Bajo el paraguas de profundizar el control de la calidad de los vinos argentinos es que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), puso en marcha una resolución por la cual estima mandar a destilación unos 50 millones de litros que tienen valores analíticos correctos, pero características organolépticas alteradas. El objetivo de fondo de la iniciativa es descomprimir el mercado de vinos, que la semana pasada, para blanco escurrido, mostró la cotización más baja del año. 

«Además del trabajo habitual del INV, ahora estamos trabajando en la reglamentación de la Ley de Vinos para dar objetividad a la definición de vinos averiados, ya no sólo por cuestiones químicas como puede ser la acidez volátil, sino por cuestiones sensoriales y estos aspectos requieren una objetivación del trabajo que se realiza”, señaló el presidente del INV, Guillermo García.

A través de la Resolución Nº C 37/2015 se establece un procedimiento para aquellos productos sin fraccionar que resulten, luego de ser degustados por los técnicos de laboratorio, observados por caracteres organolépticos alterados.

Por lo tanto, realizada la degustación en el laboratorio, se clasificará como “averiados” a los productos sin fraccionar que posean datos analíticos dentro de los valores establecidos por la normativa en vigencia, pero que presenten caracteres organolépticos alterados y con una puntuación igual o inferior de 57 puntos, obtenida mediante determinación por análisis sensorial según planilla de la UIOE y se clasificará como “Producto No Apto para Consumo” a los que obtengan una puntuación entre 58 y 69 los cuales serán pasibles de tratamiento para su corrección por “única vez”.

En los casos en que las bodegas soliciten una pericia de contra verificación, el análisis organoléptico será realizado por el Consejo Consultivo Sensorial del INV (CCS INV), con la intervención conjunta del sector público y el sector privado. En la actualidad, ese Consejo está formado -entre otras personas- por Claudia Quini, Carla Aruani, Ángel Mendoza, Hugo Zamora y José Gómez.

Hasta el momento han sido intervenidos unos 13 millones de litros, la mayoría correspondientes a vinos genéricos de la zona Este y San Juan. Más del 90% de esos vinos son genéricos a granel, de inscriptos trasladistas y fraccionadores.

Las reacciones

La iniciativa del INV ha sido recibida por la industria con reacciones dispares. Para Carlos Iannizzotto, de Acovi, si la medida ayuda de alguna forma para sacar excedentes, puede ser apoyada. “Lo hacemos porque el productor está fundido y necesitamos sacar volumen, mejorar el precio del vino y algo hay que hacer. Ahora, esto no puede ser un anuncio más: tiene que estar enmarcado dentro de la urgencia de sacar volúmenes del mercado, lo cual debe ser transparente y rápido”.

Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, estimó que “lo estamos discutiendo internamente con los técnicos”. El referente de la entidad dejó en claro que se da la discusión en dos ámbitos. Uno técnico y otro económico -político. “Desde el punto de vista legal son vinos aptos. Creo que claramente se tiene por objetivo sacar esos vinos en malas condiciones organolépticas y para descomprimir el mercado, algo que pesa en la expectativa de precios”.

Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa aseguró que “se torna irritante tener que estar ocupándonos de estas iniciativas siempre enfocadas hacia el mismo sector, cargando todo el peso de la fiscalización y haciéndolo objeto de todo tipo de medidas y ajustes que debieron resolverse mediante una adecuada política vitivinícola”. Consideró que la medida no es conducente y, además, es injusto que bajo cualquier excusa “técnica” se pretenda corregir errores políticos inmovilizando volúmenes de vino, cuando ello pudo hacerse oportuna y reglamentariamente, por caso con una diversificación mixta en el marco del acuerdo Mendoza-San Juan.

Agregó: “Ahora se da la paradoja de que en nombre de la producción se termina beneficiando a un puñado de bodegas a quienes el procedimiento propuesto por el proyecto de resolución que nos ocupa, les ordena y clasifica la góndola del mercado de traslado sin que por ello mejoren los precios ofrecidos”. En esta línea y como un beneficio adicional, Sosa mencionó que las bodegas que no hicieron mosto y no poseen vinos con los caracteres organolépticos alterados – por razones tecnológicas o tipo de elaboración- no se verán expuestos a indisponer volúmenes por “averiados ” y que se las arreglarán jurídica, administrativa y económicamente para dilatar o eximirse del cumplimiento de la pauta diversificadora.

Sobre el acuerdo Mendoza – San Juan, Iannizzotto pidió que se apliquen las multas y se desnaturalice todo el vino de manera rápida para lograr una revitalización en los valores del mercado.