El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sabe que el Poder Ejecutivo colocó al alto tribunal en la mira. Por eso, en una entrevista con LA NACION, no duda en disparar algunos mensajes certeros: afirma que hoy «es necesario que exista más colaboración entre el tribunal y el Poder Ejecutivo» y asegura que «cada vez que el Congreso cambió el número de ministros de la Corte, lo hizo para alterar la mayoría y eso trajo mucho desprestigio al presidente».

Lorenzetti es un hombre moderado. Nunca pierde la calma, intenta componer y cuida cada expresión hasta en el mínimo detalle. Pero esta vez da la impresión de que quiere decir algo más. Y tiene motivos.

El miércoles, el Senado tratará el pliego de Roberto Carlés para ingresar en la Corte. El candidato de la Presidenta es un abogado que jamás ejerció la profesión ni vio un expediente judicial. La oposición tiene el número suficiente para rechazarlo, pero el Gobierno parece decidido a desatar una tormenta sobre el tribunal. «El número de ministros de la Corte fue históricamente de cinco y la experiencia política indica que cada vez que el Congreso modificó el número de jueces, lo hizo para cambiar la mayoría del tribunal», advirtió Lorenzetti.

Los senadores del Frente para la Victoria (FPV) intentarán aprobar el pliego de Carlés el miércoles y, como descuentan que fracasarán, el Gobierno ya tiene listo un proyecto para ampliar la composición del máximo tribunal.

Lorenzetti, un jurista de muy sólida formación, autor del nuevo Código Civil y Comercia l y que antes de llegar a la Corte tuvo una larga trayectoria en la profesión de abogado, jamás había escuchado hablar de Carlés, quien confesó que jamás trabajó como abogado litigante ni tampoco en la Justicia, y que nunca tuvo en sus manos un expediente. Incluso, no lo conoce. Y sabe que el alto tribunal enfrenta riesgos.

Lorenzetti es consciente de que la Justicia atraviesa un año muy complejo.

En enero, la muerte del fiscal Alberto Nisman desnudó ante los ojos de todos un mundo judicial en el que se mezclan operadores, espías y la política.

En marzo, la presidenta Cristina Kirchner criticó a Lorenzetti ante la Asamblea Legislativa.

Y, antes de finalizar el mandato, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, intentaría colonizar con fiscales adictos todos los cargos que estén disponibles.

-¿Qué opinión tiene de Roberto Carlés?

-Los jueces de la Corte no podemos opinar del candidato que propone la Presidenta. Es el Senado el que tiene esa atribución. Y así como nosotros reclamamos que los otros poderes respeten la independencia de los jueces, nosotros no podemos opinar.

-Entonces, ¿qué opina de la posibilidad de que el Congreso amplíe el número de ministros de cinco a siete o nueve jueces? Como usted sabe, ése es el plan B, si el miércoles el FPV no logra aprobar el pliego de Carlés.

-Mire, cada país tiene su sistema, y la Corte Suprema del nuestro no es comparable con los tribunales o con cortes constitucionales de otros países. Y, además, el Congreso tiene la atribución de tomar esa decisión. Pero en la Argentina el número de ministros de la Corte fue históricamente de cinco y la experiencia política indica que cada vez que el Congreso modificó el número de jueces, lo hizo para cambiar la mayoría del tribunal.

-Fue lo que ocurrió en la época de Carlos Menem.

-Y cada vez que se hizo esa maniobra, siempre redundó en desprestigio para el Presidente y para la propia Corte.

-Si el Congreso amplía la integración de la Corte Suprema a nueve jueces, habría que nombrar automáticamente cinco conjueces, porque los cuatro integrantes actuales no tendrían quórum para deliberar. Y la lista de conjueces que aprobó el Senado está poblada con una mayoría de kirchneristas.

-Hasta ahora, en las pocas causas en que la Corte nombró conjueces, los eligió entre los camaristas federales. Es decir, la lista de conjueces que aprobó el Senado el año último sólo puede ser aplicada en forma supletoria; en segundo lugar, porque los primeros conjueces que se convocan son los camaristas federales en ejercicio. Es lo que establece la ley. Además, hubo muchos planteos de inconstitucionalidad alrededor del nombramiento de aquella lista, que están a estudio de la Corte. En esas demandas, se sostiene que el Sena-do, cuando aprobó la lista, violó la Constitución. La Corte todavía tiene a estudio estos asuntos, no tenemos una posición y tenemos que resolver esos casos.

En este punto, Lorenzetti se calla. Sabe que acaba de enviar un mensaje muy preciso, una señal de que él y sus colegas no están dispuestos a dejarse avasallar con el desembarco de conjueces que el Gobierno intentaría introducir por la ventana en el alto tribunal y que fueron nombrados sin cumplir los requisitos constitucionales.

Pero también intuye que se aproximan tiempos políticos agitados, porque la Presidenta no estaría dispuesta a aceptar que le rechacen a su candidato: los rumores son que Cristina impulsaría a las apuradas a un nuevo postulante o bien que directamente iría por la modificación de la Corte.

-En la apertura de sesiones, la Presidenta le formuló varias críticas. ¿Está muy deteriorada la relación con Cristina Kirchner?

-Las críticas que pueda hacer el Poder Ejecutivo, como las que pueda hacer cualquier otra persona, no pueden afectar a un juez. Ella tiene derecho a opinar, y nosotros tenemos derecho a decidir con independencia. Y en cuanto a la relación entre los dos poderes, hay alguna cooperación en ciertos campos, como ocurre con el Ministerio de Justicia en materia de política carcelaria. Pero, en general, como lo dijimos cuando inauguramos el año judicial, se necesita mucha más cooperación. No tenemos que trabarnos en discusiones menores o coyunturales. Por ejemplo, para las causas penales se necesita trabajar en conjunto para crear fuerzas especiales; gabinetes de investigación para que no se frustren las investigaciones y también para lograr otros muchos objetivos. Hoy, como estamos, terminamos, condenando a las víctimas. La relación entre los poderes debería ser mucho más intensa para establecer políticas de largo plazo.

-En estos días, muchos jueces y fiscales temen que el Gobierno use el nuevo Código Procesal Penal para nombrar fiscales en cargos clave y adueñarse de muchas causas de corrupción. Aún con el Código viejo, la fiscal Viviana Fein tiene la llave de la causa sobre la muerte de Nisman y la jueza Palmaghini no puede hacer nada.

-No puedo criticar a la jueza Palmaghini ni tampoco a la fiscal Fein, que no es parte de la Justicia, sino de otro poder, el Ministerio Público. Y, según la ley, es la fiscal la que investiga, no la jueza.

-Entonces, bastaría con que un fiscal obstaculice una causa para que ningún juez pueda hacerla avanzar. Y si esto es así ahora, será mucho más marcado con el nuevo sistema procesal penal. ¿Cómo se evita, entonces, la influencia de la política?

-Lo que hace falta es más transparencia. Hay un amplio consenso en todo el mundo en que las causas las tienen que investigar los fiscales. Y eso funciona bien en los Estados Unidos y en muchos otros países. Pero, tal vez, en la Argentina no es tan sencillo lograr ese objetivo y siempre cuesta mucho implementar las reformas. Así como se exige para designar a un juez que atraviese mecanismos de control y transparencia -que también hay que mejorar-, lo mismo debe exigirse sobre los fiscales.

-¿Se puede aspirar a que se nombren fiscales calificados y sujetos a control cuando la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, designa casi todas las semanas fiscales ad hoc, a dedo, y el Poder Ejecutivo intenta hacer lo mismo con los conjueces?

-Le repito que el control y la transparencia debe ser la regla para el nombramiento de jueces y fiscales. En la Argentina, se vuelve muy difícil aplicar soluciones que funcionan bien en muchos otros países.

-¿Qué expectativas tiene frente a la pronta vigencia del Código Civil y Comercial, prevista para agosto y cuya redacción usted dirigió, junto con Elena Highton y Aída Kemelmajer?

-Estamos frente a un cambio histórico, fenomenal. Va a traer muchas soluciones para las personas y para las empresas, en materia de familia, sociedades, contratos, régimen matrimonial, en fin, en muchos campos. Durante más de treinta años fracasaron los intentos de reformar el Código Civil. Ahora se logró avanzar. Pero el Código no es sólo una obra de una comisión redactora, de muchos juristas y del Congreso, sino que también se requiere que los jueces y abogados lo difundan y trabajen en la interpretación de sus normas. Hay mucho por hacer y por eso el miércoles pasado convocamos a los magistrados a seguir con esta tarea, que está por venir.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/1783750-lorenzetti-al-cambiar-la-corte-el-presidente-se-desprestigia

Por Adrián Ventura | LA NACION