El Gobernador bajó los decibeles y abrió una puerta al diálogo. El lunes al mediodía,Alfredo Cornejo y el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se verán las caras para conversar acerca del polémico fallo que firmó el Máximo Tribunal mendocino que regula las detenciones y la prisión preventiva.

El mandatario prefirió decir “quiero escucharlos” y negar motivaciones políticas: “No tengo ninguna prueba de que sea un fallo en contra del Gobierno. Es un fallo dirigido a la propia Justicia. El problema es que tiene impacto en todo el sistema de seguridad”.

En la mañana de ayer hubo una reunión en el Gobierno para analizar el fallo que la Suprema Corte firmó el miércoles y Los Andes publicó en exclusiva el jueves.

El fallo que desató las tormentas fue la respuesta a un hábeas corpus colectivo por 874 detenidos sin el aval de un juez de garantías. En la decisión suprema se otorga a los magistrados intervinientes un plazo de 60 días para regularizar esa situación, al tiempo que establece un mecanismo velocísimo para definir futuras privaciones de libertad previas a la sentencia.

Ese fallo provocó la reunión de ayer que encabezó Cornejo. Hubo un llamado al supremo Llorente y se acordó la vía del diálogo. En ese contexto, se entiende que el tono fuera conciliador: “La mejor forma de llegar a un entendimiento es que nos escuchemos. Me gustaría que lo escucharan al comisario general (Roberto) Munives, para que sepan cuáles son las dificultades operativas que él va a tener para aplicar ese fallo».

Pero inmediatamente después fluía un Cornejo suspicaz, apuntándole a uno de los supremos: “Me gustaría escuchar al autor del fallo, Omar Palermo, quien redactó esto y que se parece muchísimo a la acción colectiva que presentaron los abogados (Diego) Lavado (Pablo) Salinas y otros. El hábeas corpus y el fallo tienen armonía perfecta”.

Lavado y Salinas son parte integrante de la organización de derechos humanos Xumec, responsable de la presentación del hábeas corpus. Sus integrantes adhieren a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, como Palermo.

Además, Cornejo recordó que algunos de los que están en esa ONG pasaron por la gestión de Celso Jaque y que en los ocho años de gobierno del peronismo local hubo sintonía con las políticas penitenciarias nacionales: “A nivel nacional, consideraban que no son necesarias las cárceles” y por eso no se ha hecho nada para resolver el problema de hacinamiento en los presidios locales.

El suspicaz Cornejo no atribuye motivaciones políticas a la Corte, pero sí se las atribuye a Xumec. Recordó que durante los dos últimos gobiernos radicales se amplió el penal de Boulogne Sur Mer, que durante el de Julio Cobos se construyó el penal de Almafuerte, se amplió el de San Rafael y se abrió el penal de mujeres de El Borbollón.

Recordó que en 2007 habían 2.307 personas privadas de la libertad y que ahora la cifra de internos había trepado a 4.025, pero sin haberse construido un metro cuadrado para mejorar la calidad de vida de los presos, pero es ahora que Xumec llega con su hábeas corpus.

«Tenemos amplio respeto por la división de poderes, una vocación de armonía con nuestra Corte, pero no podemos menos que señalar que este fallo tiene severas dificultades de aplicación. Uno de los compromisos que hemos establecido con la ciudadanía es mejorar la situación de seguridad y este fallo entorpece esos objetivos”, dijo el mandatario en su faz conciliadora.

Ayer pareció primar la cordura. Nadie, ni públicamente, ni en voz baja, negaba que el fallo tiene cierta razón de ser y que es una violación de los derechos individuales tener indefinidamente a una persona presa sin sentencia firme, es decir sin demostrar su culpabilidad. El problema es que la multiplicación de personas presas sólo con prisión preventiva dictada está directamente vinculada al lentísimo trabajo de la Justicia.

“Todos buscamos la garantía de los derechos. Sabemos perfectamente a lo que nos obliga la Constitución, los tratados internacionales y queremos trabajar en ese sentido. Esos números son el resultado de estos años. No ha habido procedimientos adecuados dentro de la Justicia”, acotó la vicegobernadora Laura Montero.

Hasta el conciliador Cornejo no pudo disimular la responsabilidad del Poder Judicial en la cantidad de presos sin sentencia: “Debería haber actuado la Suprema Corte antes para no llegar a esta situación. La Constitución le da la superintendencia de todos los jueces, y no la ejerce aplicando sanciones, cambiándolos. No se puede resolver de la noche a la mañana con una decisión de este tipo haciendo crujir a todo el sistema, incluido el policial y de seguridad”.

Por cada detenido, cinco móviles y 15 policías

Según los cálculos hechos en la Policía de Mendoza, por cada uno de los detenidos acerca de los cuáles un juez de garantías deba resolver la prisión preventiva en 24 horas, hay que destinar cinco móviles policiales con dos o tres efectivos para traslado del propio detenido, de los testigos, para inspecciones oculares y para pericias.

Es decir, que en un día en el que se detenga a 50 personas en toda la provincia (un número con antecedentes cercanos) habría que destinar unos 750 policías y 250 móviles sólo para que el magistrado decida si otorga o no la prisión preventiva y ese personal hay que retirarlo de las tareas de prevención de delitos.

El cálculo lo hizo el comisario general Roberto Munives. “Va a haber una mayor vulnerabilidad social ante los victimarios”, decía el jefe de la Policía de Mendoza.

El salón Patricias del cuarto piso de Casa de Gobierno estaba lleno. Estaban Alfredo Cornejo y Munives y también la vice Laura Montero; los senadores Juan Carlos Jaliff y Alejandro Molero; los diputados Néstor Parés y César Biffi; el ministro de Seguridad, Gianni Venier y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino. También estaba el diputado nacional Luis Petri.

Los jueces niegan “libertades masivas”

Ante versiones equívocas que pueden provocar en la comunidad desinformación o, lo que es peor, error conceptual y temores infundados, esta Suprema Corte de la Provincia entiende necesario formular las siguientes aclaraciones:

La sentencia dictada en el“Habeas Corpus Correctivo y Colectivo (Penitenciaría de Mendoza) CUIJ: 13-03815694-7“ no ha venido a abolir alguna norma constitucional, penal, procesal o de seguridad. No ordena la libertad de personas detenidas con condena firme o con prisión preventiva dictada por juez competente, ni personas detenidas por orden de detención del Ministerio Público Fiscal. Sino que, tiene por objeto regularizar estas últimas ordenes de detención, las que deberán ser dispuestas en tiempo oportuno y conforme a la ley. Tiene por objeto armonizar la realidad de las detenciones y prisiones preventivas con las exigencias de una sociedad que reconoce el Derecho como pauta fundamental para su organización y funcionamiento.

No es legal que existan personas detenidas sin orden de juez competente por largos períodos de tiempo y en razón de ello se han dispuesto judicialmente los procedimientos indispensables para garantizar la inmediata actuación del juez tal como lo exigen las leyes procesales vigentes, la Constitución de Mendoza de 1916 y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional. Por ello, la Suprema Corte de Mendoza ha establecido un protocolo de regularización de esa situación. No se trata de ordenar libertades masivas, sino de asegurar procedimientos de adecuación de la detención de personas mediante jueces imparciales.

Los fiscales, necesariamente, son la parte acusadora en cualquier sistema acusatorio penal; en consecuencia las garantías judiciales deben darlas los jueces imparciales, una vez examinado cada caso que se les eleve.

La prisión preventiva es excepcional por su naturaleza y no porque lo disponga una sentencia de la Corte; por lo tanto, exigir que se demuestre razonablemente ante un Juez que existen elementos de prueba suficientes para ordenar que una persona imputada de un ilícito penal sea sometido a prisión antes de la sentencia, no es más que cumplir con las leyes vigentes.

Cualquier habitante de la Provincia puede ser sometido a un proceso penal, ya que en nuestro Código Penal contempla figuras penales más allá de las popularmente conocidas.

La razón de la existencia del Poder Judicial es garantizar los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos.Comprobadas situaciones contrarias a esa finalidad, la Suprema Corte, como Órgano de Gobierno de ese Poder, debe intervenir para resolverlas. Por eso, ha dado instrucciones a Jueces y Fiscales que dependen de ella, sobre las medidas que deben cumplir para ordenar detenciones y prisiones.

Fuente: http://losandes.com.ar/article/cornejo-llevara-a-la-corte-su-queja