En algunos días, podría caerse un aporte no reembolsable del BID superior a los 5 millones de dólares, destinado al pago de cámaras de seguridad, porque la provincia no aporta lo que le corresponde.
A fines del año pasado, el gobernador Francisco Pérez anunció la instalación de más de 500 cámaras de vigilancia para el Gran Mendoza. A la fecha, es otra promesa incumplida y desde la UCR advierten que podría caerse el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado al pago de estos dispositivos (cercano a los 5 millones de dólares) porque la provincia no cumplió con su parte.
En septiembre de 2014, el Gobierno llamó a licitación para modernizar el sistema de videovigilancia de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo. La inversión se acordó con el BID por cerca de 8 millones de dólares, de los cuales la provincia debía poner un 25 por ciento (2 millones) que, por el momento, según denuncia la oposición, no se ha cumplido.
El diputado provincial de la UCR, Néstor Majul, denunció que, a la fecha y por obvias razones, el Gobierno no ha cumplido con la contrapartida del 25 por ciento y, por ello, podría caerse el aporte no reembolsable (ANR) gestionado a través del BID. «La gestión implicaba que el 75 por ciento de los recursos los ponía el BID en tanto la provincia debía girar el 25 por ciento. Esto no se ha efectivizado y tenemos información de que podría caerse el aporte. Nuestra intención es que se sostenga y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo», lanzó el legislador opositor.