Los senadores radicales Juan Carlos Jaliff y Claudia Najul presentaron un proyecto de resolución para que el Ejecutivo reglamente la Ley 7.841 sobre asistencia pública a víctimas de delitos violentos y contra la integridad sexual.
Esa norma fue sancionada en el 2008 y establecía que debía ser reglamentada en un plazo de ciento veinte días corridos. En octubre del 2011 la Suprema Corte determinó la constitucionalidad de la ley y a través de un fallo le solicitó al Ejecutivo la reglamentación.
«El Gobierno se resiste a aplicar la ley, mientras que la Suprema Corte resolvió su constitucionalidad y le exigió que la reglamente para su inmediata implementación y garantizar una contención del Estado a las víctimas que hoy en un gran número se encuentran desamparadas», señaló Najul.
«Esta ley tan importante se basa en el principio de solidaridad social, donde como sociedad es necesario colaborar de manera equitativa con los sectores con menos recursos económicos  que afrontan desigualdad de oportunidades al momento de afrontar las consecuencias de este tipo de delitos, tanto físicas, psicológicas como económicas y laborales». «Las víctimas ya no pueden seguir esperando. Y mientras la inseguridad y el delito sigan siendo un flagelo constante en el día a día, el Estado tiene que hacerse responsable y decir presente» remarcó la legisladora.