En total, son seis los turnos electorales que la provincia tuvo que cubrir (primarias y generales de Capital y San Carlos, primarias y generales provinciales, incluidos 15 departamentos y primarias y generales de Godoy Cruz) y que en el andar dejaron algunos “aportes” para llenar varios huecos que tienen las leyes electorales, pero también para no repetir los problemas que se dieron este año y que evidenciaron que no está todo regulado en materia de elecciones.

“La Junta tuvo que sacar muchas resoluciones para ir acomodando el proceso y para que pudiera salir adelante. Fue un proceso muy traumático en ese sentido”, explicó Puebla.

El miércoles pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, enumeró una serie de modificaciones en las que Puebla trabaja desde hace tiempo y que, confía, en el futuro inmediato se plasmen en la ley.

“Es imprescindible que la Legislatura sancione normas complementarias a las existentes, una reforma que solucione el modo de designar autoridades de mesa, que se discuta el uso -o no- de un sistema de voto electrónico o de boleta única. La Junta ya entregó un texto con 35 observaciones requiriendo al Poder Legislativo que lo revise”, recordó el titular del máximo tribunal de Mendoza en ese discurso.

Ese porvenir tiene a Alfredo Cornejo, quien en menos de dos meses asume como gobernador y que,según adelantan, tiene en su agenda una ley electoral que avance sobre temas pendientes, como la aplicación de una boleta única, sistema que terminaría con el actual de lista sábana.

Otra modificación prevista es la diferenciación de las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Esto podría también inclir una sola fecha para los departamentos que quieran desdoblarse, algo que la Constitución provincial prevé en el artículo 61 (la fecha debe fijarse por ley) y no se cumple.

Todos estos cambios terminarían por reformar la última ley sancionada, la 8.619, “mal denominada PASO”, corrigió Puebla y explicó: “Es integral y va mucho más allá, si se tiene en cuenta que regula todo lo que es la interna de los partidos políticos, el régimen de financiamiento de los partidos, el sistema de propaganda (ley 7.005), afecta a la ley electoral (2.551) y a la de partidos políticos (Ley 4.746)”.

La 8.619 nació en 2013 como una reproducción de la ley PASO nacional (sancionada en 2009), y éste fue el primer año en implementarse en cargos provinciales en Mendoza.

“Es copia de la nacional, pero tan copia es que de las 36 observaciones que le hicimos en 2014, muchas se deben a que cortaron y pegaron y no corrigieron ni siquiera el nombre de las autoridades. El 50% de los aportes que le hicimos tienen que ver con no haber adaptado la norma a la provincia”, apuntó Puebla.

Lo que las elecciones nos dejaron
Los distintos turnos electorales dejan un puñado de aprendizajes. La regulación de la publicidad, la sanción a los partidos que pegan su propaganda encima de las que pagaron un espacio (como hicieron los partidos de izquierda), la capacitación de los presidentes de mesa, de los policías y la búsqueda de nuevas escuelas, son algunas de las ideas que, de ser escuchadas, podrían modificar la ley.

“Hay que hacer una norma más realista, ver lo que efectivamente se puede controlar”, priorizó Puebla al hablar de la publicidad, regulada por la 8.619 pero difícil de comprobar tanto en la vía pública, como en las radios. Otro tema que se presentó, y que dejó a sus autores “impunes”, fue la pegatina de carteles encima de otros, tal como hizo el FIT.

“Eso no está regulado, no está sancionado ni prohibido. Yo les llamé la atención y a la noche siguiente pusieron más carteles que antes. Si uno los manda a la Justicia penal, no hay un autor identificado ni hay un traslado de responsabilidad al partido”, acusó Puebla sin dar nombres.

Otro de los problemas que se evidenciaron en estas elecciones pasó por la deserción de algunas autoridades de mesa, previo al comicio. El tema no es nuevo y la respuesta entusiasma con invertir la lógica: “Si esta tarea se profesionaliza, va a pasar al revés. Muchos van a querer participar y vamos a poder elegir”.

Para esto, Puebla propone que sean los mismos maestros y empleados judiciales, entre los que suman “30 mil personas” en Mendoza, los que participen como autoridades de mesa.

“Podríamos darle puntaje, que sirva para su carrera y darles franco al lunes siguiente. Que las maestras ya lo tienen porque las escuelas no abren.

Además, una mejor remuneración, no los $ 500 que se les da ahora. Esto podemos ahorrarlo por otro lado; no necesitamos más partida”, propuso el titular de la Secretaría y dijo que este dinero podría sacarse de lo que se le paga al Correo Argentino en conceptos de notificación y pago de servicio. “Hoy todos tienen correo electrónico y cobran por el banco”.

También puso como necesidad el hecho de “salir del escritorio” y recorrer la provincia relevando todos los establecimientos educativos. “Hay escuelas que tienen 100 años y otras que son nuevas y no se usan”, diferenció.

Lo que ya se sabía
Las necesidades de reformar la 8.619 no son nuevas. El año pasado se constituyó una comisión de seguimiento de reforma electoral, compuesta por senadores, diputados, apoderados de los partidos políticos, el presidente de la Junta y el secretario electoral. “Yo les acerqué una copia a cada uno con las 36 observaciones, pero nunca se debatió”, lamentó Puebla y explicó los errores que preveía la ley.

Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de ir con colectoras de concejales. Este año, Luján y Guaymallén llenaron el cuarto oscuro de listas, en total 50, haciendo difícil tanto la elección como el recuento de los votos. Cabe recordar que los dos departamentos tuvieron inconvenientes en esta última etapa. “Esto atenta contra el principio de elegibilidad”, señaló Puebla.

La repetición de los candidatos en más de una boleta favorece a los cargos ejecutivos, como los intendentes, pero no les asegura concejales (categoría que repite esta mecánica). Si no, hay que ver lo que le sucedió a la lista de Luis Lobos, candidato a intendente de Guaymallén, que llevó una gran cantidad de boletas pero se quedó sin ediles de su sector interno en la boleta que compitió en las generales, o a Jorge Difonso, intendente de San Carlos.

Más allá de que este tema es conocido y muchos lo critican, lo cierto es que está habilitado por la ley, al posibilitar las adhesiones, y las sugerencias que se hicieron en comisión no fueron escuchadas. “Hay que poner un tope al tema de las colectoras o tomar la decisión de no tenerlas más”, resaltó.

Otro punto tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Una modificación de este año “emparchó” lo que se preveía en la 8.619 y, en lugar de darse dos boletas por elector a los partidos políticos, se dio una, con lo que se redujo a la mitad los gastos.
También se hizo hincapié en un tema que, finalmente, no fue escuchado: el manejo de los plazos, que vuelven prácticamente “incumplible” el hecho de llegar a tiempo con la oficialización de listas y candidatos, así como la posibilidad de recurrir algún aspecto.

“En la práctica, ningún partido cumplió con los plazos que les señaló la ley”, contó el secretario electoral y dijo: “No cuesta nada dar unos días más para que la Junta trabaje cómoda, para que no se cometan errores, pero (en la comisión) no lo entendieron, y es una cosa que vamos a tener que modificar sí o sí”.

Ahorro con lapiceras y sobres

En tiempos de dificultades económicas para la provincia, no viene mal ningún esfuerzo que tienda a ahorrar plata. En total, las PASO costaron alrededor de $ 38 millones (19 millones en impresión de boletas y 19 millones en el operativo) y las generales estuvieron presupuestadas en un monto similar en lo que respecta a la logística, mientras que la disminución de candidatos y listas llevó a $ 8 millones el monto necesitado para la impresión de las listas.

“Como pudimos hacer reciclaje de material y ahorrar en algunas compras, cuando quisimos acordar estamos haciendo tres cuartas partes de la elección de Godoy Cruz con los ahorros de la general”, comentó Puebla y dijo que esto lo logró revisando qué lapiceras tenían tinta y cuáles no, así como los sobres que pudieron volver a utilizarse. “Como nos devolvieron las biromes, las volvimos a usar. Hay algunas que han cumplido tres o cuatro elecciones. Todo lo que se puede volver a usar, lo hacemos”.

“De los $ 6,8 millones que costaban los dos comicios en Godoy Cruz, el Gobierno sólo nos va a dar $ 2 millones de pesos”, calculó Puebla y aclaró que todo quedó por sentado a través de un acuerdo que firmó con el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno y que luego rendirá la elección general junto con las de Godoy Cruz ante el Tribunal de Cuentas, encargado de auditar este proceso.

“Se generó un ahorro y un colchón de plata que redestiné a las elecciones porque si se lo daba al Gobierno para que me lo devolviera en las elecciones, no lo veía más”, se sinceró