuntos sobornos en la importación de gas. En ese contexto, no casualmente decidió el magistrado allanar el Ministerio de Planificación Federal y las empresas estatales Enarsa e YPF el mismo día que se conmemoraba con dolor un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el pasado 18 de julio.

Otro expediente que avanzará es el de Hotesur, que en unas semanas el juez Daniel Rafecas va a reimpulsar, para enojo de CFK.

Pero hay otra causa aún más elocuente de lo que vendrá, que impulsa su colega Ariel Lijo: es la que busca determinar si los laboratorios medicinales que traficaron efedrina aprovecharon la campaña política del Frente para la Victoria en 2007 para blanquear dinero.

Una campaña bajo sospecha

Lijo tiene en su poder un documento determinante y elocuente: un dictamen de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que da por probado el hecho.

Con ese informe en sus manos, el juez irá por Cristina; y Bonadío hará lo propio con el expediente Hotesur, tal cual le juró en reserva a la denunciante de marras, Margarita Stolbizer.

El juez Lijo sospecha que se habría violado la ley 25.246, al tiempo que abriga la posibilidad de que hubiera habido encubrimiento de la procedencia de activos —del artículo 278 del código de rito—. También podrían darse otras figuras penales como asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, falta a los deberes de funcionario público, recepción de coimas y dádivas, malversación de fondos públicos y hasta contrabando simple.

Al documento de la Corte, debe sumarse un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de principios del año 2010 que también está en poder del juez. Allí también se vincula la campaña del año 2007 con puntuales empresarios investigados por tráfico de efedrina.

Por caso, en ese documento, donde aparecen oportunos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se desnuda cómo el empresario Néstor Lorenzo hizo una serie de aportes en efectivo a la campaña ad hoc por un total de 2 millones ochocientos mil pesos, entre octubre y noviembre del 2007.

Como sea, según reveló oportunamente diario Perfil, un grupo de jueces se reunieron en Puerto Madero para ponerse de acuerdo entre sí y avanzar en causas de corrupción contra el kirchnerismo. Quien coordinó ese ágape es un operador cercano a Eduardo Duhalde, un peronista “de raza”.

Otro que también ostenta esa cucarda —de «pejotista de ley»— es Juan Manuel Urtubey, quien no casualmente estará hoy en la asunción de Macri.

Dicho sea de paso, en las últimas horas el gobernador de Salta dejó una frase elocuente al respecto: «La gestión debe ser un beneficio para el pueblo, no para los funcionarios. Quien no lo entienda debe dar un paso al costado».

Los síntomas están a la vista… todo está más que claro. Como dijo alguien alguna vez, “en política las casualidades no existe”.