En medio de su batalla mediática con el radicalismo, el gobierno de Francisco Pérez llegó a decir que no podía gastar dinero en el financiamiento de las campañas electorales porque tenía que destinar esos fondos a la crisis vitivinícola. Pero el acuerdo sellado ayer ante la Corte reveló que, si se tratara de atender problemas de algún sector de la economía mendocina, la generosa partida de publicidad oficial cuenta con dinero de sobra para ambas cosas.

Apenas un 6,4 por ciento del crédito votado en el presupuesto 2014 “en concepto de publicidad y propaganda por parte de la Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales (Carácter 1+2+3)”, sería finalmente, según el proyecto oficial, el dinero destinado a las campañas regidas por el Estado. Esta es una mínima parte de los 440 millones de pesos que se toman como base de cálculo. Una porción ínfima, más pequeña aún si se revisa la ejecución general en publicidad oficial, que superó los 700 millones de pesos el año pasado según el radicalismo, a pesar de los graves problemas actuales para liquidar pagos a los proveedores.

La industria vitivinícola estaría legitimada para salir a reclamar ahora una porción del 94 por ciento restante (más de 400 millones de pesos), aunque todo indica que los inconvenientes de este sector, expresados al detalle por sus principales actores durante la Fiesta de la Vendimia, ya no figuran en los argumentos oficiales para bloquear una aplicación completa de la reforma electoral.

Quedaría en pie, en cambio, la excusa de la organización. O sea, la dificultad de generar un sistema de publicidad para los candidatos que abarque a todos los medios de la provincia y hasta a las empresas de vía pública. Un problema en el que no pensó el propio peronismo hace poco más de un año: Fernando Simón, jefe del bloque de senadores del justicialismo y hoy candidato a conducir la Fiscalía de Estado, fue uno de los principales autores intelectuales de la amplia reforma electoral plasmada en la ley 8619.

Más allá de los discursos, están la realidad y los proyectos de poder. Alfredo Cornejo se esforzó en imponer un financiamiento estatal de campañas por lo menos parcial no tanto para hacer realidad el objetivo loable de la reforma, sino para bloquear al contrincante mayor.

Conociendo que el Estado siempre cuenta con plata para determinados fines, Cornejo buscó evitar un golpe publicitario contundente del PJ en las urnas. Ese Estado abarca a los intendentes, con quienes la batalla podía ser más dura si no había algún cepo que contenga el gasto electoral, como el que se creará a través de una nueva ley.

La ganancia radical en esta pelea está a la vista. Será finalmente Cornejo el candidato que tenga más segundos televisivos para difundirse, debido a que el PJ deberá distribuir esos segundos entre tres postulantes (Adolfo Bermejo, Guillermo Carmona y Matías Roby) y porque la UCR sacó más votos que el oficialismo en la última elección (la mitad de los 28 millones de pesos en juego se distribuirán según ese criterio).

El proyecto que votará la Legislatura está muy lejos de lo ideal, ya que no habrá límite alguno para otros recursos publicitarios, pero la UCR cree que la publicidad en televisión es la parte más sensible de toda campaña.

Piensan los radicales que la efectividad de esos mensajes sin costo para los candidatos produjeron el fenómeno del FIT en las últimas elecciones y dicen que la tele hará que un 20 por ciento de la población que aún no toma posición, vuelque definitivamente su voto en las PASO y las generales provinciales.

De ser así, Cornejo finalmente logró lo que quería: mejorar sus chances en el duro camino hacia la victoria.

Fuente: http://www.mdzol.com/opinion/593450-sorpresa-si-habia-plata-para-las-campanas/