San Rafael, Mendoza viernes 29 de marzo de 2024

Se frenan las obras para enfrentar el hacinamiento carcelario

Carcel federalLa cárcel para 500 presos federales está casi parada por un conflicto entre la empresa contratista y el Gobierno Nacional. Por su parte, el nuevo penal en Cacheuta para alojar entre 600 y 900 condenados de la Justicia provincial ni siquiera ha sido aprobado por la Legislatura y depende de que se consiga financiamiento por casi 1.000 millones de pesos.

Los dos penales que se quiere habilitar en Mendoza para enfrentar el problema del hacinamiento de presos están frenadas, o casi, por distintas razones.

Uno de ellos es la cárcel para presos federales en Mendoza. En este caso, la promesa es tan vieja que el proyecto, aunque se hiciera realidad mañana mismo, probablemente no alcanzaría para cubrir la demanda actual.

En efecto, el presidio que se comenzó a construir con fondos nacionales en Cacheuta fue pensado para alojar 480 personas, pero los internos encarcelados por la Justicia Federal que han sido recibidos en las cárceles provinciales ya suman 536.

De acuerdo con el detalle aportado por el Ministerio de Gobierno, en Mendoza hay 685 presos federales en total. Es enorme la desproporción entre procesados (517) y condenados (168). De ese total, 149 se encuentran bajo el régimen de prisión domiciliaria y el resto, detrás de las rejas, pero en los penales destinados a los presos de la Justicia provincial.

Quizás pueda ajustarse el penal federal en construcción para albergar 536 internos, en lugar de 480, pero el problema principal es que la cárcel está muy lejos de ser realidad: el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, reconoció que esta obra valuada en 500 millones de pesos está casi parada por un conflicto entre la empresa que la construye y el Gobierno Nacional.

«La empresa (Isolux) pidió una re determinación de precios y se generó un conflicto con la Nación», explicó el funcionario. Como consecuencia, hay sólo 6 o 7 obreros trabajando en la construcción, cuando debería haber cientos.

«Probablemente se vuelva a licitar la obra este año», explicó Lafalla, quien señaló que el nuevo penal no estaría listo antes de que termine 2015, a pesar de que tiene dos pabellones en los que la construcción está «en el orden del 80 por ciento».

La otra cárcel

Tampoco está cerca de concretarse el penal «llave en mano» que desde el año pasado impulsa el Gobierno provincial.

La nueva cárcel se erigiría en Cacheuta, al igual que el complejo de Almafuerte y el penal para presos federales.

A través de esta obra, se busca darle albergue a «648 internos penados», con la posibilidad de extender su capacidad a 904.

La iniciativa ha corrido en este caso por parte de Obras Andinas, la empresa de Omar Álvarez. El empresario lleva todas las de ganar, dado que se trata de una licitación por iniciativa privada. Esto le permitiría mejorar su oferta en caso de que algún competidor ofrezca hacerla por un precio más barato.

Pero lo que parece tener hasta un principio de acuerdo con el radicalismo (según el Gobierno) depende de un gran desafío: que se consiga el financiamiento, que ronda los 1.000 millones de pesos.

Este proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados y los trámites están avanzados en el Poder Ejecutivo, pero no entró en el arreglo entre Francisco Pérez y Alfredo Cornejo para la transición, en el cual se fijó destino para un endeudamiento de 5.800 millones de pesos.

Cárceles superpobladas

El freno de los nuevos penales agrava los problemas de superpoblación en los establecimientos penitenciarios mendocinos, situación que ha motivado la presentación ante la Corte provincial de un hábeas corpus colectivo por parte del Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado, y del abogado de los derechos humanos, Diego Lavado, entre otros.

Si bien el planteo de estos abogados fue dirigido a la Justicia provincial con el objetivo de detener el “encarcelamiento indiscriminado” que ha devenido de un supuesto mal uso de la prisión preventiva, la carencia de infraestructura carcelaria en Mendoza es otro costado del problema.

Los letrados que elevaron el pedido de hábeas corpus a la Corte consignaron que sus monitoreos han permitido detectar “hasta 10 personas alojadas en celdas de 2,5 por 3,5 metros”.

Según la denuncia, en el complejo de San Felipe hay capacidad para alojar 960 personas, pero entre sus paredes hay 1.287. Es decir que en ese penal dormirían en el suelo más de 320 personas, factor que puede aumentar la violencia intramuros.

El propio Lavado recordó que la promesa de construir la cárcel federal en Mendoza para aliviar los penales mendocinos fue anunciada cuando él era subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Celso Jaque, hace ocho años, pero todavía no se ha convertido en realidad.

A la par de este proyecto largamente demorado, la curva ascendente de población en las prisiones mendocinas crece todos los años.

En este sentido, un estudio de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte provincial de agosto de este año señaló que, en 15 años, esa población se duplicó de casi 2000 presos a más de 4.000.

La infraestructura existente no alcanza, a pesar de que Mendoza tiene cuatro complejos de grandes dimensiones, tres unidades penales y cinco alcaidías.

En dos de los cuatro complejos hay más de 1.000 presos: San Felipe (1287) y Almafuerte (1201). En tanto que el viejo penal de Boulogne Sur Mer alberga 957, el complejo de San Rafael 370 y la unidad carcelaria de mujeres de El Borbollón, 124.

 

Fuente: http://www.mdzol.com/nota/632695-se-frenan-las-obras-para-enfrentar-el-hacinamiento-carcelario/
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sé el primero en comentar en «Se frenan las obras para enfrentar el hacinamiento carcelario»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*