La Justicia ordenó al Ministerio de Economía que, en un plazo de cinco días hábiles, presente un informe con los datos oficiales de pobreza e indigencia que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dejó de publicar en diciembre de 2013.
Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María José Sarmiento, luego de una presentación que hizo la candidata a diputada nacional por el Frente Progresista, Victoria Donda.
La Justicia también ordenó que en ese plazo se difundan “los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el IPCNU desde febrero”.
Sarmiento recordó que está constitucionalmente regulado “el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo“. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”, remarcó la jueza. “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”, añadió.