Un plenario de comisiones de Diputados aprobó un proyecto para renovar el Renar y crear un organismo que fiscalice y controle la tenencia y portación. Recibió el apoyo de FpV, UCR, CC y el FAP.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto consensuado entre los diferentes bloques parlamentarios para reemplazar el Registro Nacional de Armas(Renar) que contempla la creación de una Agencia Nacional de Materiales Controlados, para fiscalizar y controlar la tenencia y portación de armas de fuego.

La iniciativa fue debatida en el marco de las comisiones de Seguridad Interior, que presideCarlos Kunkel (FPV); Justicia, a cargo de Graciela Giannettasio (FPV); Legislación del Trabajo, deHéctor Recalde (FPV) y de Presupuesto y Hacienda, cuyo titular es Roberto Feletti (FPV).

El dictamen reúne proyectos impulsados por el ex diputado y actual secretario General de la Presidencia,Eduardo «Wado» de Pedro; de la diputada María del Carmen Bianchi (FPV); Pablo Javkin (CC) y deMargarita Stolbizer (GEN), quiénes celebraron la propuesta de consenso a la que se llegó junto con el oficialismo.

Se trata de una respuesta al planteo realizado días atrás por la presidente Cristina de Kirchner, quien pidió que el Congreso impulse proyectos de ley tendientes a reemplazar el «viejo y obsoleto» Registro Nacional de Armas por una «agencia nacional» para que «la política en materia de portación y tenencia de armas» sea «una política nacional controlada por el Estado».

En el marco del plenario, el director del Registro Nacional de Armas (Renar), Matías Molle, puso de relieve las políticas llevadas adelante desde el 2003 en materia de destrucción de armas, al detallar que ascienden a 300.000, y dijo que el proyecto «viene a institucionalizar la política de control y reducción de armas de fuego para reforzar los vínculos sociales y prevenir la violencia».

Molle valoró además que el Renar haya pasado de la esfera militar al ámbito civil y que haya comenzado con una fuerte política de desarme a través de un programa especifico, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que logró «la destrucción de casi 170.000 armas y 1,5 millones de municiones», que sumadas a las armas secuestradas y decomisadas, llegan a un total de 292.366″.

En ese sentido, el funcionario precisó también que en 2003 se autorizó la portación de 8.896 armas,mientras que en 2014 fue de 436 y en lo que va de 2015 sólo se avaló el permiso a 215 personas, «en el marco de una fuerte decisión política» impulsada por el gobierno nacional.

Desde la CC, Fernando Sánchez anticipó el respaldo de ese bloque al dictamen consensuado y sostuvo que «es una política absolutamente necesaria para bajar la delincuencia», mientras que Javkin, autor de una de las iniciativas, celebró que el texto recoja parte de su proyecto.

El radicalismo, a través de Manuel Garrido también anticipó que acompañará el texto, al igual que Luis Petri (UCR-Mendoza), quien adelantó sin embargo que ese bloque planteará una disidencia parcial para que se contemple el control parlamentario del nuevo organismo.

De acuerdo a esa iniciativa, la ANMAC que reemplazará al actual RENAR será un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y estaría a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo nacional.

El Renar fue creado por ley en 1973 y dependía jerárquica y funcionalmente del Comando de Arsenales del Comando en Jefe del Ejército, bajo la dependencia directa del Ministerio de Defensa, y se estableció que su Dirección sería ejercida por una Comisión presidida por el Comandante de Arsenales del Ejército, e integrada por representantes de la Armada y de la Fuerza Aérea.

Según el texto, el nuevo organismo buscará modificar el sistema actual, «con el objetivo de dotar a la Autoridad de Aplicación de herramientas centrales para la realización de sus actividades, un ordenamiento orgánico y funcional acorde con las prioridades de la hora y la consolidación de las políticas de prevención de la violencia armada».