La jueza Mariana Zabi hizo lugar a un pedido de habeas corpus presentado por la Asociación Xumek de Mendoza y dispuso suspender el traslado de adolescentes a la cárcel de Almafuerte, en Cacheuta, hasta tanto el gobierno cumpla con lo establecido en una resolución basada en derechos internacionales garantizados en pactos y tratados a los que Argentina adhirió en su momento.
Básicamente, se pone freno al traslado sin tomar medidas fundamentales para proteger la integridad, salud, educación y fundamentalmente los derechos del niño.
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura rechazó la iniciativa del gobierno de Pérez de encerrar a jóvenes que hayan cometido delitos en ese penal, por considerar que la medida viola los derechos humanos “e implica un claro retroceso en materia de políticas públicas, exponiendo a la provincia a una nueva violación de derechos de personas privadas de la libertad”. Lo propio hizo la Asociación Pensamiento Penal y en el mismo sentido se manifestaron también desde la Asociación Xumek.
Entre otros puntos, la jueza ordenó que los jóvenes deberán tener a su disposición una biblioteca, computadoras con acceso a internet, un régimen de visitas íntimas a resguardo, monitoreo en video con sonido de lo que ocurra en la institución, asesoramiento de docentes, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en minoridad y familia y demás profesionales que “garanticen la contención” de los internos.
Por lo demás, prohíbe las celdas sin luminosidad y la disposición de colchones en el suelo y se intima a tomar las medidas para garantizar higiene, abrigo, horas de lectura, horas de taller y atención médica. En este último punto, indican que el suministro de medicamentos deberá hacerse “sólo por razones de salud y en ningún caso como medida de seguridad o control disciplinario”.