Pero el salvavidas no llegó. Minutos antes de las 21, el Gobierno comunicó que sólo cobrarían los estatales que perciben hasta 15.350 pesos de bolsillo. De acuerdo a los cálculos oficiales, los que tendrían plata en sus cajeros serían unos 66.521 agentes, cerca del 75% de la planta del Estado.

En ese mismo comunicado, el Gobierno anunciaba que hoy depositaría los fondos necesarios para cubrir el resto de los haberes.
Todo parece ser una cuestión de confianza. Todas las señales siguen desnudando no sólo la falta de fondos para pagar sueldos, una carencia que ya no es novedad, sino también la falta de avales legales para sentarse a pedir una asistencia que evite más desgaste político del peronismo de cara a las elecciones nacionales del 25 de octubre.

Pero la negativa del Nación indica que se quebró algo en el camino: la confianza; y se sabe que sin ese frágil sentimiento todas las gestiones son escasas. Al mismo tiempo, el Gobierno agita el mismo sentimiento para asegurar que hoy se pagará el resto.

Los golpes políticos se suceden. A última hora del martes el presidenciable Daniel Scioli canceló su visita a Mendoza programada hace un mes, para evitar que el otro golpe político del día lo rozara: que el Gobierno provincial no pagara los salarios estatales.

Ayer la atención se centró en la aprobación de la ley de endeudamiento acordada por Pérez y el electo Alfredo Cornejo pero, tras bambalinas del escenario político, se sentían los rumores que llegaban desde Buenos Aires, donde estaban el gobernador Pérez y el ministro Juan Antonio Gantús, tratando de destrabar la asistencia financiera que permitiera pagar la nómina salarial del Estado en su totalidad.

Sin asistencia, la provincia debía pensar en pagar escalonadamente. Una alternativa que ya se había barajado el lunes y el martes. La idea original era pagar los sueldos inferiores a 15 mil pesos e ir pagando el resto con el correr de los días.

Según los cálculos de los analistas y de acuerdo al ritmo de ingreso de recursos, pagar todos los salarios llevaría no menos de diez días. Por eso es que la opción del pago escalonado no era viable, porque significaba estirar la agonía del costo político aún más cerca de las elecciones nacionales.

La dureza del Banco Nación tiene raíces muy cercanas. Todos los meses la entidad tira una mano para que la Provincia pueda pagar sueldos. A fines de agosto la mano fue más grande y arriesgada. Además de la ayuda habitual en descubierto, llegó un préstamo de 800 millones de pesos, que fue depositado en las cuentas provinciales el 28 de agosto pasado, justo a tiempo para que se pudieran pagar los sueldos de agosto.

Ese crédito llegó casi fiado; es decir, Pérez debía tramitar las autorizaciones legales para salvar su propia responsabilidad y las de los funcionarios de línea del banco. Pero ese trámite nunca se completó. Nunca hubo dictámenes de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. Entonces Pérez firmó un decreto, el 1.545, sin el respaldo de los dos entes de control.

Esto quebró la confianza de los banqueros y endureció cualquier gestión en favor de la provincia. Así fue que Pérez y su ministro Gantús debieron agotar oficinas y dependencias nacionales con el objeto de ablandar el duro reproche de la banca estatal.

El trámite express de la ley de endeudamiento era la última esperanza. Apenas terminó la sesión del Senado que transformó en ley el proyecto que Pérez y Cornejo acordaron hace algunos días, Pérez ya estaba reclamando número de ley y decreto de promulgación firmado por el vicegobernador Carlos Ciurca, a cargo de la Gobernación. Cuentan que raudamente salió el texto vía correo electrónico, para que quedara claro a los funcionarios del Banco Nación que había sustento legal para nuevo endeudamiento.

Sobre las 20 de ayer la suerte estaba echada. Nada conmovió a los fríos funcionarios del Banco. A esa hora se decía que en la entidad reclamaban que esa ley siguiera el trámite normal de cualquier endeudamiento: expediente con paso por todas las oficinas de control y elevación a la Secretaría de Hacienda de la Nación, organismo encargado de dar guiño definitivo para que las provincias salgan al mercado para endeudarse; recién entonces analizarían el pedido.

Hubo una mano, apenas 600 millones en descubierto para que el Gobierno llegue a cancelar la nómina de quienes cobran hasta 15.350 pesos. Ahora hay que juntar el resto; el Gobierno dice mañana. Otros dicen que el trámite normal de endeudamiento podría demorar una semana.

Dura advertencia de Cornejo al Nación

Alfredo Cornejo mandó una carta al presidente del Banco de la Nación Argentina, Juan Ignacio Forlón. En el texto el gobernador electo advierte al titular de la entidad crediticia que otorgar más asistencia financiera a Mendoza implicaba un riesgo judicial, por la falta de avales legales que tendría tal asistencia.

Cornejo arranca diciendo que escribe para “advertir las consecuencias de extrema gravedad institucional, fiscal, económica y social en las que podría quedar Mendoza como consecuencia de la decisión administrativa que tramita el Poder Ejecutivo provincial ante la entidad por la que Usted interviene, orientada a conseguir endeudamiento público sin la correspondiente autorización de ley, ni la intervención del Asesor de Gobierno y del Fiscal de Estado”.

Entonces, Cornejo usa como prueba una publicación de Diario Los Andes del domingo 27 de setiembre pasado: “El Gobierno pidió plata al Nación sin un decreto que lo autorice”. En esa publicación, este diario narraba el derrotero del expediente 1087-D-2015-01027, pieza administrativa que debía terminar en un decreto que autorizara la toma de crédito por 800 millones de pesos y que estaba trabada en la Asesoría de Gobierno desde el 11 de setiembre, sin que esta dependencia dictaminara acerca de la legalidad de un préstamo otorgado a fines de agosto y gastado en el pago de salarios estatales.

Cornejo indica en la misiva remitida a Forlón, que ese decreto no tenía dictamen de Asesoría ni tampoco de Fiscalía de Estado, dos organismos de control que deben intervenir en los expedientes. Pero el gobernador Francisco Pérez había emitido el decreto 1.545 el 16 de setiembre pasado, sin esperar esos dictámenes, lo que violaría los artículos 177 y 178 de la Constitución provincial y 35 y 110 de la Ley 3.909 de Procedimiento Administrativo.

Además Cornejo indica que, de acuerdo a las proyecciones de la recaudación impositiva y coparticipación, en diciembre ingresarían a las arcas públicas unos 3.200 millones de pesos y los vencimientos que la provincia debería pagarle al Banco Nación al 31 de diciembre ascenderán a 3.000 millones, por lo que no se podrían pagar los sueldos y el aguinaldo de los empleados públicos, así como tampoco cubrir acreencias de proveedores.