Néstor Majul y Néstor Parés, legisladores del radicalismo, pidieron la intervención de Fiscalía de Estado por licitaciones dudosas encaradas en el Instituto Provincial de la Vivienda. Las mismas, según indicaron, atentan contra el patrimonio del fisco al no contar con financiamiento asegurado.
En el escrito que remitieron al órgano de control que preside Fernando Simón, detallaron que «las contrataciones que realiza el IPV, si bien algunas cuentan con recursos aportados por programas del Estado Nacional, en todos los casos resulta necesario un aporte de la Provincia, que implica el compromiso de erogaciones corrientes, que superan ampliamente el presente ejercicio fiscal».
Algunas de estas licitaciones, destinadas a la construcción de viviendas, están en curso pero también hay llamados nuevos. «Los hechos que se están produciendo en el IPV, implican procedimientos que comprometen el patrimonio del Estado en violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente en la Provincia», destacaron los diputados provinciales.
Adelantaron, asimismo, que, dependiendo de lo que resuelva Fiscalía de Estado, tales antecedentes podrían  «acarrear la nulidad de los contratos que se suscriban, con el efecto en contra de este organismo, así como la responsabilidad de los funcionarios que hubieren intervenido».
Indicó, asimismo, que entre los llamados a licitación, lo ejecutado y lo adjudicado el IPV deberá desembolsar 3 mil millones de pesos. De ese número, 2 mil millones de pesos salen de la Nación y el resto de la Provincia.
El órgano que encabeza Omar Parisi, según el cálculo de los diputados opositores, recauda anualmente 450 millones de pesos (aproximadamente 300 millones de pesos del Fonavi y 150 millones de pesos de recupero). De ese dinero, el IPV destina cerca de 150 millones de pesos a gastos operativos; dejándose un resto de 300 millones de pesos para la construcción de viviendas. Para responder al total de lo licitado, ejecutado y adjudicado, necesita 700 millones de pesos.