Hoy a las 15 habrá una reunión clave en la Secretaría de Comercio, en la que juntarán a los industriales nucleados en el Centro de Industria Lechera (CIL) y los tamberos que integran la Asociación de Productores Lecheros de Argentina (APLA). Las dos partes reconocen que hasta ahora la solución no parece fácil y que la situación es básicamente la misma que se vivió hace dos semanas, cuando ante la falta de un acuerdo los productores decidieron tirar más de 300.000 litros de leche.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la Secretaría de Comercio, que dirige Augusto Costa, negaron que se haya amenazado a las empresas con la aplicación de la ley y se limitaron a afirmar que «se está estudiando la distribución de la renta en la cadena» de producción. Sin embargo, en una empresa del rubro y fuentes de los tamberos confirmaron a este diario que la amenaza oficial de avanzar con la aplicación de la polémica ley existió.

El foco del conflicto es el precio al que las grandes usinas lácteas -como La Serenísima, SanCor, Nestlé, Molfino, Williner y el resto de las empresas- les están pagando a los productores a cambio de la materia prima. Ante lo que no dudan en definir como una situación inédita para el sector, las industrias les informaron a los tamberos su decisión de aplicar una rebaja en el precio de la leche. El valor promedio actual es de 3,05 pesos por litro y la intención de las usinas es obtener una rebaja de entre diez y veinte centavos.

El argumento de las empresas es que la baja en el precio acompaña un contexto de fuerte caída en los precios internacionales de la leche en polvo. «La rebaja que estamos pidiendo en la Argentina a los tamberos es la misma que se llevó adelante en Nueva Zelanda y Uruguay, que son dos competidores nuestros en todos los mercados internacionales», explicaron en una compañía.

Del lado de los tamberos sostienen que no hay margen para aceptar una baja. «El producto no puede soportar una nueva reducción en el precio porque hoy el costo de producir ya supera lo que nos paga la industria y prácticamente estamos pagando para poder producir», afirmó Ariel Albertengo, socio de APLA.

La carta que tiene el Gobierno para lograr torcer la posición de las empresas fabricantes es la ley de regulación de las relaciones de producción y consumo, que fue sancionada en septiembre de 2014 y que reemplazó a la vieja ley de abastecimiento de 1974.

La nueva legislación faculta a la Secretaría de Comercio a «establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios». Además, en uno de sus artículos establece que las autoridades podrán «disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación».

En el caso concreto de la problemática que enfrentan los tamberos, otro artículo establece que «se deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable».

Las sanciones que contempla la ley para las empresas que incurrieran en alguna violación de estas normas van desde una multa -que en el peor de los casos pueden llegar a los $ 10 millones- hasta la clausura del establecimiento por un plazo de 90 días y el decomiso de la mercadería.

DEBUT DE UNA LEGISLACIÓN POLÉMICA

Nueva ley

La nueva legislación de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo reemplazó a la antigua ley de abastecimiento

Márgenes

La norma faculta a la Secretaría de Comercio a regular los márgenes de utilidad, valores de referencia y niveles máximos y mínimos de precios.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1816010-amenazan-con-aplicar-la-ley-de-abastecimiento-a-la-industria-lactea