Pese a que se mantiene el paro de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles por un tema salarial, ayer se liberaron 8 mil garrafas de la Planta de Fraccionamiento y Distribución de YPF (carril Rodríguez Peña) para que lleguen a los sectores más carenciados, luego de que el Gobierno provincial intimara al sindicato a garantizar las prestaciones mínimas del servicio.
“Fue una decisión de avanzar para que se vendan las garrafas que están en los distintos lugares stockeadas, a efectos de poder satisfacer las demandas de los distintos sectores más vulnerables y, fundamentalmente, satisfacer las necesidades de niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos”, explicó el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla.
Ayer a la mañana, y con la presencia de miembros de la Policía de Mendoza, personal de las distribuidoras de gas de Maipú sacó productos para vender y lo mismo ocurrió en Malargüe. La distribución en los camiones de las propias distribuidoras se realizó con custodia policial.
Por su parte, el Ejecutivo mendocino, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, explicó que ya se emplazó al Sindicato de Petróleo y Gas Privado a garantizar las prestaciones mínimas del servicio de gas envasado en toda la provincia en 24 horas.
“La notificación tiene por objetivo no continuar vulnerando los derechos de los usuarios y consumidores y, en caso de que el sindicato no acate esta medida, se instruirá una infracción y se le abrirá un sumario sancionatorio que conlleva una multa de hasta 5.000.000 de pesos″, indicó Sergio Rocamora, titular de ese organismo.
Además, se presentó ante la Justicia Federal una medida judicial y administrativa autosatisfactiva (pedido de acción urgente judicial) para que se garantice el servicio mínimo de gas de petróleo licuado. Esta acción va dirigida al sindicato, fraccionadora y distribuidora, debido a que el estado nacional, provincial y municipal se ven afectados en los servicios esenciales.
La Fiscalía de Estado, por su parte, hizo una presentación ante la Justicia de Familia en nombre de las poblaciones más afectadas por la medida del sindicato, como son las constituidas por niños, ancianos, discapacitados y familias en situación de vulnerabilidad social.