Cámaras vitivinícolas de Mendoza y San Juan, que representan a pequeños y medianos productores y bodegueros de ambas provincias, enviaron un documento a los gobernadores electos Alfredo Cornejo de Mendoza y Sergio Uñac de San Juan donde proponen una serie de propuestas para el sector vitivinícola, entre las cuales se encuentran las derogaciones del Tratado Mendoza-San Juan y la Coviar.
Dicho petitorio fue redactado y firmado por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este (Mendoza), la Asociación de Productores del Este de Mendoza, la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan y la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.

Las dos asociaciones vitivinícolas de la zona Este han solicitado con urgencia una audiencia con Cornejo para tratar la delicada situación del sector y analizar las medidas solicitadas en el petitorio.
Los pedidos de las agrupaciones vitivinícolas son, entre otros, derogar la ley 6.216/94 y 6.543/94 que ratifican el Tratado Mendoza- San Juan, celebrado entre ambas provincia el 17 de noviembre de 1994.
Para las asociaciones vitivinícolas, este tratado «ya ha cumplido su ciclo» y consideraron que «estamos ante una particular situación que se expresa claramente en la realidad y que obliga a repensar el esquema propuesto en el tratado, adecuándolo al contexto nacional e internacional».

Además manifestaron que dicho acuerdo interprovincial “no ha garantizado la inclusión del mosto como herramienta de diversificación de la industria ni la rentabilidad del sector vitivinícola, como así tampoco una mejora en los precios”.
Además, piden “acordar un esquema de diversificación regional de la producción de uvas que contemple diversas opciones de elaboración de productos que no tengan como destino de comercialización el mercado interno o se destinen a uso no vínico. El porcentaje de diversificación que se acuerde podrá cumplirse elaborándose el total y/o parcial de dichas uvas con destino a: mostos, y/o a caldos para destilación, vinagre, base vino de otros productos, usos no vínicos, etc. etc., y/o a vinos con único destino a exportación mediante indisponibilidad controlada y fiscalizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

No se admitirán compensaciones y/o excepciones al cumplimiento de la diversificación del porcentaje de la producción de uvas que acuerden ambos gobiernos cada año.
También solicitan “prever la disponibilidad de recursos necesarios para ser aplicados a créditos de cosecha y acarreo; fomento y/o estímulo para la diversificación propuesta.
Para ello, las asociaciones hacen hincapié en el uso de algunas herramientas que las administraciones públicas han llevado a cabo, con su correspondiente reformulación y ajuste, ya sean implementadas de manera complementaria o por separado, según las situaciones. Entre algunas medidas, se mencionan los operativos de compras de uva para mosto, subsidios para la vinificación de vinos exportables y líneas de prefinanciamiento de exportaciones del sector.
Asimismo, señalan que “el INV deberá tomar los recaudos suficientes para elaborar y publicar la primera estimación de cosecha de uvas no más allá del 20 de diciembre 2015.

Los productores y bodegueros del Este criticaron el criterio del INV de tener un informe cuantitativo recién a finales de enero del 2016, rechazando además los argumentos del organismo, y “proceder a la inmovilización e indisponibilidad del 20% de las existencias totales de vino al 15/11/2015 y complementariamente diseñar un fideicomiso a fin de proceder a la compra de dichos vinos con el objetivo de exportarlos, desnaturalizarlos y destinarlos a destilación, en las condiciones y plazo que se acuerden, como también anunciar que la fecha de liberación de vinos de la vendimia 2016 será el 1 de agosto del 2016.

Finalmente, determinar que, a partir del 1 de enero del 2016, queda prohibida la plantación de nuevos viñedos. El INV deberá garantizar tal impedimento.
Si se implementa este pedido, la superficie de tierras implantadas con viñedos deberá congelarse en las 226.000 hectáreas a nivel nacional. Esta medida serviría para evitar una sobreoferta de uvas y vinos en el mercado, lo que conduciría a una inevitable caída de precios.