Un informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano pone el acento en la trata de personas en Argentina y, a pesar de destacar el esfuerzo por mejorar, aclara que el Gobierno no cumple las normas mínimas para eliminar la trata.
Así consta en un trabajo realizado por el Departamento de Estado del gobierno estadounidense en el que Argentina volvió a ser considerada como «fuente, destino y lugar de paso» para el tráfico de personas.
Para que esto ocurra -se señala en el informe- es decisiva la protección que los explotadores reciben por parte de «algunos funcionarios, principalmente a nivel provincial», entre los que hay «oficiales de policía y alcaldes».
En ese sentido, el relevamiento gubernamental remarca que «la corrupción, sobre todo entre los dirigentes políticos a nivel provincial, es una grave preocupación».
«El Gobierno de Argentina no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata», sentencia el Departamento de Estado, que de todos modos destaca que «se están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo».
El extenso documento hace foco en que «se puso en marcha un campaña de sensibilización nacional» y se condenó a «un mayor número de traficantes», incluidos tres funcionarios cómplices en la explotación sexual de personas. Sin embargo, añaden, «la financiación gubernamental para servicios a las víctimas era insuficiente».
El informe divide a los países en tres categorías según su desempeño en tráfico de personas. El Nivel 1 es para los que cumplen con las normas mínimas de los Estados Unidos; el Nivel 2 es para aquellos que hacen un esfuerzo significativo y, dentro de éste, la Lista de Vigilancia incluye a los que necesitan un escrutinio especial. El Nivel 3 es para los que no cumplen y no están haciendo un trabajo visible.
La Argentina quedó situada en el grupo intermedio, lo que le permite evitar posibles sanciones de EE.UU., tales como la aplicación de recortes en programas de financiamiento y de ayuda.
En el texto se incluyen recomendaciones como «aumentar la financiación de los servicios de asistencia a las víctimas», en particular para las que se ven «sometidas a trabajos forzados». También se sugiere «incrementar los enjuiciamientos y condenas con penas disuasorias para funcionarios gubernamentales que son cómplices del tráfico de personas».