La situación financiera de la Provincia parece complicarse cada día más. A la deuda que el Gobierno provincial mantiene con la entidad que nuclea a las empresas de transporte urbano se le suma la que acumula con los municipios por la coparticipación. Incluso, el propio Ministerio de Hacienda reconoció con preocupación que por este concepto debe ahora $ 216 millones.  

Esta cifra corresponde a la primera quincena de julio y tendría que haber sido abonada el lunes. El titular de la cartera, Juan Gantus, aseguró anoche a Los Andes que hoy ‘comenzarían’ a pagarla.

De todas formas, el enojo y el malestar en los departamentos ya se está sintiendo, y fuerte. Al punto que municipios como Malargüe ya iniciaron acciones contra el Estado mendocino. El intendente, Juan Manuel Agulles, le envió ayer al gobernador, Francisco Pérez, una carta documento reclamando el pago de la parte que a ellos les corresponde, que según el Gobierno es de $ 17 millones.

“Sí, existe la deuda por coparticipación. A nosotros nos preocupó mucho. Sucedió que habíamos hecho una estimación de recursos y no se dio. Hubo una baja inesperada en la recaudación. Estamos hablando con los intendentes para acordar las formas para pagar”, explicó Gantus.

El funcionario de Pérez también comentó a modo de ejemplo que el martes ingresaron a la Provincia solamente 350 millones de pesos.

“Esperamos que hoy se empiece a recomponer. Ante estas situaciones, se reprograman todos los gastos para no romper la cadena de pago. Mañana (por hoy) empezamos a normalizar esto. Ya comenzaríamos a pagar. Hay municipios que no estaban requiriendo la coparticipación y nos dijeron que no había problemas. Cada departamento tiene una particularidad. Siempre hablamos con los secretarios de Hacienda y hacemos una programación de acuerdo a las necesidades de cobro que tienen”, indicó el ministro.

En tanto, según comentaron fuentes de la Municipalidad de  Malargüe, Agulles estaba muy enojado. Sucede que el lunes se había comunicado telefónicamente con el mandatario provincial y éste le había asegurado que ayer por la mañana tendría depositado el dinero.

Cosa que, al no cumplirse, hizo estallar la paciencia del intendente. Al punto que el municipio le envió una carta documento al Gobernador porque asegura estar en una situación financiera crítica y no poder esperar más.

Según otra fuente que prefirió preservar su identidad, Guaymallén es hasta el momento el único que habría cobrado su parte. Dato que de alguna manera fue confirmado por el propio Gantus.

“Esta deuda es de la primera quincena de julio. La tendrían que haber pagado el lunes. Y la segunda quincena, que vence el 15, son $ 140 millones. Si no pagan antes del lunes la primera, se le pueden juntar dos de julio sin cobrar a algunos municipios. Con la primera se pagan los sueldos y con la segunda, los proveedores. En Luján, por ejemplo, no se les pagó a los proveedores”, detalló una persona con acceso al movimiento de las cuentas públicas.

Por su parte, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, remarcó que a sus ojos es una real injusticia que se les pague a los municipios justicialistas y a los otros no. Lo cual, considerando el ejemplo de Malargüe, tampoco es tan así.

“Están atrasados.  Hay una demora en el envío de las remesas que corresponden por ley. Nos están debiendo más de 10 millones de pesos. La coparticipación de julio aún no la mandan, soja y regalías también atrasadas. Hay obras nacionales y provinciales que hemos tenido que seguir avanzando nosotros para que no se detengan.

Esto no es nuevo. Los gobiernos de Jaque y de Pérez siempre se han demorado. Lo que me parece que no es justo es que se lo estén enviado a algunos municipios también del PJ con crisis financieras agudas y a los opositores no. De mantenerse esta situación va a verse resentido todo el sistema municipal”, disparó Difonso, cuyo contador municipal se reunió ayer con Gantus.

Frecuencias en riesgo

El Gobierno se había comprometido la semana pasada a empezar a pagar el lunes la deuda que mantiene con la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), pero esto no sucedió. Se trataba de un pago de $ 30 millones, sólo una parte de los 104 millones adeudados al firmarse el acuerdo, que ahora ascienden a 116 millones.

Ante el incumplimiento, los empresarios señalaron que se “pone en riesgo la prestación regular del servicio público. Por ello, el sector realiza todas las acciones necesarias para encontrar soluciones a esta grave crisis financiera que atraviesa Mendoza”. Esa salida, en principio, era suspender servicios nocturnos.

“Si bien firmamos un acta por un pago (de 30 millones), no lo cumplimos porque tuvimos otras prioridades de pago. Pero en el transcurso de esta semana vamos a cancelar. Hemos tenido que atender otras obligaciones como coparticipación municipal. La posibilidad de suspensión de frecuencias es algo que jurídicamente está prohibido y agravaría la situación. Se le dijo  a Autam que el Estado tiene voluntad de pago como siempre”, dijo el ministro de Transporte, Pablo Rosseau.

La promesa oficial de pagar algo esta semana desactivó por ahora la amenaza empresaria.