En la Justicia mendocina hay más de 120 leyes aprobadas y frenadas por falta de fondos. Entre ellas se destacan las creaciones de Juzgados de Familia, fiscalías multimodales, Secretarías Penales y Juzgados múltiples. Además, está demorada la extensión a toda la provincia del Código Procesal Penal (CPP) y, a partir del 1 de agosto, la situación podría agravarse porque se necesitará personal para la aplicación del  Nuevo Código Civil de la República Argentina.
Quien coordina las relaciones entre el Ejecutivo y la Justicia es quien expresó su preocupación. Raúl Vicchi, coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial, repasó algunas de las normas que no se pueden aplicar. “Para abrir un juzgado se necesita alquilar un edificio o casa, comprar mobiliario, designarle gente, y nada de eso es posible en este momento. Así, la puesta en marcha de esas dependencias judiciales está congelada”, reveló.
La ausencia de presupuesto no sólo se extiende a la falta de aplicación de leyes. Según relata Vicchi, debieron frenarse licitaciones porque los ofertantes incrementan sus propuestas de manera desmesurada porque saben que el Estado está teniendo problemas económicos para cancelar y, en el mejor de los casos, lo hace a los 6 meses. “No hablo de súper licitaciones, sino de tóner y computadoras, entre otras cosas”, se quejó.
En la Justicia, al igual que en el Ejecutivo y el Legislativo, el presupuesto 2014 reconducido está prácticamente agotado. Como consecuencia, desde agosto se verán complicados para concretar obras o, en el caso del Poder Judicial, aplicar leyes. Una de las mayores preocupaciones judiciales, según relata Vicchi, es la de la creación de Juzgados de Familia en Lavalle, Santa Rosa y el sur provincial.
“En esas comunas se aprobaron las leyes necesarias pero ahora no tenemos fondos para ponerlos en funcionamiento”, relató.
Otro de los ejemplos que dio Vicchi es el fuero multimodal de Malargüe. Con las particularidades de la zona y un gran crecimiento de los delitos, se decidió su puesta en marcha hace más de un año, pero aún no se logró concretar. También quedó postergado el proyecto de las secretarías penales vespertinas en San Rafael, pensadas para que funcionen de tarde y así descomprimir la gran cantidad de causas que tiene ese departamento.
En marzo de 2014, cuando Mendoza también funcionaba sin presupuesto, se supo que para la implementación del Código Procesal Penal (CPP) faltaban 15 millones de pesos. Por esto, un grupo de legisladores elevó un proyecto de ley para que de manera «esporádica» se creara secretarías vespertinas en San Rafael y Alvear, y un juzgado en Malargüe. La ley se aprobó, pero hasta el momento nada de eso se pudo implementar.
En octubre se cumplen 11 años de la implementación del Código Procesal Penal en los primeros departamentos de Mendoza, ya que en ese mes pero de 2004 se anunciaba la puesta en marcha en Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Lavalle.
Concretamente cambió la forma de investigar los delitos porque las denuncias ya no son recibidas por la Policía sino que la pesquisa desde un inicio queda a cargo de un fiscal y un juez de garantías. El cambio, esperaban, modernizaría el funcionamiento de la Justicia.
La segunda etapa llegó en 2011 cuando esa implementación pasó a la zona Este. Desde esa fecha hasta la actualidad se ha podido extender tibiamente hasta el Valle de Uco pero no a la Zona Sur. Esto es porque todos los años queda relegado por falta de presupuesto. Según Vicchi, en el Valle de Uco se aplica pero con muchas dificultades.