Cámaras vitivinícolas de Mendoza y San Juan, que representan a pequeños y medianos productores y bodegueros de ambas provincias, enviaron un documento a los gobernadores electos Alfredo Cornejo (Cambiemos) y Sergio Uñac (FpV) donde proponen una serie de propuestas para aplicarse en el sector vitivinícola, entre las cuales se encuentran las derogaciones del Tratado Mendoza-San Juan y la Coviar.

Dicho petitorio fue redactado y firmado por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este (Mendoza), la Asociación de Productores del Este de Mendoza, la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan y la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.

Además, las dos asociaciones vitivinícolas de la zona Este han solicitado con urgencia una audiencia con Cornejo para tratar la delicada situación del sector y analizar las medidas solicitadas en el petitorio.

Los pedidos de las agrupaciones vitivinícolas son:

1. Derogar la ley 6.216/94 y 6.543/94 que ratifican el TRATADO MENDOZA- SAN JUAN, celebrado entre ambas provincia el 17 de noviembre de 1994.

Para las asociaciones vitivinícolas, este tratado «ya ha cumpido su ciclo» y consideraron que «estamos ante una particular situación que se expresa claramente en la realidad y que obliga a repensar el esquema propuesto en el tratado, adecuandolo al contexto nacional e internacional».

Además manifestaron que dicho acuerdo interprovincial no ha garantizado la inclusión del mosto como herramienta de diversificación de la industria ni la rentabilidad del sector vitivinícola, como así tampoco u8na mejora en los precios.

2. Acordar un esquema de diversificación regional de la producción de uvas que contemple diversas opciones de elaboración de productos que no tengan como destino de comercialización el mercado interno o se destinen a uso no vínico. El porcentaje de diversificación que se acuerde podrá cumplirse elaborándose el total y/o parcial de dichas uvas con destino a: mostos, y/o a caldos para destilación, vinagre, base vino de otros productos, usos no vínicos, etc. etc., y/o a vinos con único destino a exportación mediante indisponibilidad controlada y fiscalizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. No se admitirán compensaciones y/o excepciones al cumplimiento de la diversificación del porcentaje de la producción de uvas que acuerden ambos gobiernos cada año.

«Con esta modalidad se hace partícipe a todos los sectores de la vitivinicultura en el esfuerzo de la diversificación y crea diferentes expectativas de comercialización a la par de estimular a los empresarios en busca de oportunidades de negocios y nuevos mercados», argumentaron las instituciones cuyanas. En ese sentido, se valoró que sean las provincias las que creen políticas de diversificación mixta y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) el administrador y fiscalizador de las mismas.

3. Prever la disponibilidad de recursos necesarios para ser aplicados a créditos de cosecha y acarreo; fomento y/o estímulo para la diversificación propuesta.

Para ello, las asociaciones hacen hincapié en el uso de algunas herramientas que las administraciones públicas han llevado a cabo, con su correspondiente reformulación y ajuste, ya sean implementadas de manera complementaria o por separado, según las situaciones. Entre algunas medidas, se mencionan los operativos de compras de uva para mosto, subsidios para la vinificación de vinos exportables y líneas de prefinanciamiento de exportaciones del sector.

4. El INV deberá tomar los recaudos suficientes para elaborar y publicar la primera estimación de cosecha de uvas no más allá del 20 de diciembre 2015.

Los productores y bodegueros del Este criticaron el criterio del INV de tener un informe cuantitativo recién a finales de enero del 2016, rechazando además los argumentos del organismo.

5. Proceder a la inmovilización e indisponibilidad del 20% de las existencias totales de vino al 15/11/2015 y complementariamente diseñar un fideicomiso a fin de proceder a la compra de dichos vinos con el objetivo de exportarlos, desnaturalizarlos y destinarlos a destilación, en las condiciones y plazo que se acuerden.

Según este punto, las intituciones plantearon que «teniendo en cuenta las existencias al 1 de octubre de 2015, entre la provincia de Mendoza y San Juan suman 1.495.402.800 de litros de vino; el 20% que se propone inmovilizar equivale a 300 millones de litros de vino. Si tomamos las existencias a nivel país, la inmovilización sería de 318 millones de litros».

6. Anunciar que la fecha de liberación de vinos de la vendimia 2016 será el 1 de agosto del 2016.

«Esto tendría como efecto inmediato una tonificación de precios, ya que las existencias al 1 de octubre de Mendoza y San Juan proyectadas al 1 de agosto del 2016 (fecha prevista actualmente para la liberación) apenas llegarían al 1.5 meses de despacho», consideraron las instituciones vitivinícolas.

Además advirtieron que «en la misma línea pero incluyendo la cosecha 2016, estimada según promedio de los últimos años y con una diversificación mixta aproximada del 30% de la uva, cumpliendo dicho porcentaje con un 70% a mosto y un 30% a vinos con único destino a exportación más otros usos no vínicos y manteniendo la fecha liberación al 01/08/2017, el stock de vinos disponibles sería de alrededor de 1.2 meses tal como se muestra en el cuadro siguiente».

«Aquí se pone de relieve que con una diversificación mixta los vinos inmovilizados con único destino a exportación y/o usos no vínicos y/o a destilería serán de 1.6 meses de comercialización», manifestaron como muestra de apoyo a esta propuesta.

7. Determinar que, a partir del 1 de enero del 2016, queda prohibida la plantación de nuevos viñedos. El INV deberá garantizar tal impedimento.

Si se implementa este pedido, la superficie de tierras implantadas con viñedos deberá congelarse en las 226.000 hectáreas a nivel nacional. Esta medida serviría para evitar una sobreoferta de uvas y vinos en el mercado, lo que conduciría a una inevitable caída de precios.

8. Impulsar la derogación de la ley 25.849/04 que CREA LA CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA – COVIAR – DESTINADA A GESTIONAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL DENOMINADO PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020. Tal solicitud se sustenta en que dicha corporación NO ha logrado los resultados esperados; su sostenimiento económico es un verdadero impuesto sin retorno; se ha desnaturalizado su norte estratégico y NO resolvió los problemas estructurales que diagnosticó en su momento. Mientras ello ocurre ambas provincias deberán propiciar la suspensión del cobro de la contribución obligatoria.

En este último tiempo se ha puesto en duda la existencia de la Coviar, y el Centro de Bodegueros del Este dejó bien en claro su postura al considerar que este organismo «fracasó» en su gestión.

Entre algunos de los puntos que la Coviar se había propuesto en un principio pero no logró alcanzar, se encuentra la mayor competitividad en los mercados y el mejoramiento de la posición del pequeño productor en el sector.

Fuente: http://www.mdzol.com/nota/640327-vinateros-pidieron-la-eliminacion-de-la-coviar/