En el peronismo cordobés identifican al fiscal Senestrari como soldado de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Y aseguran que este es otro eslabón en la cadena de acoso político y económico sobre la fuerza que gobierna Córdoba y está duramente enfrentada a la Casa Rosada.

La causa en cuestión se refiere al aporte de contratistas del Estado provincial para aquella campaña peronista de 2009. La Cámara Nacional Electoral había ordenado avanzar en la aplicación de sanciones personales y partidarias al PJ cordobés.

Ayer, un día después del sonoro anuncio de inhabilitación al candidato oficialista, Senestrari admitió que si hubiera alguna sanción no tendrá incidencia para la fórmula Juan Schiaretti-Martín Llaryora, aunque sí podría alcanzar a otros dirigentes que eran hace seis años apoderados del PJ cordobés. Conclusión: mucho ruido, pocas nueces, y una batalla más en la guerra electoral secreta que tiene a los tribunales como escenario.

En esta operación de gran magnitud, el kirchnerismo despliega sus fuerzas en dos direcciones convergentes: los fiscales y los jueces. El doble propósito final es claro: controlar y condicionar el actual proceso electoral, y a la vez limitar el daño presente y futuro en las causas abiertas por corrupción, que llegan a involucrar a la familia presidencial.

Debería tomarse debida nota de los dichos de la procuradora Gils Carbó, quien en una entrevista en el diario La Nación sostuvo su intención de permanecer en el cargo después del cambio de gobierno en diciembre. Su argumento es que las reformas judiciales y el fortalecimiento del ministerio público propiciados por el kirchnerismo necesitan un tiempo más para consolidarse. Ella está dispuesta a quedarse hasta cumplir esa tarea.

Esas palabras de Gils Carbó sacan a la superficie movimientos hasta ahora subterráneos. Uno de ellos fue la gestión que la propia procuradora había hecho un par de meses atrás ante el gobernador Daniel Scioli, tratando de convencerlo para que le mantenga el cargo si le toca ser presidente desde diciembre. Scioli no le prometió nada, pero sabe que detrás de Gils Carbó está el interés de Cristina, y siempre le resultó difícil decirle que no a la Presidenta.

En los tribunales quizás se peleen las batallas más encarnizadas del futuro cercano, una vez que Cristina y su núcleo duro se hayan retirado del poder. Los aprestos de combate avanzan rápido.

Esta semana el Senado, con mayoría kirchnerista, dio acuerdo para que Franco Picardi sea designado fiscal federal en los tribunales de Comodoro Py, por donde pasan los casos más resonantes de corrupción. Picardi era hasta ahora el número tres del Ministerio de Justicia. Su tarea básica era operar en los juzgados federales defendiendo el interés del Gobierno y de los funcionarios. Forma parte del equipo operativo que la Casa Rosada montó luego del desplazamiento del sistema de influencia y presión sobre la Justicia que respondía al ex hombre fuerte de la SIDE, Jaime Stiuso.

También fue aprobada en el Senado, como fiscal federal en la Capital, la abogada María Paloma Ochoa, a quien se vincula con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

Y se dio media sanción –siempre con votos oficialistas– a la regularización de una irregularidad: el régimen de subrogancias por el cual se nombran jueces para ocupar juzgados vacantes sin pasar por el proceso de selección en el Consejo de la Magistratura. Esto ya valió una objeción concreta de la Corte Suprema, que el kirchnerismo se propone saltear con esta ley. Si se aprueba el proyecto, los jueces subrogantes tendrán una permanencia de hasta seis años en el cargo, mientras se produce el proceso de selección y nombramiento del juez titular.

Según datos de ONG que estudian la situación del Poder Judicial, en la actualidad habría hasta un 25% de juzgados vacantes en todo el país. La cifra, abrumadora, es resultado de diversos y corrosivos factores institucionales y políticos. Uno de ellos es la obsesión del kirchnerismo por ocupar todos esos espacios, amañando concursos, dilatándolos, y avanzando en el nombramiento de secretarios de juzgado, que por su naturaleza no tienen acuerdo del Senado, en jueces subrogantes. La simpatía y adhesión política suele ser condición de tales nombramientos.

El viernes, en el Boletín Oficial, se publicaron una docena de pedidos de acuerdo presentados por el Gobierno al Senado para cubrir cargos en la Justicia. Entre ellos el que propone que Ernesto Kreplak sea nombrado al frente del Juzgado Federal número 3 de La Plata. Kreplak, al igual que el ya mencionado Picardi, forma parte del equipo de operadores políticos sobre la Justicia que el Gobierno envió a los tribunales tras el descabezamiento de la SIDE, a fines del año pasado.

Este año Kreplak renunció a su cargo de jefe de Gestión Registral del Ministerio de Justicia para pasar a ser secretario general de la Cámara de Casación Penal. Su mayor relevancia pública la tuvo como titular del jury de enjuiciamiento contra José María Campagnoli, el fiscal que se atrevió a investigar la trama de lavado de dinero entre el empresario Lázaro Báez y la familia Kirchner.

La procuradora Gils Carbó fue quien montó esa expedición punitiva contra Campagnoli, finalmente fracasada. Kreplak, de carrera judicial, había llegado al Ministerio de Justicia de la mano de Julián Alvarez, viceministro y dirigente notorio de La Cámpora.

Desde la oposición señalan que Kreplak tuvo además participación activa en la operación desplegada en la Inspección General de Justicia para borrar huellas del escándalo Ciccone. La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, denunció entonces que el organismo había sido “copado por La Cámpora”. Terminó despedida.

El Juzgado Federal 3 de La Plata, para el que se propone a Kreplak después del correspondiente concurso, puede adquirir significación particular en tanto es el que, en caso de ser necesario, toma las funciones del juzgado 1 que tiene competencia electoral en la Provincia.

El peso del juez electoral puede ser decisivo en las PASO, incluyendo la oficialización de listas. Y también mantiene fuerte influencia en todo el proceso de la elección general.

El Federal 1 de La Plata está a cargo de Laureano Durán, un secretario ascendido a juez subrogante tras la muerte en setiembre pasado de Manuel Blanco, histórico titular de ese juzgado.

Durán, cuya situación está pronta a normalizar el Senado en el marco de la ley de subrogancias, es un producto genuino de la familia judicial, hijo de un ex juez federal y con más de 15 años de carrera en los tribunales. Sus amigos dicen que nunca tuvo militancia política y que lo “confundieron” con alguien de La Cámpora solamente “porque es joven”.
Sus pasos parecen orientados a seguir la línea tradicional. Esto es, articularse eficazmente con el sistema político en la Provincia. Así, Durán mantuvo en la secretaría electoral del juzgado a Belén Vergara, la misma funcionaria que cumplió esa tarea desde 1984 con el juez Blanco.

No parece casual que el peronismo bonaerense y el PRO no hayan producido hasta hoy ninguna queja fuerte contra Durán. No es el caso de los radicales, que pretenderían colocar en ese juzgado estratégico a un magistrado amigo.

Lo que resultó llamativo fue que desde despachos del Gobierno vinculados con operaciones sobre la Justicia se haya derramado cierta mala onda con Durán. Quizás tenga que ver con la línea de acción del nuevo juez respecto de la política.

El asunto es que Kreplak, un camporista en toda la línea, quedará al frente del juzgado que tomará cartas en cuestiones electorales en la Provincia si por alguna razón entrara en cuestión la tarea de Durán.

Difícil a esta altura creer en las casualidades.

Fuente: http://www.clarin.com/politica/batalla-secreta-guerra-electoral_0_1367263343.html