La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió este miércoles una pésima noticia para su gestión: el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió de forma unánime rechazar las cuentas del Gobierno de 2014. Esta sospecha, de que el Gobierno hizo maniobras fiscales irregulares, es una de las apuestas más fuertes de los opositores para respaldar jurídicamente una posible destitución de Rousseff, sumida en una prolongada recesión económica y una grave crisis política cuyos efectos son difíciles de predecir.
Es la primera vez que el Tribunal de Cuentas declara que un Gobierno no cumplió sus obligaciones fiscales desde 1937, cuando rechazó los números del presidente Getúlio Vargas (que fue apartado del cargo por un decreto presidencial).

Este martes, además, el Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una investigación sobre presuntas irregularidades de financiación de la campaña presidencial de Rousseff, el pasado octubre. Los opositores están apostando por esas dos vías para iniciar un proceso de impeachment. En el caso de delitos de responsabilidad fiscal, el proceso de destitución se desarrollaría en el Congreso. En el segundo, financiación ilegal en la campaña electoral de 2014, la Justicia Electoral podría anular su mandato.

El Tribunal de Cuentas es una institución de bajo voltaje político, pero la votación de la noche del miércoles estaba cargada de significado y los brasileños la siguieron con atención, en retransmisiones en directo por televisión e Internet. La decisión no abre paso necesariamente para que Rousseff deje el poder. En las condiciones actuales, y descontadas las oscilaciones de esta crisis, el rechazo de cuentas puede no prosperar en el Senado, controlado todavía por la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT). Pero proporciona más argumentos a la oposición en sus solicitudes de destitución en la Cámara baja, central en el proceso, y puede ayudar a resucitar las movilizaciones que exigen su salida.

Los expertos consideran el golpe del Tribunal de Cuentas a la gestión de Rousseff más político que práctico, por ahora. Hay quienes entienden que no cabría la destitución de la presidenta por delitos cometidos en el mandato anterior (fue reelegida en 2014 y empezó un nuevo mandato en enero). Sin embargo, se estudia si las maniobras no se produjeron hasta febrero de este año, en la actual legislatura. Otros dicen incluso que, como fue reelegida, sus decisiones del pasado sí afectan al actual Gobierno. Todo oscilará en función de los inestables apoyos de la presidenta, que cuenta con menos del 10% de aprobación y tiene aliados poco confiables en el Congreso, a pesar de que la semana pasada reformó su gabinete para acomodar aliados y romper su aislamiento.

La decisión del tribunal será ahora analizada por la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso, presidida por la senadora Rose de Freitas (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB). Freitas está vinculada al grupo del presidente del Senado, Renan Calheiros, que en estos momentos es un aliado del Gobierno. En la comisión, lo probable es que la discusión se prolongue a propósito. Y que, cuando se voten las cuentas, estas sean aprobadas, aunque con reservas, según evaluó en ese miércoles la consultoría de riesgo político Eurasia.