Con los viejos reclamos de siempre y en una aceleración de los tiempos de su dinámica de protesta que coincide con la apertura de tramo más intenso de la campaña electoral, el sindicalismo opositor concretará hoy el quinto paro general contra la administración kirchnerista y el segundo en apenas seis meses de 2015. La huelga, desacreditada por el Gobierno como un desafío en clave de «política electoral», recreará una vez más la potente alianza sellada entre los gremios del transporte agrupados en la CATT y las centrales obreras disidentes, comandadas por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, pero también mostrará los límites de esa sociedad para convertirse en expresión colectiva del descontento creciente entre los sindicatos oficialistas e independientes.
Ni el malestar que provocó, aún entre la dirigencia gremial más comprometida con la fe kirchnerista, la firme presión del Gobierno para que acepten cerrar sus respectivas paritarias con un tope salarial del 27% pudo ser capitalizado por el sindicalismo opositor para engrosar de apoyos el paro. En parte, ello se debió a la vitalidad de las divisiones que siguen surcando al movimiento obrero y que impiden avances efectivos en la apuesta de un proyecto reunificador. Pero además, el Ejecutivo hizo los deberes: aceptó flexibilizar su política salarial y cedió a la ofensiva de aceiteros y bancarios, que lograron con sus acuerdos perforar el cepo oficial y obtener aumentos de 36% y 33%, un esquema que aspiran a replicar ahora los gremios enfrentados a la Casa Rosada.
Los cruces entre el Gobierno y los promotores de la medida de fuerza dominaron la víspera del paro, que escaló con las acusaciones mutuas por el choque de trenes del domingo en Temperley, que dejó más de 40 heridos. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, responsabilizó del hecho al sindicato de maquinistas de La Fraternidad, uno de los gremios que impulsa la huelga, y hasta denunció un supuesto sabotaje que vinculó directamente con la jornada de protesta y la puja electoral. La réplica de Omar Maturano, jefe de La Fraternidad, no se hizo esperar: «Randazzo siempre miente, los conductores de trenes no son kamikazes», acusó el sindicalista.
La polémica con La Fraternidad evidenció que la adhesión de los gremios del transporte público al paro representa la principal preocupación del Gobierno respecto a la medida. Por ello intentó en vano hasta último momento limitar su impacto a partir de las gestiones para apurar el cierre de la paritaria de los choferes de colectivos de la UTA con una suba en torno al 32%, financiada con subsidios del Estado. Sin embargo, el titular del gremio, Roberto Fernández, ratificó que hoy no habrá servicios de colectivos de corta, media y larga distancia.
Además de la paralización de trenes y colectivos, la huelga afectará el transporte aéreo, los subterráneos y los servicios marítimo-portuarios. Por la adhesión del sindicato de Camioneros, no habrá transporte de cargas, alimentos, combustibles, ni servicios de recolección de residuos, clearing bancario y transporte de caudales. El gremio de gastronómicos paralizará sus actividades al igual que los trabajadores de estaciones de servicios, que no expenderán combustibles.
Si bien los gremios industriales, del comercio, bancarios y sindicatos docentes no respaldan la protesta, la falta de transporte público podría alterar el normal desarrollo de esas actividades y el dictado de clases en las escuelas, como ocurrió en las huelgas previas dispuestas por el sindicalismo opositor.
El tránsito de vehículos particulares también se verá afectado por los múltiples piquetes y bloqueos anunciados por las agrupaciones de izquierda en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y en los principales centros urbanos del interior del país. Una muestra de esas complicaciones se observó ayer con la movilización dispuesta por la CTA disidente, de Micheli, a la sede del Ministerio de Trabajo, que provocó innumerables cortes y trastornos en el tránsito por el centro porteño.
Con el agregado del repudio al intento oficial de limitar la negociación colectiva, las consignas de la nueva huelga son las mismas que impulsaron las últimas protestas convocadas por la CGT moyanista, la central de Barrionuevo, la CTA de Micheli y los gremios de la CATT. Sobresale el planteo por la eliminación de la carga de Ganancias sobre los salarios, el reclamo de medidas contra la inflación y la inseguridad y el pedido de aumento para jubilados.
Para el Gobierno, se trata de una medida «más política que otra cosa». «No se qué van a sacar con un paro. En estos casos hay que discutir hasta que las velas no ardan», reprochó el jefe de Gabinete, Aníbal fernández.

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