México rompió con su pasado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuatro votos a favor y uno en contra, ha abierto las puertas a la legalización de la marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de lucro. La histórica decisión supone un paso de gigante para un país que durante años ha combatido a sangre y fuego el narcotráfico. Nuevamente, como ya ocurriera con el matrimonio gay, han sido los jueces los que han tomado la iniciativa frente a una opinión pública mayoritariamente en contra y unos partidos titubeantes. En este caso, los magistrados han primado la libertad personal sobre los daños a la salud. Y aunque el fallo circunscribe la autorización para el consumo, cultivo y posesión a los pleiteantes, en la práctica pone en marcha el mecanismo para una legalización más amplia. “No estamos ante una cuestión penal, sino de modelo de vida y libertad de la persona”, afirmó la magistrada Olga Sánchez Cordero. Un giro copernicano en el que han sido determinantes losavances registrados en Estados Unidos, pero también una estrategia jurídica diseñada para este fin.

El fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte es fruto de un recurso presentado por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, una entidad fundada en 2013 por cuatro abogados y empresarios con el objetivo de forzar el debate por la vía jurídica. El primer paso fue pedir autorización a la Secretaría de Salud. Dado que el consumo está técnicamente despenalizado en México, este colectivo centró su solicitud en las actividades correlacionadas: desde el sembrado hasta la preparación, el transporte y la posesión. Todo ello con fines lúdicos y sin ningún ánimo de lucro. La propuesta fue rechazada por la Administración, alegando que vulneraba la legislación sanitaria. Fue entonces cuando la pelota pasó al campo judicial y los litigantes encadenaron recursos de amparo hasta llegar a la Suprema Corte.

En un terreno inmediato, la reacción de los partidos aún está por ver. Ninguno se ha opuesto con claridad a la legalización. Pero el rechazo que muestran las encuestas, con negativas del 70%, les han llevado a ser muy cautelosos en sus planteamientos. Solo el PRD, la fuerza hegemónica de la izquierda, ha defendido que se ponga fin al “paradigma punitivo” y ha apostado por una liberalización inmediata. El PRI (gubernamental) y Morena han abogado por una consulta pública, y el PAN, la derecha, se ha limitado a proponer un debate. En esta zona gris, incluso la Iglesia ha mostrado una inusual tibieza y, sin declararse a favor o en contra, ha pedido un análisis desapasionado del caso.

En esta aparente frialdad influye la constatación de que años de lucha contra el crimen organizado no han logrado avances significativos. Por el contrario, la locura de la narcoviolencia y la extenuante guerra contra los cárteles, con 80.000 muertos y 20.000 desaparecidos a sus espaldas, han debilitado los argumentos de los opositores a la regulación. Conscientes de ello, durante los debates, los partidarios no han dejado de recordar que la legalización supone un golpe a las finanzas del narco y una posible reducción de la violencia del narcomenudeo, la más cercana al ciudadano. El empresario Armando Santacruz, uno de los pleiteantes, lo resumió así: “Lo peor que puede ocurrir con una sustancia peligrosa, es que el Estado abdique de su responsabilidad y deje en manos del crimen organizado su control”. La histórica sentencia de la Suprema Corte de México abre la vía para el cambio.