El viernes pasado la Justicia local emitió un fallo sin antecedentes en el país por falta de cobertura de un tratamiento por infertilidad, algo que la Ley Nacional de Fertilización Asistida garantiza. 

De esta manera, exigió a una prepaga que diera asistencia gratuita a una mujer de 43 años, soltera, que requiere donación de óvulos y de esperma, de allí lo inédito de la decisión por la particularidad del caso.

Que sea la primera vez no implica que sea un caso aislado; muy por el contrario, pese a la sanción de la Ley en 2013 muchas personas que buscan tener hijos no logran su cumplimiento por parte de las prestadoras de salud.

“Al no tener pareja necesito donación de esperma”, comenzó relatando a Los Andes Ana (nombre ficticio, ya que prefirió resguardar su identidad). “No había hecho otros intentos anteriormente y cuando me hicieron los estudios descubrieron una disminución de la reserva ovárica”.

El abogado de la mujer, Jorge Caloiro, relató que ante la solicitud del médico de este tratamiento de alta complejidad, la respuesta de la empresa prepaga fue la negativa verbal.

Ana contó que desde hacía un año reclamaba la cobertura a la prestadora y que como respuesta obtuvo dilaciones: la hicieron ir de un lado a otro para presentar estudios y evadían darle información sobre el protocolo a seguir y el papelerío a presentar para lograr lo que solicitaba. Finalmente, “una secretaria me dijo por teléfono que no lo cubrirían y al pedirlo por escrito, me dijeron que la obra social no daba respuestas por escrito”.

Recordó que siempre que iba le preguntaban por el “marido”: “Yo les decía que no tenía, teóricamente yo tenía que tener una pareja que tuviera la misma prepaga”.

Medidas drásticas

Ante esto, decidió iniciar acciones legales por lo que presentó un recurso de amparo solicitando a la entidad el cumplimento de la Ley nacional. Tal recurso judicial puede tener una demora de entre un año y un año y medio, una dilación insostenible en la mayoría de los casos de infertilidad, que ocurren en general en una etapa de la vida de la mujer en que no se puede perder tiempo. Por eso pidió una medida cautelar esgrimiendo el derecho a la salud, lo que acelera el procedimiento judicial; en menos de dos semanas obtuvo resultados.

El abogado de la mujer detalló la particularidad del caso: “Debe hacerse por fertilización in vitro además de que por su edad avanzada en cuanto a lo reproductivo tiene baja reserva ovárica, por lo cual requiere donación de óvulos. Por otra parte, al ser madre soltera necesita espermodonación”.

El costo estimado del tratamiento es de 60 mil pesos por cada intento y Ana destacó que tiene un buen plan y que paga siempre la cuota de la prepaga desde hace diez años. Aclaró que si bien podría haber intentado utilizar sus propios óvulos, había menos posibilidades de lograr la fecundación y por ende requeriría más intentos, por eso optó por óvulos de una donante.

El abogado señaló que lo que solicita a la empresa es algo ya estipulado en la ley de fertilización sancionada en 2013, donde no se hace distinción alguna sobre tipos de tratamiento ni la necesidad de contar con una pareja, es decir que cualquier persona que lo necesite puede acceder a esta asistencia luego de la indicación médica.

Por otra parte, dijo que una medida cautelar es un pronunciamiento judicial por el cual el juez, antes de escuchar la defensa de la parte demandada, atenta a la gravedad del caso o la imposibilidad de esperar habilita la acción para evitar un daño mayor; después continúa el procedimiento judicial habitual.

Luego de enterarse el viernes de la buena noticia, Ana espera ahora que sus abogados presenten documentación en la obra social para acceder por fin al tratamiento que le permite, tal vez, engendrar un hijo o hija.

Debido a la gran demanda de estos servicios ella ya había pedido turno para la inseminación el año pasado, que le fue otorgado para el mes próximo. Entre tanto, deberá hacer una preparación médica y el instituto será el encargado de conseguir los donantes.

“Cuesta mucho la lucha, reunir papelerío, y quizás por eso muchos abandonan y ellos (las obras sociales) juegan con eso -dijo la mujer-. A mí me interesa que la gente sepa que existe un fallo en este sentido y que las mujeres, indistintamente de si tienen pareja o no pueden tener un hijo, tienen derecho a que se cubra el tratamiento. Este fallo es un antecedente”.

Por qué cuesta iniciar acciones legales

El abogado Jorge Caloio relató que hace casi una década que se dedica a estos temas y que en ese lapso ha recibido muchas consultas por falta de cobertura de tratamientos de fertilización, incluso luego de la sanción de la ley que los garantiza. Sin embargo, dijo que muy pocas personas inician acciones legales, lo cual atribuyó a una cuestión cultural que hace que a los argentinos “les cuesta” llegar a esta instancia de reclamo.

Sin embargo, el letrado negó que ahora haya una “industria del juicio” vinculada a los incumplimientos por parte de las prestadoras de salud en cuanto a tratamientos de fertilidad.