Será la primera vez que el órgano estatal autónomo, encargado del control del manejo de fondos públicos por parte del Poder Ejecutivo, ponga la lupa sobre nuestra provincia y realice una ‘auditoría de corte’ para conocer “la situación financiera y administrativa” que recibirá Alfredo Cornejo el 9 de diciembre, día que asumirá como gobernador. En el gobierno actual, la idea no cayó para nada bien y señalaron que no están bajo la competencia del organismo.

La idea es que, bajo el análisis del equipo que preside Leandro Despouy, se examinará la situación provincial, con la deuda en general y a los proveedores, la ejecución presupuestaria en la gestión Pérez y el posible ingreso irregular de trabajadores al Estado, en incumplimiento a la Ley de Administración financiera, que prohíbe el ingreso y nombramientos seis meses antes de culminar una gestión.

Los pases a planta que se conocieron en el último tiempo, a partir de decretos con números reservados, podría complicar la situación judicial de quienes estén involucrados.

La investigación también se trasladará a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), en donde se denuncia desde hace tiempo manejos irregulares y hasta hay un informe que elaboró el año pasado una comisión de evaluación, en la que se da cuenta de la situación deficitaria. El texto está hoy, sin novedades, en Fiscalía de Estado. También se analizará la prestación de los servicios esenciales de la salud en los hospitales.

Por su lado, cuatro intendencias que cambiarán de manos justicialistas a radicales, pasarán por el mismo control: Guaymallén, en donde Marcelino Iglesias detalló hace días una situación grave; Las Heras, Malargüe y General Alvear. Todo esto, a partir del recambio de gobierno.

Por otro lado, también se realizará una ‘auditoría de transferencia’, para conocer qué fondos podrían adeudarse desde la Nación a la provincia. Este último estudio ya está en marcha.

Los distintos exámenes los pidió la vicegobernadora electa Laura Montero, hace algunos meses, en su calidad de senadora nacional, a través de la comisión bicameral especial que se vincula con la AGN. Ayer, Despouy estuvo en la provincia para recibir un reconocimiento por su libro “La Argentina auditada” y expuso las principales líneas de su publicación.

Luego de su disertación, realizada en la Legislatura y ante los bloques de la UCR, el titular de AGN realizó una conferencia de prensa en la que anunció que la repartición que dirige se abocará a estudiar el caso Mendoza.

Sorpresa en el Gobierno

La novedad se conoce a dos meses de que asuma el nuevo gobierno y tras cuatro de una transición con momentos tensos y de acuerdos. En este último sentido, la ley de Endeudamiento votada la semana pasada fue un primer fruto de las negociaciones.

En las repercusiones inmediatas de la auditoría, si bien el Gobernador estuvo ayer en Buenos Aires, el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, se encargó de difundir la postura oficial.

El funcionario señaló que aunque ellos apoyan toda instancia que busque transparencia, “no es competencia” de la AGN estudiar la situación provincial.

“Es menospreciar la autonomía provincial y el espíritu federal. Nosotros tenemos organismos propios de control, como el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado. Avanzar con esto es menoscabar la institucionalidad de Mendoza”, dijo Lafalla, quien se mostró sorprendido por la medida y dudó que tenga el aval de Cornejo.

“Nosotros siempre estuvimos dispuestos a darles información. Con la ley de Endeudamiento se puso a disposición del gobernador electo todo lo que se pidió”, aseguró el ministro político.

“Nosotros vamos a empezar a trabajar en el momento que se realice la transferencia de autoridades. Pero para terminar en poco tiempo dependemos de la colaboración de las autoridades salientes. Es muy importante para que la auditoría pueda concluir inmediatamente una vez que asuman. Si hay reticencia, se dificulta. Si bien nuestra actividad se realiza con posterioridad, no se puede tener en la circunstancia exacta en la que asume”, dijo el auditor general de la Nación.

Según explicó Despouy, el proceso de juntar los datos lleva entre uno o dos días, aunque en el caso de la deuda no registrada (conocida como “pinche”), demora un poco más.

Para fundamentar aún su postura de rechazo a la pretensión radical, el gobierno difundió por la tarde las conclusiones de un reciente encuentro del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta, órganos y organismos público de control externo, que integra el Tribunal de Cuentas de Mendoza.

Ahí se rechaza la intención de Despuoy de auditar en las provincias, ya que -asegura el documento- no es de su incumbencia y se lo acusa de anteponer “intereses personales” y avasallar las autonomías provinciales.

Bajo la lupa

La AGN tendrá dos tareas: por un lado, examinará las transferencias de la Nación y de organismos multilaterales a la provincia; por otro lado, las cuentas provinciales y de los municipios que lo pidieron. En cuanto al primer análisis, la idea es ver qué fondos podrían adeudarse desde la Nación a la provincia y el estado de los créditos de organismos multilaterales.

“Queremos ver si hay créditos disponibles, ver si tienen una proyección de ejecución, que puedan ser importantes para la realización de obras”, justificó Montero.

En este punto, consideró que Pérez podría entusiasmarse en avanzar con el estudio, ya que “le puede servir para tener más fuerza y pelear en la Nación los recursos que le corresponden”. A su vez, Montero cuestionó “el manejo discrecional” de los fondos del Presupuesto nacional.

“En el Presupuesto 2015 estaban consignados aportes del Tesoro no reintegrables de $ 3.800 millones que nunca llegaron. Si eso hubiera llegado, achicaríamos muchísimo la brecha del déficit fiscal que actualmente tiene la provincia”, justificó Montero.

En cuanto a la ‘auditoría de corte’, a realizarse una vez que asuma Cornejo, Montero señaló: “La intención es ver cómo están las cuentas públicas y ver en qué estado recibimos la provincia. La hemos pedido a la AGN porque tiene la facultad, según la ley de Administración Financiera. Es tener un corte, una radiografía exacta”, aseguró.

Un estudio que puede complicar a funcionarios

La auditoría que se pretende realizar por primera vez en Mendoza, tiene algunos antecedentes que han terminado con investigaciones judiciales. Éste fue el caso de Tierra del Fuego, al momento de asunción de Fabiana Ríos, en 2007.

“La solicitud llegó sobre la fecha y con señalamientos graves. Vimos anomalías muy serias, con movimientos bancarios que trasladaban vencimientos a un momento posterior a la asunción de la gobernadora. Esto marcó la necesidad de una judicialización que desembocó en el procesamiento de algunos funcionarios”, explicó Despouy.

En cuanto a la posibilidad de que la auditoría vaya más allá de un simple análisis, ayer explicaron que “pueden haber actuaciones de oficio de cualquier fiscal si hay irregularidades”. Por otro lado, Despouy habló sobre su libro y dejó algunas frases en las que recalcó el rol del organismo.

“La democracia debe ir acompañada de control. Nuestro país es uno de los que más distorsión tiene entre el Presupuesto aprobado y el ejecutado. Ni en los países con más armamento hay tanta discrecionalidad que tiene, sin duda, efectos electorales”, señaló luego de recorrer los temas de su publicación: la vulnerabilidad de los pasos fronterizos, la crisis del sector energético y las falencias en el transporte ferroviario.

Fuente: Los Andes – http://losandes.com.ar/article/habra-auditoria-nacional-para-perez