El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, funcionarios de esa cartera y el titular de la ATM, Claudio Gil, explicaron a diputados de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales, los alcances del acuerdo celebrado entre la provincia y la petrolera YPF que contempla distintos aspectos impositivos y técnicos.

Uno de los puntos incluidos en el Acuerdo transaccional, es el pago de 150 millones de pesos por parte de YPF en concepto de diferencias en la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos aplicable a la actividad de producción de crudo y gas natural y a la actividad de fabricación de productos de la refinación del petróleo con expendio al público; a las diferencias en cuanto a la liquidación del canon por renta extraordinaria, y diferencias en el ajuste por inspección.

Sin embargo, el acta complementaria tiene tres partes, según explicó Zandomeni, una de ellas es el “convenio transaccional”, “otra parte que tiene que ver con la exploración, y otra parte que tiene que ver con los no convencionales”, pero el decreto “lo que aprueba es el temario para trabajar en política energética, justamente con una empresa que nos da el 82% de las inversiones de Mendoza y produce más del 60% del petróleo y gas en Mendoza”

El ministro, que expuso la base que dio origen al acta acuerdo, resaltó que entre 2012 y 2015 “se triplicaron las inversiones en petróleo” – lo que involucró también un incremento en la cantidad de equipos de perforación – y explicó los tres frentes de la política petrolera de Mendoza: “activar las áreas inactivas”, “trabajar en tener control en la exploración” en las áreas adjudicadas y el “control de las inversiones en desarrollo, luego de la firma de la renegociación de las áreas que se hizo”.

Esto originó, dijo, “que pasara a 800 millones de dólares la inversión petrolera este año”, además de “15 equipos de perforación” que “es el dato importante”. En esa línea, agregó que de abril de 2014 a abril de 2015, se aumentó “en mil metros cúbicos de producción”, y en materia de gas, “se ha duplicado la cantidad que produce Mendoza”.

También hizo referencia a Chachahuén, área incluida en el acta acuerdo, explicando que se ponderó el “bienestar general” y que para ello, hay que tener en cuenta algunos números, como por ejemplo, que “los pozos que iba a hacer Chachahuén hasta fines de 2016 eran 21”, por lo que pasará a 123; “la inversión va a pasar de 72.5 millones a 244.7 millones de dólares en ese mismo tiempo, estamos triplicando la inversión”; “las regalías para los próximos diez años” pasan de “91 millones de dólares a 157 millones de dólares, más dinero para el erario provincial”; “el porcentaje de regalías como contraparte de este cambio es del 23 al 18” por ciento y el “tiempo para realizar esta inversión es al 31 de diciembre del año que viene”.

Por su parte, Gil dio detalles respecto al acuerdo transaccional y expuso que hay un marco previo que es que YPF estaba “bajo inspección, bajo fiscalización, desde hacía más de dos años debido a una situación real que era que la empresa presentaba una nota administrativa, donde colocaban que pagaban el 2% de alícuota de Ingresos Brutos amparándose en el Acuerdo Federal Fiscal donde decía que tenían el 2% de techo, y que la Ley Impositiva del año 2012 hasta el 2014, en la provincia de Mendoza fue variando la alícuota”.

“Por eso teníamos abiertas fiscalizaciones, que estaban en trámite, y cuando nos convocan para analizar este tema técnico”, se determina “cuánto era el valor que estaba incluido dentro de esa deuda que tenía YPF, además de otros ajustes que tienen que ver con la inspección, que son técnicos”.

“Entre los dos conceptos”, se llega “a un valor de 137 millones de pesos y luego tenemos todo lo que tiene que ver con regalías petrolíferas” y la renta extraordinaria, acotó.

Al respecto, Alejandra Maradona, directora de Regalías, dijo que “es un concepto que surge de la renegociación de los contratos petroleros, donde se estableció que para las áreas renegociadas cuando superase el valor promedio del barril los 69 dólares, la empresa debía pagar un canon por renta extraordinaria”.

Mendoza está divida en tres zonas comerciales, señaló, “Mendoza Norte, Malargüe Norte y Malargüe Sur. Las áreas comprendidas en la zona comercial de Malargüe Sur, por un periodo de seis meses superó los 69 dólares promedio el precio” del barril. “Nosotros reclamamos a la empresa esta diferencia”, pero “lo que existe es una diferencia en el criterio de interpretación de cómo se debe cobrar el canon por renta extraordinaria. Nosotros, la Dirección de Regalías, sostiene que se debe pagar conforme al total de la producción ejecutable de cada área”, pero “la empresa sostiene que se debe pagar en función de un promedio general de todas las áreas renegociadas”.

La diferencia de criterio “no está salvada”, acotó la funcionaria, aunque aclaró que en el convenio transaccional se incluyó “los periodos reclamados donde se habían superado los 69 dólares para las áreas de Malargüe Sur, y que sumaban la cantidad de 11 millones”.

A su turno, el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien encabezó la reunión, hizo referencia a la agenda por la cual se estipula como fecha de aprobación legislativa el próximo 31 de agosto, manifestando que existe la posibilidad de extender ese plazo hasta fines de setiembre.

En tanto, desde la oposición, el diputado Jorge López (UCR), consultó en torno al “monto que la provincia debería demandarle o cobrarle a YPF”, a lo que el director de la ATM respondió que el artículo 43, inciso b) del Código Fiscal, “permite al Poder Ejecutivo poder hacer quitas” y que “este acuerdo transaccional”, “tiene que ver con que ha pagado todo el capital de las deudas que existían y no existe ninguna otra inspección hasta este periodo de junio de 2014. Solamente está en discusión una parte que tiene que ver con el petróleo que se utiliza para los subproductos. Todo lo demás está incluido”.

Asimismo, Martín Kerchner (UCR) preguntó sobre el monto que tenía previsto reclamar la provincia al momento de sentarse a la mesa de negociación, a lo que Gil dijo que “no había un monto cerrado”. “Si había un monto de capital que es lo que se incluyó en el convenio”.

También consultó sobre el porqué de la demora del Poder Ejecutivo en remitir a la Legislatura el convenio, a lo que Tanús contestó que fue una “decisión política”, “porque hubiera sido rechazado por la Legislatura y la provincia había firmado un convenio con la Nación y con YPF en este caso”.

“Claramente el radicalismo, la izquierda y el Partido Demócrata, estaban en contra del acuerdo que firmó el gobernador”, por lo que si se enviaba el decreto para su ratificación “hubiera sido rechazado”, añadió.

Ahora, expresó, se trata también “de dar un marco de legalidad” con el fin “no de presionar” sino “para que evalúe el radicalismo si hay que posponer el convenio”. “Son aspectos que el futuro gobierno deberá renegociar con YPF si no tiene ratificación esto, pero sí debe posponerse para darle esas herramientas al gobierno que entra”.

“El rechazo sería malo para Mendoza”, subrayó.

Ambas comisiones legislativas acordarán nuevos encuentros con funcionarios del Ejecutivo para continuar analizando la temática.