Haciendo memoria: en agosto del año pasado la petrolera estatal y la provincia acordaron que se achique la deuda en concepto de Ingresos Brutos a favor del Estado provincial, que por ese entonces superaba los 400 millones de pesos, con la condición de que la empresa cancelara 150 millones de pesos en efectivo y en un solo pago. Pero Mendoza debía suspender las demandas administrativas y judiciales y reducir las alícuotas de 2012, 2013 y 2014.

En ese entonces, el gobernador Francisco Pérez y uno de los representantes de la firma que conduce Miguel Galuccio firmaron una «carta de intención» estableciendo el acuerdo transaccional por el cual YPF aceptaba pagar la suma, con lo cual el Gobierno «consideraría saldadas al 31 de julio de 2014 las diferencias existentes en cuanto a la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a la actividad de producción de crudo y gas natural y a la actividad de fabricación de productos de la refinación del petróleo con expendio al público», y por otro lado el Gobierno le aplicaría a YPF a partir del 1 de agosto de 2014 una alícuota máxima del 3% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad de producción de petróleo crudo y gas natural y del 3,5% para la actividad de fabricación de productos de la refinación del petróleo con expendio al público.

Así, se reduciría al 50% la última actualización que elevó la tasa al 6% en 2013 y 2014 para este impuesto, y del 25% respecto al  2012.

Si bien este acta fue firmada en agosto del año pasado y daba como plazo seis meses para la ratificación legislativa, Pérez no la envió a la Casa de las Leyes, con lo que ambas partes firmaron otro acta de ratificación y así se amplió el plazo previsto, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2015, con lo cual y a partir de la publicación este martes en el Boletín Oficial del decreto 1.326, se espera que en breve el mandatario la envíe a la Legislatura.

Pero, como en agosto del año pasado, los radicales vuelven a plantear sus objeciones al acuerdo. A criterios de los legisladores de la UCR «ese acuerdo puso en riesgo a la provincia«, según señaló a SITIO ANDINO el diputado Martín Kerchner.

«Se redujo una deuda por más de 400 millones de pesos. Hoy probablemente tendríamos que estar reclamando más de 500 millones», agregó y sostuvo que «Pérez lo firmó para tener dos pesos con cincuenta para pagar aumentos salariales, lo que demuestra que la administración ha sido mala, que aumentaron los gastos y bajaron los recursos disponibles».

«Pasaron doce meses y hoy las acciones de ese convenio son nulas porque no tienen ratificación legislativa. Yo preguntó ¿para qué tenemos Legislatura? Sino se ratifican los acuerdos estamos en una anarquía«, disparó Kerchner.

Además, apuntó contra los organismos de control como la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, que «no actuaron y permitieron que se cedieran derechos de la provincia por más de 400 millones».

«Esta supermoratoria es ilegal, hay una tremenda irresponsabilidad adminstrativa. Y si no es ratificada, significa que Mendoza perdió más de un año de acciones», advirtió el legislador radical, el enviado por el electo gobernador Alfredo Cornejo para la transición.

Fuente: http://www.sitioandino.com/nota/168587-un-ano-despues-perez-quiere-blanquear-beneficios-dados-a-ypf/

Por: Cecilia Zabala @cecizabalao